Alsa, Avanza y Monbus batallan en el TJUE en pleno conflicto por los 1.000 M de Renfe

El sector del autobús en España está en pie de guerra. La intención de Renfe de crear una filial de 1.000 millones de euros para este negocio ha puesto en alerta a las empresas, pero no es el único frente abierto. Confebus —la organización que agrupa a gigantes como Alsa, Avanza y Monbus— lidera otra batalla en Luxemburgo que fractura, aún más, este sector.

La patronal tiene abierto un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la Decisión C(2025) 2465, aprobada el pasado 16 de abril. En ella, Bruselas obliga a España a permitir el cabotaje en determinadas rutas internacionales. El cabotaje consiste, esencialmente, en que un trayecto internacional (por ejemplo, Madrid-Lisboa) pueda recoger a un viajero en Toledo y dejarlo en Cáceres. Esta posibilidad genera un fuerte rechazo en las empresas que ostentan las concesiones de esos servicios intermedios.

La resolución comunitaria ponía fin a un conflicto entre Alemania y España, abriendo la puerta a que operadores como la alemana FlixBus vendan billetes para trayectos domésticos dentro de líneas internacionales. No es un ajuste menor. El hecho de que una asociación empresarial impugne directamente una decisión de la Comisión ante el TJUE es una vía poco habitual en el ámbito corporativo.

En la práctica, esto supone que un autobús que conecta dos países pueda operar tramos internos en España. Aunque el Gobierno español ya intentó frenar esta medida solicitando medidas cautelares (que fueron rechazadas), la patronal liderada por Alsa, Avanza y Monbus se sumó el pasado verano con una demanda propia e independiente. Ese proceso, según señalan fuentes del sector, está siendo un elemento 'arrojadizo' en las últimas semanas entre las diferentes empresas y patronales del sector.

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El recurso de Confebus, que no ha querido valorar este proceso ante la consulta de este medio, se articula en torno a cuatro ejes. La falta de audiencia al titular del contrato público afectado (Alsa) en líneas clave como Madrid-Barcelona —cuya concesión lleva más de trece años caducada—, la falta de motivación de la decisión por parte de la Comisión, la vulneración de los principios del Tratado de la UE sobre servicios de interés económico general y un error manifiesto en la aplicación del Reglamento 1073/2009.

Este movimiento, según explican fuentes judiciales conocedoras del proceso, es coherente con la estrategia de Confebus. Durante la tramitación en 2025 de la Ley de Movilidad, la patronal ya logró bloquear una enmienda para la liberalización parcial y consiguió suprimir el artículo 50, que facilitaba la entrada de nuevos operadores en ciertos corredores.

El conflicto interno por Renfe

Pero la batalla del cabotaje es un elemento de reproche en un momento de gran tensión del sector del autobús en España. Mientras Confebus batalla en Luxemburgo, Renfe le abre otro dilema interno. En marzo de 2026, la operadora ferroviaria anunció una empresa mixta de autobuses para gestionar los Planes Alternativos de Transporte (PAT), con un contrato de 923 millones de euros a diez años (ampliables a quince).

Entre las 30 organizaciones territoriales y sectoriales que conforman Confebus, se reclama más beligerancia contra este contrato y menos obsesión con el cabotaje. Esos representantes del sector consideran que las condiciones del pliego son restrictivas y dejan a un lado a muchas empresas que vivían de dar servicio a Renfe.

La empresa ferroviaria, dependiente del Ministerio de Transportes, exige que para ser su socio en este negocio se cuente con una flota de 500 autobuses en propiedad para concurrir en solitario o 300 en UTE. Esto limita la competencia a un grupo selecto de grandes operadores. De hecho, el propio presidente de Renfe admitió que apenas cuatro empresas podrían optar al contrato mediante consorcios.

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Aquí surge la fractura. Dentro de la ejecutiva de Confebus, hay compañías con más opciones de ganar este contrato millonario de Renfe. Un hecho que se considera que es el principal motivo por el que la patronal más relevante del sector tardó quince días en reaccionar a la licitación y solo lo hizo tras la presión de las asociaciones territoriales (pymes), que amenazaron con abandonar la organización.

Su respuesta fue cauta. Rechazó la empresa mixta, pero evitó emprender acciones legales. Mientras Confebus dudó hace meses en presentar un recurso en Luxemburgo para evitar que un autobús internacional recoja pasajeros en España, no tiene una respuesta contundente contra el plan de Renfe que, a priori, lastra a sus socios más pequeños.

Una estrategia que no convence en algunas de sus empresas, según explican a este medio. En contraste, otras organizaciones como Fenadismer, Anetra y Direbus ya han anunciado recursos, considerando que el contrato de Renfe pone en peligro la viabilidad de las pymes y del tejido empresarial del sector.