Encarcelan al brigada Jorge Bravo, presidente de AUME, por criticar al ministro de Defensa

El brigada Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), ha sido arrestado y encarcelado en las dependencias del Ejército de Tierra en el municipio madrileño de Colmenar Viejo. El motivo han sido las críticas de marzo de 2006 sobre el ministro de Defensa José Antonio Alonso tras el accidente de los helicópteros Cougar en Afganistán, en el que murieron 17 soldados.

Se da la circunstancia también de que Bravo asistió y apoyó la manifestación del pasado sábado en Madrid, en la que 3.000 agentes de la Guardia Civil y Policía protestaron de uniforme y sin armas por la desmilitarización del cuerpo de la Benemérita. En la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), convocante del acto, destacaron a El Confidencial la casualidad de que este encarcelamiento coincida con “la elaboración de informes sancionadores contra los asistentes a la manifestación” y, además, teniendo en cuenta que “el hecho ha prescrito porque hace más de seis meses de esas declaraciones”.

En sus manifestaciones, a las que se hace referencia en el pliego de cargos, Bravo dijo que "a algún militar se le recomendó que no hablase del tema de Afganistán" y "que primó la identificación de los cadáveres frente a la investigación del accidente". AUME criticó que después del siniestro del Cougar no se hubiera “mejorado en la preparación de las dotaciones y el estado de seguridad de las aeronaves".

La sanción ha sido impuesta en aplicación de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. El artículo 8.18 establece que serán sancionados con falta grave los militares que hagan "reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas", así como quienes las realicen en "los medios de comunicación social o con carácter colectivo".

La AUGC califica la privación de libertad de Bravo de “muy grave” y sólo “demuestra el nivel de restricción de derechos existentes en el ámbito militar. Lo del Ministerio de Defensa es de locos, un mal augurio y mal precedente”. Además, cualquier medida de este tipo “no va a solucionar nada, ni el descontento generalizado, ni los problemas de la Guardia Civil”.

Expedientes sancionadores

El pasado miércoles, fuentes de la Unión Profesional de Guardias Civiles apuntaron a este diario la existencia de expedientes gubernativos para tres de los agentes presentes en la tribuna durante la manifestación (ver noticia). Según ha podido saber El Confidencial en fuentes de Interior, la intención última no es abrir expedientes de sedición o nada que signifique la expulsión de efectivos, pero sí que se barajan medidas como los cambios de destino para sancionar una actitud tipificada como ‘falta grave’.

La citada asociación instó ayer al Gobierno en un comunicado “a que emplee a los Guardias Civiles que integran los Servicios de Información de la Guardia Civil (SIGC) a la obtención, elaboración y análisis de información relacionada con el terrorismo, con el fin de evitar posibles actos terroristas, como así lo demanda la sociedad, en vez de utilizarlos como delatores, pues sus informaciones están sirviendo para iniciar expedientes disciplinarios a sus propios compañeros”. Por su parte, la AUGC planteará en la próxima asamblea interna mañana sábado sacar a la calle no a 3.000, sino a 9.000 agentes uniformados si finalmente Interior sanciona a los manifestantes.