Patrimonio Nacional ignora los fallos judiciales y convoca un concurso para cubrir las plazas de los trabajadores despedidos

La batalla legal entre 42 ‘falsos autónomos’ empleados por Patrimonio Nacional y el organismo público amenaza con alargarse indefinidamente. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencias a favor de algunos de los demandantes, que fueron cesados en mayo junto a otros 35 trabajadores, declarando sus despidos improcedentes o nulos.

En el primer caso, Patrimonio Nacional puede indemnizar o readmitir al empleado. En el segundo, la readmisión es obligatoria, por lo que varios de los afectados esperan actualmente una reincorporación que no termina de llegar, aunque continúan cobrando su sueldo. Mientras, el organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia publicó el pasado jueves en el BOE un anuncio de licitación para adjudicar un contrato de servicios en el Archivo General de Palacio.

“Es increíble. Si sale esta licitación habrá gente haciendo el trabajo de los que han ganado el despido nulo en primera instancia y que, a expensas de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia, estarán cobrando en su casa 1.500 euros al mes... sin hacer nada”, afirma una afectada.

La práctica irregular de Patrimonio Nacional consistía en dar de alta con contratos de asistencia técnica a personas que ejercían con las mismas condiciones y horarios que el resto de empleados, ya fueran funcionarios o laborales. Sin embargo, carecen de cobertura médica, están obligados a justificar su ausencia en caso de enfermedad o vacaciones y no perciben pagas extraordinarias.

A principios de mayo, tres meses después de la primera sentencia a favor de los trabajadores, los contratos de ‘falsos autónomos’ expiraron y con ellos su relación contractual con el organismo público. Patrimonio utilizó entonces los servicios de empresas especializadas, como Baratz o El Barco, y empleó becarios en ciertos departamentos.

“Hay gente que no denunció a Patrimonio Nacional. Se les contrató por una empresa de servicios y a los tres meses los echaron a la calle”, dice otro empleado.

Ceses en la dirección

El viejo litigio provocó en marzo el cese del antiguo presidente del Consejo de Administración, Álvaro Fernández Villaverde, duque de San Carlos, marqués de Viso y Pozo Rubio. Poco después fue el turno de su segundo, el gerente Miguel Ángel Recio Crespo, destituido entre un aluvión de demandas.

El nuevo responsable, el diplomático Yago Pico de Coaña y de Valicourt, situó entre sus prioridades el resolver un conflicto que la dirección del organismo ha tratado celosamente de ocultar a los medios de comunicación.

De Coaña ha mantenido reuniones con los 77 trabajadores con contratos específicos que fueron cesados en mayo, lo que motivó que algunos empleados fuesen optimistas con el cambio de presidencia, al sostener que ciertos miembros “del equipo anterior” dificultaban la consecución de un acuerdo. “No nos ha dado una fecha concreta pero esperamos una posible solución para este mismo mes”, concluye otro afectado.