Competencia abre expediente a Iberdrola, Red Eléctrica, Endesa, Naturgy y Repsol por el apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha decidido dar un paso más en la investigación del apagón eléctrico registrado el 28 de abril de 2025. El organismo que preside Cani Fernández ha iniciado varios expedientes sancionadores a Iberdrola, Red Eléctrica de España, Naturgy y Repsol tras detectar indicios de posibles incumplimientos en el funcionamiento del sistema eléctrico.

Un movimiento que podría tener un fuerte impacto en todo el sector energético. Según explican fuentes del sector energético, la CNMC ha esperado a poner ‘ojos y cara’ a los expedientes este viernes tras el cierre de la Bolsa en Madrid, como marca la norma que regula el operador, tras avisar a primera hora de estos procesos. La decisión implica un castigo para el operador del sistema eléctrico, la mayor eléctrica española y la principal gasista.

La CNMC ha incoado más de una veintena de procedimientos. Entre ellos, según señalan fuentes del sector, destacan dos de mayor relevancia: uno dirigido a Red Eléctrica y otro a Iberdrola, considerados los más graves dentro del conjunto de actuaciones. Las mismas fuentes apuntan a que, en los días previos, se habrían producido contactos al más alto nivel para tratar de evitar la apertura de expedientes contra el operador del sistema.

En concreto, señalan que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, habría trasladado a la presidenta de la CNMC la conveniencia de no sancionar a Red Eléctrica, una posibilidad que finalmente fue descartada por el regulador.

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El reparto de expedientes dibuja con bastante claridad dónde ha puesto el foco el regulador. Naturgy es la compañía más afectada, con seis procedimientos repartidos entre sus distintas filiales de generación. Le siguen Iberdrola y Endesa, con cinco expedientes cada una, mientras que Repsol, Red Eléctrica de España y otros operadores como Bahía de Bizkaia o las centrales nucleares de Ascó y Vandellós aparecen de forma puntual. En total, 21 procedimientos que afectan de forma transversal a prácticamente todo el mix de generación.

Más allá del volumen, la clave está en la tipificación jurídica de los expedientes. La gran mayoría se sustentan en el artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico, que recoge infracciones graves vinculadas al incumplimiento de las obligaciones técnicas de operación del sistema y pueden dar lugar a multas de hasta seis millones de euros.

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Es una categoría amplia que abarca desde errores en la programación de la generación hasta desajustes que puedan comprometer la estabilidad del sistema, es decir, señalan cuestiones técnicas, pero que no ponen en riesgo la garantía del suministro. Bajo este paraguas se encuadran los expedientes abiertos a las grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy.

El caso de Red Eléctrica de España introduce, sin embargo, un matiz relevante. El expediente incoado al operador del sistema se apoya en el artículo 64.25 de la misma norma, que tipifica como infracción muy grave el incumplimiento de sus funciones esenciales, en particular las relativas a garantizar la continuidad y seguridad del suministro, lo que castigaría al operador con hasta 60 millones de euros de multa. La diferencia no es menor: eleva de forma significativa el potencial sancionador y sitúa a Red Eléctrica en el centro del análisis técnico del apagón.

Uno de los principales focos de incertidumbre dentro del sector es el alcance final de los expedientes y si afectarán únicamente a Red Eléctrica o también a su matriz, Redeia. Asimismo, existe gran expectación sobre la tipificación concreta de las posibles infracciones. En particular, si las sanciones se fundamentan en cuestiones técnicas como una eventual “mala programación” del sistema, podrían abrir la puerta a una oleada de litigios.

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Desde el punto de vista oficial, la CNMC ha confirmado que, tras el incidente del 28 de abril, inició expedientes informativos para analizar las circunstancias del denominado “cero eléctrico”. Como resultado de esas investigaciones preliminares, el organismo ha identificado diversos indicios de incumplimiento, algunos de ellos prolongados en el tiempo, que habrían afectado al correcto funcionamiento del sistema.

No obstante, el regulador subraya que la apertura de estos expedientes sancionadores no implica atribuir el origen del apagón a las empresas investigadas, ya que el incidente respondió a un origen multifactorial.

Los procedimientos ahora iniciados no prejuzgan el resultado final y cuentan con un plazo máximo de resolución de entre nueve y dieciocho meses, en función de la gravedad de las posibles infracciones. Durante ese periodo, las compañías afectadas podrán presentar alegaciones y proponer pruebas en su defensa.

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