Un fondo internacional embarga el Instituto Cervantes en Holanda por las renovables

Los fondos a los que España debe 2.309 millones de euros por la retirada retroactiva de las primas a las renovables no cesan en su lucha. La firma Blasket Renewable, con sede en Delaware (Estados Unidos), considerada el gran "enemigo" de la Abogacía del Estado en estos laudos internacionales, ha logrado luz verde de Holanda para embargar la sede del Instituto Cervantes, situada en la ciudad de Utrecht, y cobrarse así parte de su deuda con el Reino de España.

La decisión está vinculada al impago de 97 millones derivado del caso de Eurus Energy, la filial de energías renovables de Toyota que se vio afectada por la retirada de estas primas y que terminó vendiendo su laudo a Blasket. Esta medida ya ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad neerlandés y afecta a la titularidad de un activo ubicado en el número 3 de Domplein (Plaza Dom), en pleno centro histórico de la ciudad.

El embargo ha sido autorizado a Blasket Renewable por el Tribunal de Distrito de La Haya. El pasado 19 de marzo de 2026, el Tribunal concedió la ejecución en Países Bajos de los laudos arbitrales dictados en relación con el caso Eurus. Sobre esta base, y tras haber sido España formalmente notificada el 20 de abril de 2026 sin que se produjera el pago de la indemnización correspondiente, el pasado viernes 24 de abril se autorizó el embargo ejecutivo del inmueble.

Los acreedores estudian ahora avanzar hacia una eventual subasta pública del edificio. Según estimaciones de mercado que maneja el propio fondo, la propiedad del Estado español tiene un valor cercano a los 10 millones de euros.

Los asesores de Blasket celebran esta decisión, ya que consideran que demuestra a la Abogacía del Estado y a sus asesores la firmeza de su estrategia. Además, destacan que se trata de un inmueble ubicado en una zona muy cotizada, lo que le otorga un elevado valor económico. Se trata de un edificio histórico de cuatro alturas situado en Domplein, una de las áreas más emblemáticas de Utrecht.

400 activos "embargables"

Este inmueble cumple con los requisitos para ser embargado por los fondos. El Instituto Cervantes en Utrecht no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española, al tratarse de una institución cultural que también alberga eventos y conferencias. Por ello, un eventual recurso basado en la inmunidad soberana tendría escaso recorrido, habida cuenta de la naturaleza del bien y del uso que se le da.

Algo distinto ocurre, por ejemplo, con las embajadas, que no son embargables. Los acreedores tienen en el radar más de 400 activos en el extranjero —entre inmuebles y activos financieros— susceptibles de embargo, con un valor conjunto que ronda los 5.000 millones de euros.

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Estos activos son argumentos de presión para que España pague los 2.309 millones que adeuda a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las renovables, tras años de impagos de las correspondientes sentencias. La deuda principal asciende a 1.754,7 millones, al que se suman 545,6 millones adicionales en concepto de intereses de demora, honorarios de consultores y bufetes, y condenas en costas.

Los embargos pueden ejecutarse en los países firmantes del Convenio del CIADI, y ya se han obtenido resoluciones favorables en jurisdicciones como Australia, Bélgica, Estados Unidos y el Reino Unido.

​Noveno embargo que sufre España

El edificio en Holanda no es el primero que se embarga. Los tribunales de estos países han autorizado medidas concretas para garantizar el cobro de estas deudas. Entre ellas destacan la intervención del derecho a percibir la indemnización por el caso Prestige (más de 900 millones de euros), el embargo de varios inmuebles institucionales en Londres (incluidas sedes del Instituto Cervantes, ACCIÓ y el Instituto Vicente Cañada Blanch) y la incautación de cuentas bancarias del Estado, como una con 800.000 euros en una cuenta de Santander UK.

También se han adoptado medidas sobre flujos financieros, como la retención de pagos de Eurocontrol a Enaire, que han superado los 80 millones de euros. Además, se han impulsado acciones sobre activos estratégicos y deuda pública. Los tribunales británicos autorizaron el embargo parcial de la participación de Aena en el aeropuerto de Luton, aunque posteriormente se retiró para facilitar las negociaciones.

Por último, en 2023, Blasket también activó un impago técnico sobre bonos de deuda soberana por valor de 237 millones, con pagos pendientes cercanos a 1.000 millones. Según estos fondos, este proceso podría tener un impacto significativo en la economía española, estimado en más de 7.340 millones de euros, debido al encarecimiento de la financiación y al deterioro del acceso al crédito.

Por ello, aseguran que tienden la mano a la Abogacía del Estado y al resto del Gobierno para alcanzar una solución, como ya ocurrió hace un par de años en el caso de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation.