Adif busca un asesor para afrontar una nueva batalla con Renfe, Iryo y Ouigo

Adif busca una consultora para revisar los cánones ferroviarios que cobra a los tres operadores: Renfe, Iryo y Ouigo. El gestor afronta este proceso en un momento especialmente delicado, ya que, según fuentes del sector, el accidente de Adamuz ha generado un clima de alta tensión entre la empresa pública y los operadores ferroviarios.

Por ello, Adif pone sobre la mesa 1,5 millones de euros para blindar las nuevas tarifas que aplicará por el uso de la red, especialmente en la alta velocidad. Esta revisión no es discrecional. La empresa que preside Luis Pedro Marco de la Peña está obligada a actualizar el canon ferroviario —la tasa que cobra a las operadoras por usar las vías— para adaptarse a la evolución de la liberalización del sector, cubrir los costes operativos y fomentar la competitividad del sistema.

La revisión llega, además, en un contexto especialmente delicado. El accidente de Adamuz ha reavivado el debate sobre la seguridad, la gestión de la red y el modelo de explotación ferroviaria en España, situando en el foco la actividad de Adif, sus labores de mantenimiento y sus procesos de contratación. Los operadores cuestionan que el incremento de tarifas se traduzca en mejoras reales de la infraestructura, pese a que, como señaló la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2024, los cánones pueden llegar a representar hasta el 91% del coste de un billete.

No se trata de crear un nuevo sistema de cánones ni de cambiar el modelo actual. Esa reforma ya se hizo en 2022, cuando se trasladó a ADIF la capacidad de fijar los importes, por lo que ahora solo se está ajustando y actualizando técnicamente el esquema vigente. En concreto, el contrato se centra en revisar los recargos que se añaden al canon básico —es decir, el coste extra que puede cobrarse si el mercado lo permite— siguiendo criterios de eficiencia, transparencia y no discriminación. Es, en esencia, una puesta al día de un trabajo que ya se realizó en 2024 y que ahora se amplía y revisa.

¿Bloqueo de la segunda fase?

La nueva batalla llega en un momento estratégico. España afronta la segunda fase de liberalización ferroviaria, tras la apertura inicial del mercado en 2020. Esta fase II pretende ampliar la competencia a nuevos corredores clave como Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva.

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El objetivo es, o era, culminar el proceso a finales de 2026 mediante la firma de acuerdos marco plurianuales que permitan la entrada de nuevos operadores. Esta expansión se acompaña de una revisión de cánones y recargos para el periodo 2029-2032, con el fin de equilibrar la demanda, la rentabilidad de los operadores y la sostenibilidad del sistema, bajo la supervisión de la CNMC. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que la crisis derivada del accidente de Adamuz ha ralentizado este proceso.

Cánones muy elevados

Renfe, Iryo y Ouigo consideran que pagan demasiado a Adif por el uso de la infraestructura, una crítica que comparte el regulador. La CNMC ha instado a Adif a revisar su estructura de costes al considerar que los cánones en España se sitúan por encima de la media europea.

El organismo ha sido especialmente crítico con algunos ajustes recientes, señalando que en corredores como el Levante subidas cercanas al 13% no son asumibles por el mercado actual, caracterizado por una alta oferta y un menor grado de ocupación de los trenes.

En este contexto, la liberalización ha derivado en una intensa batalla comercial y regulatoria. La entrada de Iryo y Ouigo ha roto el monopolio histórico de Renfe, dando lugar a una guerra de precios, aumento de frecuencias y diversificación de servicios.

Sin embargo, este nuevo equilibrio ha tensionado el sistema: los operadores privados denuncian que los cánones dificultan la rentabilidad de sus modelos —especialmente en el segmento low cost—, mientras que Renfe reclama condiciones que no distorsionen la competencia ni penalicen su estructura de costes.

Un asesor al rescate

Ante este escenario, Adif recurre a un asesor externo. Su objetivo será analizar en profundidad el mercado ferroviario, incluyendo la demanda, la elasticidad de los precios, la rentabilidad de los operadores y el uso de la infraestructura.

La meta es diseñar un sistema de recargos que sea asumible por el mercado, pero que al mismo tiempo garantice la sostenibilidad financiera de Adif y evite estrangular la competencia en los corredores menos rentables.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto será la aplicación de criterios económicos como los precios Ramsey-Boiteux, que implican que los segmentos con menor sensibilidad al precio soporten una mayor proporción de costes. Este enfoque podría reabrir el conflicto con los operadores, al redistribuir el peso de los cánones entre rutas y tipos de servicio.

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Además, el consultor deberá validar las tarifas mediante un “test de mercado”, evaluando si un operador eficiente podría operar con beneficios bajo las nuevas condiciones. El proceso incluirá consultas con los propios operadores, tanto en una fase inicial como tras la elaboración de propuestas concretas.

Todo ello anticipa un escenario de negociación complejo, en el que estarán en juego tanto los ingresos de Adif como la rentabilidad de Renfe, Iryo y Ouigo. El objetivo final es garantizar los recursos necesarios para mantener la red ferroviaria sin poner en riesgo la competencia en un mercado que aún se encuentra en plena transformación, algo que, en el actual contexto de tensión, no será sencillo.