‘Sandokán’ pagó 1,8 millones de euros al municipio de Castellar por la recalificación de 896 hectáreas

La recalificación de terrenos tenía un precio. Exactamente 1.882.000 euros. Eso es lo que pagó el constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, más conocido como ‘Sandokán’, al ayuntamiento gaditano de Castellar de la Frontera por la recalificación de dos grandes fincas con una superficie total de 896 hectáreas.

El convenio se firmó el 12 de agosto de 2005, y lo más paradójico es que el municipio -cuyo regidor es el socialista Francisco Vaca García- cedió a Arenal 2000 -la empresa de ‘Sandokán’- la elaboración de “los estudios y proyectos urbanísticos necesarios para obtener la modificación del planeamiento vigente”. Es decir, que la propia empresa beneficiada por el cambio de uso de los terrenos (una decisión política del ayuntamiento) es la encargada de reformar el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado, precisamente, por el propio consistorio.

En el convenio suscrito se reconoce que ambas fincas se encuentran ubicadas en terrenos “no urbanizables” (de acuerdo con el PGOU todavía vigente) y, aun así, se aprueba su cambio de uso dada la “singular orografía” de los terrenos. De acuerdo con el mencionado convenio, se trata de “un enclave óptimo desde el punto de vista de su vocación urbanística”, pese a que una parte de los terrenos está clasificado como “suelo no urbanizable de especial protección”, tal y como se detalla en el convenio suscrito entre el promotor cordobés y el ayuntamiento de Castellar, y al que ha tenido acceso El Confidencial.

El argumento que se ofrece para justificar la recalificación es que “los suelos perdieron los usos originarios a que estuvieron destinados, encontrándose vacantes de cualquier actividad agrícola o ganadera”, lo que según el alcalde justifica su transformación en urbanizables.

Según el citado convenio, las dos partes se dan un plazo de cuatro años para modificar el Plan de Ordenación Urbana, pero dejando claro que la elaboración de proyectos y documentos y el impulso del expediente “serán llevados a término por los técnicos de Arenal 2000”, la promotora de Gómez Pérez. Ayer, El Confidencial intentó ponerse en contacto con el ayuntamiento de Castellar sin ningún resultado.

Dehesa de Chapatal y Carboneras

‘Sandokán’ es uno de los detenidos en la segunda fase de la ‘Operación Malaya’, que se ha cerrado provisionalmente con la puesta a disposición judicial de una treintena de personas, entre constructores, promotores inmobiliarios, ex concejales del ayuntamiento de Marbella, ganaderos y presuntos testaferros. Gómez Sánchez es uno de los principales promotores inmobiliarios de Andalucía. Entre sus propiedades está el parque de atracciones de Benalmádena.

Las fincas a las que se refiere el convenio urbanístico son las denominadas Dehesa del Chapatal y Carboneras, la primera con una superficie de 797 hectáreas y la segunda de 99 hectáreas. Ambas fueron adquiridas al Ducado de Medinaceli en los primeros meses de 2005, poco tiempo antes de que se firmara el convenio urbanístico, una extraña figura jurídica que permite alterar el plan de ordenación urbana, que en este caso fue aprobado en 2003.

Según lo establecido, la contrapartida a estas recalificaciones son los citados 1,88 millones de euros, a pagar en dos plazos, uno el pasado 22 de noviembre y otro hoy mismo, 30 de junio. A esta cantidad habrá que añadir las que se pacten durante el desarrollo del convenio urbanístico, que será objeto de la “oportuna negociación”.

El acuerdo entre el promotor cordobés y el ayuntamiento de Castellar no es, desde luego, un hecho aislado. Cada vez hay más municipios en los que el propio promotor financia la reforma de los planes urbanísticos, lo que les sitúa en una posición de privilegio a la hora de los cambios de uso del suelo, como es el caso citado.