Portugal envía a Bruselas el caso del oligopolio en transporte de equipajes a la espera de la CNMC

Portugal escala a nivel comunitario la compra de la filial de Siemens dedicada a los sistemas de manejo de equipajes y carga aérea por parte del grupo Toyota, valorada en 300 millones de euros.

La Autoridade da Concorrência (AdC), es decir, la autoridad de competencia de Portugal, ha reenviado a la Comisión Europea una operación que también estudia desde hace un mes la CNMC.

Portugal ha activado así el artículo 22 del Reglamento Europeo de Concentraciones, por el que un Estado miembro puede elevar una operación cuando considere que sus efectos desbordan el ámbito nacional y afectan al conjunto del mercado interior.

El reenvío, adelantado por el medio especializado 'Parr', se produjo el pasado martes 7 de abril, con el argumento de que Bruselas está mejor posicionada para analizar una transacción con posibles implicaciones en varios Estados miembros. La operación había sido notificada a la autoridad portuguesa el 20 de marzo. Tras recibir la solicitud, la Comisión debe informar “sin demora” al resto de autoridades nacionales y a las empresas implicadas. Según fuentes del caso, esa comunicación se habría producido el día siguiente, aunque no consta aún si todos los reguladores han sido formalmente notificados.

Consultada por El Confidencial, la Comisión Europea ha declinado hacer comentarios, al igual que la CNMC, que evita por ahora aclarar si se sumará a la iniciativa portuguesa.

El reenvío se produjo el pasado martes 7 de abril, con el argumento de que Bruselas está mejor posicionada para analizar la transacción

A partir de este punto, el procedimiento entra en una fase decisiva. Una vez informadas, las autoridades nacionales disponen de un plazo de quince días hábiles para adherirse a la solicitud de remisión. Expirado ese plazo, la Comisión contará con diez días adicionales para decidir si asume el caso. Si se cumplen los tiempos previstos, la decisión final se situará en la segunda mitad de mayo.

El movimiento de Lisboa altera el equilibrio institucional que hasta ahora marcaba el expediente. La CNMC había iniciado el análisis en fase I tras la notificación recibida el pasado 6 de marzo, con un plazo inicial para decidir si retenía el caso o lo elevaba a Bruselas. Con la activación del artículo 22 por parte de Portugal, la iniciativa pasa ahora al plano comunitario y la autoridad española debe decidir si se suma a la remisión o mantiene una revisión estrictamente nacional.

El trasfondo competitivo refuerza la tesis de un análisis europeo. La operación combina a dos de los tres principales proveedores globales de sistemas automatizados de tratamiento de equipajes —los conocidos ICS o SATE— en un mercado caracterizado por licitaciones internacionales y especificaciones técnicas homogéneas.

En España, ese impacto se refleja con especial intensidad en la red de Aena, donde el tándem Siemens-Vanderlande concentra en torno al 88% del gasto en operación y mantenimiento de estos sistemas. Tras la integración, el sector pasaría en varios países europeos de tres a dos grandes operadores, consolidando un escenario de duopolio en una infraestructura crítica para el transporte aéreo.

La operación se ejecutó sin haber sido notificada en España y Portugal. Después ambas consideraron que superaba los umbrales de cuota de mercado

Este riesgo de concentración ya había sido puesto sobre la mesa por el regulador alemán, el Bundeskartellamt, que llegó a abrir una investigación en profundidad en 2025. Sin embargo, el procedimiento no culminó: Vanderlande retiró la notificación, reestructuró la operación mediante un 'carve-out' que dejaba fuera parte del negocio alemán y cerró la adquisición apenas dos días después, en mayo de ese mismo año.

Ese precedente es ahora uno de los elementos más sensibles del caso. La operación se ejecutó sin haber sido notificada en España y Portugal, pese a que posteriormente ambas autoridades han considerado que superaba los umbrales de cuota de mercado que obligaban a su control. La notificación posterior ha reabierto el expediente y ha situato a los reguladores ante un escenario complejo: analizar 'a posteriori' una concentración ya integrada en el mercado.

En este contexto, la eventual intervención de Bruselas cobra especial relevancia. No solo por la dimensión geográfica del negocio, sino por la dificultad técnica de imponer remedios eficaces desde un ámbito nacional en un sector donde los activos clave —desde el 'software' hasta la ingeniería— operan de forma centralizada a escala europea.