El fiscal general del Estado, Candido Conde-Pumpido, destaca que la eficacia policial ha "debilitado extraordinariamente" al grupo terrorista.

El futuro papel del Tribunal Supremo y las esperanzas en el próximo final del terrorismo etarra centraron el lunes los discursos del solemne acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey Juan Carlos y al que asistieron numerosas personalidades del mundo de la Justicia. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar; la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas; el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra; magistrados y vocales del Poder Judicial, y representantes de la Fiscalía y de la Abogacía acudieron a este acto, en el que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el presidente del alto tribunal, Francisco José Hernando, hicieron balance de sus instituciones. El mundo de la política estuvo representado por los portavoces parlamentarios en materia de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia; del PP, Ignacio Astarloa; del PNV y Coalición Canaria, Margarita Uría y Luis Mardones, respectivamente, así como el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares.

Mientras tanto, frente a la sede del Supremo, un centenar de trabajadores de la Administración de Justicia, se concentró para pedir un nuevo régimen retributivo convocados por CSI-CSIF y CCOO, y corearon gritos pidiendo la dimisión del ministro de Justicia.

El acto, celebrado en el salón de plenos del Tribunal Supremo, se inició con la intervención del fiscal general del Estado, quien resaltó que el "extraordinario nivel" de la eficacia policial y judicial, así como la acción legislativa de los últimos años ha "debilitado extraordinariamente" a ETA y permite "contemplar esperanzados un próximo final de esta modalidad terrorista".

Conde-Pumpido expresó un "moderado optimismo" por el descenso de la delincuencia y abogó por la modernización, la especialización y una suficiente dotación presupuestaria de la Fiscalía para hacer frente a prioridades como la lucha contra el crimen organizado, la violencia de género o los delitos medioambientales, entre otros.

En el capítulo de terrorismo, el fiscal general recordó a las 191 personas fallecidas y a los más de mil heridos a consecuencia del 11-M y aseguró que la violenta irrupción del terrorismo islamista ha obligado a los poderes públicos "al replanteamiento de las técnicas de investigación policial y judicial contra este nuevo peligro".

También se refirió Conde-Pumpido al papel del Tribunal Supremo y a la reestructuración del recurso de casación que, dijo, "no sólo responde a la histórica reivindicación" del alto tribunal como órgano de unificación de doctrina.

Según el fiscal general, al acentuarse la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Supremo en la interpretación y la aplicación judicial de la ley "en la casación cristaliza el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, cualquiera que sea el lugar del Estado donde se encuentren".

La necesidad de dotar "a la jurisprudencia de fuerza vinculante para jueces y Tribunales" ante la presencia de resoluciones judiciales contradictorias en España fue defendida por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en su discurso ante el Rey.

Hernando se refirió al "papel clave" que debe jugar el Supremo ante el hecho "no infrecuente" de la aparición de sentencias contradictorias procedentes de los distintos Juzgados y Tribunales.

Esta fuerza vinculante, según el presidente del TS, no puede limitar sus efectos a la mera posibilidad, como hoy ocurre, de interponer recurso de casación por el motivo de la infracción de doctrina jurisprudencial.