Puente busca 4.300 m2 fuera de Madrid para la agencia que sustituirá a la que investiga Adamuz

El Gobierno tiene un casting abierto entre ciudades para la sede de la futura Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes, un organismo llamado a centralizar el análisis de siniestros en los ámbitos ferroviario, marítimo y de aviación civil. Este organismo absorberá la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), los expertos que investigan el accidente de Adamuz y que han tenido conflictos públicos con el Ministerio de Transportes.

Este casting, que realiza el equipo de Óscar Puente (Transportes) para el de Ángel Víctor Torres (Política Territorial), finaliza este 15 de abril. Según explican fuentes conocedoras a El Confidencial, como es habitual en estos casos, se están produciendo ciertas fricciones entre ayuntamientos y comunidades autónomas, sobre todo las que tienen diferentes partidos políticos, por lo apropiado o no de presentar una candidatura seria de acoger a este nuevo organismo nacional.

¿Qué se pide? Unas instalaciones ya construidas de 4.300 metros cuadrados, con capacidad para acoger 60 trabajadores, con salón de actos para 150 personas y aparcamiento de 2.000 metros cuadrados. Otros requisitos valorables son, precisamente, que esté cerca y con conectividad fluida con Madrid. Principalmente, porque las direcciones de investigación técnica y la Unidad de apoyo técnico sí que se mantendrán en Madrid, que es donde organismos como la CIAF tienen a todos sus profesionales.

Transportes también valorará positivamente la disponibilidad de servicios hoteleros y de hostelería en las inmediaciones de la sede, de modo que se facilite el alojamiento y la atención de visitas institucionales y profesionales en condiciones adecuadas. El Gobierno justifica la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes como una reforma "esencial" para corregir deficiencias estructurales del sistema actual.

Las instalaciones deben tener capacidad para 60 trabajadores, con salón de actos para 150 personas y aparcamiento de 2.000 m2

El objetivo central es reforzar la independencia de las investigaciones, alejándolas de cualquier posible influencia de la propia Administración o de los operadores implicados. Este nuevo organismo no solo unificará las investigaciones ferroviarias, marítimas y aéreas, sino que también busca mejorar la prevención, analizando las causas de los accidentes y proponiendo medidas que eviten su repetición.

El cambio legal impulsado por el Gobierno para evitar conflictos de interés en la investigación de accidentes ferroviarios responde a una presión acumulada durante años, especialmente desde instancias europeas. Tras el precedente del accidente de Angrois, la Agencia Ferroviaria Europea cuestionó la independencia del modelo español, señalando que algunos investigadores pertenecían a entidades como Renfe o Adif, lo que comprometía la imparcialidad de los análisis de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Este diagnóstico llevó a una reforma normativa en 2024 orientada a blindar la independencia de los equipos investigadores y a sentar las bases para una nueva autoridad verdaderamente autónoma.

Problema de implementación

Sin embargo, esa reforma convive con un problema de implementación. Pese a que la ley ya contemplaba la creación de una Autoridad Administrativa Independiente que debía sustituir a la CIAF, su puesta en marcha se ha retrasado más allá de los plazos previstos. La norma obligaba a constituir el organismo antes de agosto de 2025, pero ese calendario no se cumplió, lo que ha dejado en funcionamiento al modelo anterior en un momento especialmente crítico para la seguridad ferroviaria.

Este retraso adquiere mayor relevancia en el contexto de los accidentes de Adamuz y Gelida, así como de la crisis en Rodalies. La nueva autoridad debería haber sido la encargada de investigar estos siniestros, pero la paralización del proceso —atribuida a problemas de gestión y a la falta de Presupuestos— ha impedido su activación efectiva. En consecuencia, ha sido de nuevo la CIAF la que ha asumido estas investigaciones, pese a las críticas previas sobre su estructura y a que sus valoraciones técnicas han chocado con las explicaciones políticas del Ministerio sobre el accidente.

El Gobierno ha reformado la ley precisamente para reforzar la independencia y evitar conflictos de interés, pero al mismo tiempo no ha desplegado a tiempo el organismo diseñado para cumplir ese objetivo. Esto genera un doble efecto. Por un lado, evidencia un avance normativo relevante; por otro, abre un debate sobre la gestión política y la credibilidad institucional en un momento marcado por accidentes graves y alta sensibilidad pública en materia de seguridad ferroviaria.