El PP presenta su recurso en el Tribunal Constitucional contra el Estatut

La secretaria de Política Autonómica y Local del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, y el diputado 'popular' y portavoz de la Comisión Institucional, Federico Trillo, presentarán ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el nuevo Estatuto catalán que, según el principal partido de la oposición, "no va contra nada ni contra nadie", y que se basará en ocho ejes en los que, bajo su punto de vista, la reforma vulnera la Constitución, incluido el Preámbulo en el que se califica a Cataluña de "nación".

El que concierne al Preámbulo es el "primer eje" del recurso que los 'populares' presentarán ante el Alto Tribunal, puesto que allí se recoge la definición de Cataluña como nación que aprobó el Parlament, y que, según el PP, interpreta que vulnera la Carta Magna porque ésta sólo contempla como única nación la española.

Saber catalán, un deber

En el recurso se incluirán también como motivos de inconstitucionalidad los artículos que establecen el catalán como un "deber impuesto a todos los que viven en Cataluña"; el capítulo de derechos y deberes, "que distingue a los catalanes del resto de los españoles"; así como a aquel que "establece un Poder Judicial propio que fractura la unidad del Poder Judicial español y cuestiona su independencia".

El quinto punto del recurso de los 'populares' se refiere al apartado competencial que, en opinión del principal partido de la oposición, determina que la Generalitat se quede "con todas las competencias", transformando al Estado en "algo residual dentro de Cataluña".

Relación de bilateralidad

Para la dirección del PP, uno de los puntos más importantes de su recurso será el que afecta a la relación de bilateralidad que, según su análisis, coloca a Cataluña en una situación de privilegio sobre las demás comunidades y sienta las bases de un modelo confederal que hace inviable el Estado de las Autonomías.

El PP recurrirá también el capítulo de relaciones internacionales, por abrir la puerta a que Cataluña "vete" en la UE decisiones del Gobierno, y el sistema de financiación, porque fomenta un "marco interregional de insolidaridad que afecta a la amplitud e igualdad de las prestaciones que tienen derecho a disfrutar todos los españoles".