Barea cifra en 18.260 millones de euros el coste para el Estado de la nueva financiación catalana

El Estado español dejaría de ingresar 18.260 millones de euros si el nuevo Estatuto de Cataluña se aprobara tal cual, es decir, con el modelo de financiación que incorpora el texto, según los cálculos realizados por el profesor José Barea, quien fuera director de la Oficina Presupuestaria de Presidencia del Gobierno en la primera legislatura del Partido Popular. Para llegar a sus conclusiones se han utilizado los datos de financiación autonómica del año 2003, los últimos disponibles.

Barea, que participó el viernes pasado en el Observatorio Económico de la Fundación FAES que preside Aznar para tratar sobre las consecuencias económicas del Estatuto catalán, cuantificó en un 2,3% del PIB el impacto del nuevo modelo si se aplica sólo a Cataluña. Pero, según Barea, si el sistema se extendiera al resto de las Comunidades Autónomas, el Estado dejaría de ingresar la nada despreciable cantidad de 86.000 millones de euros.

Es decir, según explicó el profesor, el Estado sólo ingresaría por la vía de algunas tasas, loterías y beneficios del Banco de España, poco más del 1,2% del PIB o, dicho de otra manera, poco más del 9% de los ingresos no financieros que tuvo el Estado en el ejercicio de 2003. Y con eso habría que financiar los servicios que el Estado presta a los ciudadanos.

La otra fórmula por la que se podría compensar la pérdida de ingresos que implicaría el nuevo modelo de financiación es recurriendo a la solidaridad interterritorial en la dirección de mermar los recursos destinados a garantizarla, lo que supondría, según Barea, un coste de 544 euros por habitante/año. Finalmente, el Estado podría subir impuestos, pero eso redundaría en mayores transferencias a las CCAA.

El Observatorio Económico de FAES reunió a un destacado grupo de economistas que, moderados por el profesor Juan Velarde, desgranaron las consecuencias económicas del Estatuto. Alberto Recarte, Juan Iranzo, José Barea, Francisco Cabrillo, José Raga y Joaquín Trigo coincidieron en destacar los aspectos inconstitucionales del proyecto que el próximo miércoles debatirá el Pleno del Congreso, así como el elevado nivel de intervencionismo que implica en su redacción actual.

También coincidieron en señalar que el Estatuto viola el principio de unidad de mercado en múltiples ámbitos: viola el principio de unidad de mercado de trabajo, rompe con el principio de unidad de caja de la Seguridad Social y tiene un marcado carácter intervencionista. Por eso consideran que se trata de un proyecto destructivo, que en su conjunto “no beneficia a algunos a costa de otros, sino que perjudica a todos”.

Trabas a empresas y profesionales

La propuesta genera múltiples dificultades a la actividad de empresas y profesionales que provengan de otras regiones españolas, la primera lingüística, ya que obliga al conocimiento y uso del catalán, con los costes que eso conlleva para cualquier empresa nacional o internacional que quiera instalarse en suelo catalán. El profesor Velarde señaló que el coste de adaptación lingüística podría provocar una enorme deslocalización empresarial.

El funcionamiento del mercado queda regulado por el artículo 45 que no habla para nada de propiedad privada ni libertad económica, y sin embargo, otorga facultades a los poderes públicos para regular los mercados, como señaló Francisco Cabrillo. En otro orden de cosas, el artículo 121 atribuye a la Generalidad la regulación administrativa del comercio electrónico no sólo si la empresa está domiciliada en Cataluña, sino también si es el consumidor quien tiene domicilio en la región.