¿REE, eléctricas o el Estado? Cuenta atrás para encontrar un culpable del Gran Apagón

Quedan apenas quince días para que expire el plazo para reclamar por el apagón del 28 de abril de 2025. Los abogados y las grandes aseguradoras, que ya han pagado indemnizaciones millonarias, siguen sin tener claro a quién demandar. Sobre la mesa hay varias opciones: acciones contra Red Eléctrica, reclamaciones a distribuidoras como Iberdrola o Endesa, o incluso exigir la responsabilidad patrimonial del Estado. En juego hay cientos, por no decir miles, de millones de euros y una batalla judicial de gran escala.

Los despachos de abogados se están reuniendo con consultores energéticos y asesores para cumplir con el mandato de sus clientes, según explican fuentes conocedoras a El Confidencial. En estas reuniones contrarreloj se abre paso incluso la teoría de que todas las partes estén alineadas para que las responsabilidades se depuren después del 27 de abril, fecha en la que vence el plazo para interponer demandas.

"El único que va a ganar dinero con esto es Correos". La frase circula estos días por los despachos como un chascarrillo que contiene más verdad que broma. El caso del apagón entra en su fase decisiva, con miles de compañías presentando burofaxes en las oficinas del servicio postal de toda España. "Estamos todos locos", señalan fuentes jurídicas, en referencia al frenético ritmo que se vive estos días tanto en despachos como en fondos de litigios que están dando pulmón financiero a las reclamaciones.

El mercado no está dispuesto a asumir ese riesgo. La defensa se anticipa técnica, sofisticada y muy agresiva. "Numantina", señalan. Así que la consigna es simple: interrumpir ahora y discutir después. Porque, además, en el caso del apagón no hay una resolución administrativa que señale a un culpable y permita construir la demanda sobre una base ya fijada. No es un litigio 'follow-on'. Aquí no hay atajo. "Pensar que los informes iban a dejar la demanda preparada era una visión muy 'naïf'", resumen las mismas fuentes.

¿Qué argumentos hay?

El Ministerio para la Transición Ecológica apuntó en junio de 2025 a un origen "multifactorial", repartiendo responsabilidades entre el operador del sistema y las eléctricas. En marzo de 2026, la red europea ENTSO-E publicó un informe de 470 páginas, elaborado por 49 expertos, que describía el incidente como una "tormenta perfecta" fruto de múltiples factores. Ese mismo mes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia concluyó que el sistema disponía de herramientas suficientes para garantizar el suministro, aunque evitó señalar responsables.

La propia presidenta de la CNMC ya había anticipado que su informe no identificaría culpables, aunque se espera que, antes del verano, el regulador abra expedientes sancionadores que podrían ser clave para los abogados. El Senado, que lleva desde septiembre con una controvertida comisión para investigar los hechos, espera sacar sus conclusiones esta misma semana. Por ahora, los demandantes solo cuentan con un relato técnico detallado de lo ocurrido, pero sin una atribución clara de responsabilidades.

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Alberto Sanz

Mientras tanto, el reloj legal sigue corriendo. El artículo 1968.2 del Código Civil, en relación con el 1902, fija un plazo de un año para reclamar por responsabilidad extracontractual. Ese plazo expira el 27 de abril de 2026. Para las aseguradoras, el margen de decisión es mínimo. Tras indemnizar a sus clientes y conforme al artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro, pueden reclamar contra el responsable del daño. Pero la pregunta sigue abierta: ¿Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, el propio Estado o a todos?

La cuestión no es menor. La Ley del Sector Eléctrico establece que el operador del sistema debe garantizar la continuidad y la seguridad del suministro. Si no falló, como sugieren algunos informes, la incógnita se traslada al resto de actores. Existen precedentes, como el apagón de Barcelona de 2007 o los cortes en Tenerife en 2019 y 2020, que se resolvieron con sanciones repartidas entre Red Eléctrica y las eléctricas. La normativa fija un máximo de 60 millones de euros por infracción.

Un proceso caro

Gran parte de los demandantes ha llegado tarde y está todavía en fase de recabar información, cuantificar perjuicios y cerrar financiación. "Son seis cifras en honorarios de abogados, otras tantas para peritos y riesgo de costas elevadas. De ahí que armar el caso con un financiador se antoje casi imprescindible", señalan los letrados.

"El único que va a ganar con esto es Correos"

En ese contexto, la estrategia jurídica empieza a alinearse. El primer objetivo es Red Eléctrica. No solo por los audios conocidos en las últimas semanas, que acabarán como prueba, sino por una lógica más profunda: no hubo fuerza mayor ni un factor externo. A partir de ahí, el planteamiento es directo, si el fallo es del sistema, responde quien lo opera. Después vendrá el ajuste interno. Eso explica también por qué muchas empresas están evitando, al menos de momento, demandar a comercializadoras o a grandes grupos energéticos como Iberdrola, Naturgy o Endesa.

Pero eso no significa que queden fuera del tablero. Todo apunta a que el litigio acabará derivando en un juego cruzado de responsabilidades. Las empresas demandarán a Red Eléctrica y será el propio operador quien, en su defensa, incorpore al resto de actores: notificará, señalará y cargará contra quien considere responsable último.

En paralelo, en el lado demandado, la maquinaria ya está en marcha. En el mercado se da por hecho que Red Eléctrica tiene estructurada su defensa y coordinado un 'pool' de despachos. Entre los nombres que circulan aparece el de Carlos Remón como uno de los perfiles clave y coordinador de la estrategia procesal.

Un juzgado atascado

Buena parte de las demandas del apagón se va a concentrar en los juzgados de Alcobendas, donde tiene su domicilio Red Eléctrica. Eso significa que los pleitos por el mayor apagón de la historia de España van a aterrizar en un partido judicial saturado, con fama de ser de los que peor funcionan del territorio y en el que confluyen litigios de grandes corporaciones como Telefónica o Mediaset.