Aperribay inicia una ofensiva legal y política contra Escribano por llamarle "asesino" y "terrorista"

La guerra entre los Escribano y los Aperribay, ambas familias accionistas de Indra, ha traspasado una línea roja después de que el mayor de los empresarios madrileños calificara a los donostiarras de "terroristas" y de "asesinos criminales". Los dueños de SAPA Placencia han decidido, por una parte, ponerse en manos del bufete Pérez-Llorca para analizar los descalificativos emitidos por el hasta hace diez días presidente de la compañía española de defensa. Y, por otra, denunciar estos improperios ante el Gobierno vasco, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Los Aperribay, enfrentados a los Escribano en el consejo de Indra, han concluido que no pueden dejar pasar lo que consideran unas injurias por parte de Ángel Escribano, proferidas en una entrevista concedida en el diario El Debate. El anterior presidente de la empresa de la que SAPA tiene un 8% del capital acusó a la familia vasca de haber dinamitado la fusión entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), operación que les hubiera reportado unos ingresos de más de 2.000 millones a los empresarios madrileños. Una adquisición corporativa que el Gobierno vetó a última hora por el conflicto de interés al coincidir el comprador —EM&E tiene un 14,3% de Indra— y el vendedor en el accionariado.

Joaquín Aperribay, padre de Jokin Aperribay, presidente actual de SAPA y del equipo de fútbol de la Real Sociedad de San Sebastián, sufrió dos atentados por parte de la banda terrorista ETA. El primero acabó con el asesinato del chófer del patriarca de la compañía vasca, tras recibir cinco disparos de un miembro del comando militar. El segundo, al enviarle una carta bomba a su domicilio, de la que se libró al salir por la ventana de su casa. El padre declaró en la Audiencia Nacional que nunca había pagado el llamado impuesto revolucionario a la organización abertzale.

Por ello, las declaraciones de Ángel Escribano en la citada entrevista, en las que califica a SAPA de una "empresa terrorista y de asesinos criminales", han tocado la fibra sensible de los Aperribay, que también se han enfrentado en privado a los ultras radicales y hasta a algunos jugadores de su club de fútbol cuando han apoyado marchas o declaraciones en favor de los presos de ETA. Otros sectores les han criticado no haber hecho esas manifestaciones en público, pero la familia ha defendido siempre alejar la política de los asuntos empresariales o deportivos.

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En cualquier caso, la denuncia de los Aperribay no se va a limitar a una querella contra los Escribano. Los dueños de SAPA van a elevar su protesta a Imanol Pradales, el lehendakari, y a Pedro Sánchez, para que tanto el Gobierno vasco como el Ejecutivo central tomen nota y medidas sobre las formas de los Escribano. La denuncia también la van a extender a la SEPI, propietaria del 28% del capital de Indra, en cuyo consejo están las dos familias.

De hecho, a finales de abril volverán a verse las caras en la próxima reunión del órgano de gobierno de la compañía de defensa. Además, los Escribano y los Aperribay también comparten el accionariado de Tess Defence, la compañía que fabrica el 8x8 Dragon, el vehículo de combate más avanzado del Ejército español, que están fabricando conjuntamente con General Dynamics e Indra.

El dossier diabólico

Los Aperribay ya visitaron Moncloa el pasado mes de noviembre después de que El Confidencial publicase que el entorno de los Escribano había preparado un dossier con once documentos en los que venía detallada la situación financiera de SAPA y de toda la familia, así como sus propiedades. Una descripción pormenorizada del patrimonio de la familia vasca que incluía una serie de descalificativos, que iban desde "la difícil situación de la SAPA de los Aperribay", el "bluf" de su tecnología y sus operaciones financieras para pagar menos impuestos a través de fundaciones.

En ese informe se llegaba a dibujar hipotéticas conexiones con la trama Koldo y con Víctor de Aldama, el comisionista que trabajaba para José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Fomento, sospechoso de formar parte de una trama de mordidas y de tráfico de influencias.

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La publicación en exclusiva de este dossier provocó una queja formal de los Aperribay en el consejo de Indra. Pero los Escribano negaron cualquier vínculo con esos documentos, que venían sin ningún tipo de membrete y en los que hablaban hasta de los hijos de Jokin e Ibon, los dos hermanos Aperribay. Sin embargo, los empresarios donostiarras sospecharon siempre del entonces presidente, porque dicho archivo fue presuntamente distribuido por un asesor personal de Ángel Escribano y llegó a una cuenta de correo corporativo de Indra. Una suspicacia que ahora se ha multiplicado porque, en la citada entrevista, el destituido presidente hace referencia a la supuesta debilidad económica de SAPA, como se exponía en el dossier.

El Confidencial ha intentado conocer la versión de los Aperribay sobre esta información. Pero la familia ha declinado hacer ningún comentario. El Debate publicó a media mañana una segunda versión de la entrevista, en la que los insultos a los empresarios vascos habían desaparecido del texto.