Moncloa veta a Indra la compra de EM&E pese a la salida de Escribano del capital

Moncloa ha puesto la cruz a la familia Escribano y ha decidido no levantarle el castigo. Primero forzó la destitución de Ángel como presidente de Indra el pasado 1 de abril. Ahora, ha dado orden a Ángel Simón, el nuevo presidente, y a José Vicente de los Mozos, consejero delegado, de no incluir ninguna operación corporativa con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en el nuevo plan estratégico. Una orden explícita que no cambia pese a la venta en la tarde de ayer del paquete del 14,3% que los hermanos tenían a través de un derivado con JP Morgan. El banco estadounidense es el que se ha llevado la mayoría de las plusvalías.

Según fuentes del sector, Manuel de la Rocha ha mantenido en las últimas semanas varias reuniones con Simón y De los Mozos para ordenar el consejo de administración de Indra, tras el cese de Ángel Escribano y ante la celebración de la próxima junta general de accionistas. Especialmente porque, tras el relevo, las especulaciones sobre la posibilidad de una fusión se multiplicaron al desaparecer el conflicto de interés que hizo descarrilar la operación a finales de marzo.

Una elucubración, fomentada por el entorno de los hermanos, que cogió vuelo cuando el nuevo presidente comunicó en una reunión con directivos y empleados que la presentación del nuevo plan estratégico, previsto para este mes de mayo, se retrasaba hasta después del verano. Aunque dijo que no había habido novedades desde que los hermanos suspendieron las negociaciones, tampoco afirmó de forma categórica que no se fueran a reabrir. A preguntas de los analistas en la presentación de los resultados del primer trimestre el pasado 30 de abril sobre si se retomaría la fusión, la afirmación de De los Mozos de que la operación la habían retirado los Escribano se interpretó como que la integración aún sería posible.

Sin embargo, según distintas fuentes, el Gobierno ha dado orden expresa de no incluir ninguna transacción corporativa con los Escribano en el nuevo plan estratégico. Mensaje que este martes, una vez conocida la venta del paquete del 14,3% que tenían los hermanos en Indra, fue repetido desde instancias próximas a Moncloa, que no han olvidado cómo Ángel se resistió durante casi dos meses a ceder la presidencia pese a la petición cara a cara realizada por De la Rocha en dos ocasiones.

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Aunque la venta de esa participación, con la consiguiente salida del consejo de administración de Indra de Ángel y Javier, resuelve de una vez por todas el conflicto de interés que impidió hacer la fusión, desde el Gobierno se ha transmitido que, a día de hoy, no hay espacio para reiniciar las conversaciones con la familia de empresarios madrileños.

Una aseveración sobre la que, no obstante, algunos consejeros todavía dudan por los cambios de posición que ha tenido el propio Gobierno de Pedro Sánchez con los Escribano. En primer lugar, porque fue Moncloa quien hizo presidente a Ángel en enero de 2025 y el que facilitó previamente que comprasen, con la ayuda de JP Morgan, el paquete del 14,3% en los dos años precedentes, cuando se desconocían los planes para incrementar el gasto público en defensa hasta niveles históricos.

Segundo, porque Javier votó a favor de la designación de Ángel Simón para sustituir a su hermano en la madrugada del Jueves Santo. Si lo hubiera hecho en contra, tanto en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones como en el propio consejo, la propuesta de Moncloa no habría salido adelante. Por lo tanto, algunos consejeros sospechan que aquello no fue gratis y que Moncloa, que quedó muy retratada en esa pelea, le debe una a los Escribano.

Por otra parte, desde el Gobierno se conocen algunas de las maniobras realizadas presuntamente por los Escribano para investigar a accionistas y consejeros, como en el caso de los Aperribay, dueños del 8% del capital a través de SAPA Placencia. Los empresarios vascos, apoyados por el PNV, se quejaron en primera persona ante Pedro Sánchez sobre investigaciones llevadas a cabo sobre su vida personal y sus negocios. Una denuncia de la que el presidente del Gobierno tomó nota y que coincidió con el cambio de postura de Moncloa sobre la fusión con EM&E en noviembre del pasado año.