El juez Torres ataca ahora el entramado futbolístico apadrinado por Jesús Gil

“No se puede hablar con propiedad de una ‘Malaya 3’, sino más bien de la segunda parte de la segunda Operación Malaya”, asegura a El Confidencial alguien que conoce muy bien los entresijos de los desmanes urbanísticos vividos en Marbella desde que comenzara la era Gil.

Sólo así puede entenderse que el juez Miguel Ángel Torres, dicen las fuentes, insista, por el momento, en atacar los círculos de corrupción más cercanos a la alcaldía, pero sin elevar el tiro hacia el complejo entramado institucional y político que han amparado durante años los poderes públicos, “y no solamente la Junta de Andalucía”, dicen esas fuentes.

A partir de este análisis, los detenidos ayer por el juez Torres son de “segundo nivel”, excepto el ex presidente del Sevilla, José María González de Caldas, que habría actuado como una especie de testaferro de Jesús Gil en los tiempos en los que el club hispalense era una especie de segunda marca del Atlético de Madrid, cuando, incluso, se llegó a provocar que el Sevilla FC descendiera de categoría para que el club saliera a la venta a un precio extraordinariamente bajo.

Y es que si en la segunda fase el juez Torres atacó directamente las relaciones, a veces oscuras, entre el mundo del toro y el del ladrillo, en esta ocasión ha apuntado hacia las tramas opacas que rodean la recalificación de los campos de fútbol.

Recalificaciones a golpe de campos de fútbol

Uno de los detenidos es, precisamente, el constructor Manuel Lores, presidente del Racing Club Portuense, del Puerto de Santa María, que en su día ofreció la construcción de un campo de fútbol a cambio de una recalificación de una parcela de 50.000 metros cuadrados.

El propio González de Caldas, según los ecologistas, también tendría intereses en la reclasificación urbanística de los terrenos adyacentes al campo del Recreativo de Huelva. El ex presidente sevillista, según algunas fuentes, ha tenido también relaciones societarias con el actual inquilino de la presidencia del club hispalense, el abogado José María del Nido.

González de Caldas aparece como principal beneficiado de un convenio urbanístico formado en su día por Jesús Gil con la familia Martínez-Higuero, a la que se le cedió un terreno que ni era del ayuntamiento de Marbella y que, además, estaba situado en zona verde. El asunto llegó a los tribunales, quien dio finalmente la razón a la familia Higuero, socia del ex ministro Arias Salgado, pero la falta de fondo del consistorio (se pedía una indemnización de 24 millones de euros) ha impedido ejecutar la sentencia. El ayuntamiento de Gil lo que hizo fue entregar el nuevo suelo urbanizable a una sociedad representada por González de Caldas.

Entre los detenidos ayer por el juez Torres también está el constructor Francisco Zambrana, un peculiar personaje que en su casa habría instalado una especie de cueva con sus estalactitas y estalagmitas. Zambrana es el clásico emprendedor que empezó prácticamente de la nada alquilando bicicletas a medio Málaga, pero que al calor del boom inmobiliario colgó el pedal y se dedicó en cuerpo y alma al mundo del ladrillo. Está acusado de cohecho, es decir es sospechoso de haber comprado a autoridades municipales con el fin de beneficiarse de determinadas decisiones administrativas.