Repsol y Moeve amplían sus ofertas mientras vigilan la idea de Cuerpo de otro impuestazo

El sector energético celebró el pasado 20 de marzo el primer paquete de medidas del Gobierno para frenar el impacto en España de la guerra de Irán. Empresas como Repsol, Moeve o Naturgy, entre las más vigiladas en este contexto, aplaudieron un plan con más "zanahoria" que "palo", es decir, con más alivios fiscales que medidas que penalizaran su negocio. Como respuesta, lanzaron descuentos durante toda la Semana Santa para complementar esas iniciativas. Sin embargo, este clima de entendimiento entre ambas partes se ha enfriado con la vuelta a la actividad.

Antes de conocer el acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, el nuevo vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, puso encima de la mesa la posibilidad de recueprar la figura del llamado "impuestazo". Un paso al frente que ha provocado que el sector energético recupere sus estrategias de protección de su negocio que utilizaron en 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania desató una gran crisis energética en el continente. Petroleras y gasistas consideran que deben prepararse ante una amenaza real en el actual contexto de mercado.

La carta enviada por Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal, a la Comisión Europea para solicitar la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las energéticas se interpreta en el sector como una declaración de intenciones. Y todo apunta a que la Comisión Europea podría respaldar esta iniciativa. Fuentes del sector consideran que se abre "un debate cerrado en el pasado" y recuerdan que el Gobierno se comprometió a principios de 2025 a no recuperar este tipo de figuras, que califican de "claramente injustas e ineficaces".

Por ahora, las empresas optan por mantener sus planes con normalidad mientras siguen de cerca la evolución de estas propuestas. Repsol ha ampliado sus ofertas en carburantes hasta el 3 de mayo, y Moeve, en el marco de su acuerdo comercial con Naturgy, anunció este martes que sus descuentos energéticos se mantendrán hasta el 20 de abril.

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No se descartaba hasta hace una semana que estos descuentos pudiesen seguir hasta junio, en paralelo a la vigencia del paquete de ayudas del Gobierno. Ahora la idea es otra. Porque, sobre todo, se observan diferencias dentro del propio Gobierno. Mientras la ministra del 'ramo' Sara Aagesen celebra con el sector la seguridad de suministro y la buena gestión de precios, Cuerpo apuesta por vigilar los beneficios de estas empresas, ya que comparte la corriente europea que las petroleras han aprovechado desde 'el primer minuto' de la guerra en Oriente Medio para subir los precios.

Un nuevo cara a cara

Este mismo miércoles, horas después del anuncio de tregua de Donald Trump, Aagesen se ve las caras con petroleras y gasistas por tercera vez en esta crisis. El plan europeo del 'impuestazo' estará encima de la mesa y las empresas aprovecharán para recordar lo que se vivió entre 2022 y 2024 con este asunto. Entonces, la respuesta del sector fue congelar inversiones "verdes". Repsol dejó en 'stand by' 1.500 millones en proyectos de transformación que afectaba, entre otras, a su refinería de Tarragona, lo que provocó una reacción inmediata de socios del Gobierno como Junts.

Moeve llegó a amenazar con trasladar sus inversiones en hidrógeno a Marruecos si el impuesto se consolidaba. La energética controlada por el fondo emiratí Mubadala, a cuyo consejero delegado el propio Pedro Sánchez prometió no recuperar esta figura tributaria, celebró hace unos días, junto al Ejecutivo, la puesta en marcha de su Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Huelva, un proyecto de 1.000 millones de euros. Se trata de una inversión que, según el sector, nadie quiere ver paralizada a pocas semanas del inicio del ciclo electoral en Andalucía.

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La vuelta del impuesto pone de nuevo el foco sobre inversiones superiores a 16.000 millones de euros hasta 2030 para fomentar la producción de combustibles renovables e hidrógeno verde. "Reducir los recursos disponibles para el sector podría poner en peligro el cumplimiento de estos objetivos climáticos", señalan estas fuentes. Además, advierten de que implantar un impuesto extraordinario en Europa en este momento supondría una grave pérdida de competitividad, lo que podría poner en riesgo la seguridad de suministro del continente, precisamente cuando esta es una de las principales preocupaciones.

Repsol, Moeve y Naturgy fueron las compañías más afectadas por este tributo, que penalizó sus ingresos en 2023 y 2024, mientras que otras energéticas como Iberdrola o Endesa registraron un impacto menor. El sector consideraba que el Gobierno y la vicepresidenta Sara Aagesen habían acordado trabajar en medidas conjuntas para garantizar la seguridad de suministro, impulsar la inversión verde y evitar este tipo de iniciativas. Sin embargo, según las empresas, esta visión no parece ser la misma que mostró Carlos Cuerpo en su carta a Bruselas.