Urbas pierde su pulso con el auditor a la espera del 'informe bomba' sobre la quiebra

Otro revés judicial para Urbas. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, que tramita el concurso de acreedores de la compañía, ha dado la razón a la administración concursal, formada por Auren y Kepler-Karst, y ha revocado el nombramiento de Crowe como auditor de la compañía en sustitución de A Worldwide Audit Assurance España (AWW), la firma que fue cesada por negarse a firmar las cuentas de 2024 tras detectar presuntas irregularidades. Tras el fin de este pulso, todas las partes están pendientes del informe provisional del administrador concursal, que se va a presentar el día 30 de este mayo.

Ese informe llega en un momento especialmente delicado para la compañía. La administración concursal ya ha rechazado el plan de viabilidad presentado por Urbas al considerar que no es realista ni sostenible, con un desfase de más de 270 millones de euros entre las previsiones de la empresa y los cálculos del propio administrador. El análisis reduce de forma drástica la capacidad de generación de caja prevista y dibuja un escenario de falta de liquidez que compromete el cumplimiento del calendario de pagos, hasta el punto de situar a la compañía en una posición cercana a la liquidación si no logra el respaldo de los acreedores. Que deberán votar una vez presentado el informe.

El juez, en una resolución dictada el 14 de abril a la que ha tenido acceso El Confidencial, apunta que la contratación de Crowe tendría un coste de 715.000 euros, mientras que retomar el trabajo con A Worldwide apenas costaría 126.000 euros. Esto se debe a que, hasta el momento de ser cesada, la firma ya había realizado el 85% de la auditoría de 2024 y ya había cobrado parte de sus honorarios.

Además, tal y como recuerda el juez Sánchez Magro, A Worldwide ha comunicado a la administración concursal su conformidad de que, en el caso de que fuese renombrada auditora, sus honorarios pendientes fuesen considerados créditos concursales y no créditos contra la masa, que tienen prioridad de cobro. De esta manera, se aliviaría parte de la carga financiera.

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Urbas había manifestado su rechazo al nombramiento de A Worldwide y denuncia que el conflicto judicial existente entre las partes a raíz del cese supone que la firma no es imparcial. El juez recuerda que la Ley Concursal permite el cambio de auditor en interés del concurso sin que sea necesario probar una “justa causa”. A Worldwide fue también el auditor de la compañía para las cuentas de 2023.

La decisión del juzgado mercantil es paralela a otro procedimiento judicial iniciado por A Worldwide, en el que ha solicitado que el acuerdo de la Junta de Accionistas de Urbas que acordó su cese sea declarado nulo. El choque entre AWW y Urbas surgió durante la revisión de las cuentas de 2024, cuando AWW detectó irregularidades en la gestión de la autocartera, incluyendo la desaparición de 1.598 millones de acciones propias, un movimiento que no pudo aclararse con la información facilitada por Urbas.

“Evitar duplicidad de costes, el devengo de créditos contra la masa y obtener prontamente unas cuentas auditadas, habida cuenta además de la falta de liquidez, redunda en beneficio del interés de los acreedores y debe llevar a estimar la pretensión de la Administración Concursal”, señala la resolución. “Téngase en cuenta además que el control de la objetividad del auditor no desaparece con este nombramiento, sino que se ve reforzado por la supervisión directa de la Administración Concursal y el régimen de responsabilidad civil y profesional que el ordenamiento jurídico prevé para estos auxiliares”.

Un portavoz de Urbas afirma que AWW no debe ser auditor de Urbas y niega su independencia. "Urbas va a recurrir la decisión del juez porque entiende que éste no ha reparado en que AWW no cumple con este requisito, que es esencial para ejercer su labor. Existen procedimientos judiciales cruzados entre Urbas y AWW, declaraciones públicas que muestran el conflicto entre ambas partes y correos electrónicos que reflejan las posiciones irreconciliables en varios asuntos. Es evidente la falta de independencia, que por otra parte es una cuestión de orden público porque así lo establece la ley.”

Un plan sin viabilidad económica

Como adelantó este medio, el administrador concursal ha rechazado el plan de viabilidad presentado por Urbas al considerar que no se apoya en previsiones realistas ni en hipótesis contrastables. El análisis reduce de forma significativa la capacidad de generación de caja prevista por la compañía, pasando de los cerca de 340 millones estimados por Urbas a unos 63,5 millones.

Para el administrador, la diferencia, de más de 270 millones de euros, hace inasumible el calendario de pagos planteado. El informe identifica desviaciones relevantes en los principales pilares del plan, como el negocio promotor —con proyectos que no podrán ejecutarse en plazo—, las desinversiones previstas —que no se han materializado— o ingresos ligados a subvenciones públicas que no llegarían a tiempo.

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Además, el documento advierte de tensiones de tesorería desde el inicio, con saldos negativos que impedirían afrontar los primeros vencimientos previstos ya a partir de 2027, lo que compromete tanto el cumplimiento del convenio como la propia continuidad operativa de la compañía.

Dudas sobre el entramado de acreedores

El informe de la administración concursal también analiza la composición del pasivo y plantea dudas sobre la existencia de determinados créditos incluidos en el concurso.

En concreto, señala la vinculación de algunos acreedores con la propia compañía y cuestiona su independencia. En el caso de determinadas sociedades, el análisis apunta a posibles errores en la calificación de los créditos, que podrían pasar de ordinarios a subordinados, lo que alteraría el orden de cobro.

Asimismo, el administrador describe operaciones que, según su análisis, implicarían financiación indirecta por parte de la propia Urbas para la adquisición de su deuda, lo que podría tener efectos sobre la validez de esos créditos.