Habrá ganadores y perdedores: el plan anticrisis de Moncloa pone en guardia a Repsol, Iberdrola y Naturgy

El Plan de Respuesta Integral a la crisis de Oriente Medio, que presentará Pedro Sánchez, pone el foco en la energía. Un sector en el que conviven grandes compañías con intereses muy distintos. Depende del tipo de medidas que se adopten y del grado de intensidad de cada una de ellas, habrá ganadores y perdedores. Por ello, Iberdrola, Repsol y Naturgy han intensificado estos días su labor de 'lobby' para influir tanto en el contenido del plan como en su tramitación política.

La actividad de consultores, asesores y equipos de asuntos públicos se ha disparado. A diferencia de lo que ocurrió en 2022 con la guerra de Ucrania, cuando el propio presidente del Gobierno se reunió con los máximos responsables de las energéticas, en esta ocasión cada compañía busca influir por su cuenta. En aquel encuentro quedó claro que Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) o José Bogas (Endesa) tienen intereses muy distintos a los de Josu Jon Imaz (Repsol) o Francisco Reynés (Naturgy).

En estos momentos, el Gobierno no contempla intervenir directamente en los mercados, por eso no quiere volver a juntar a todos en una sala, pero sí valora medidas que pueden alterar los negocios del sector y está "en período de escucha", como lo describen desde el Ejecutivo. Iberdrola, por ejemplo, ve con buenos ojos la línea que prepara el Ejecutivo y espera que se confirme. Según fuentes conocedoras, la compañía —al igual que otras eléctricas como Endesa— ya sabe que una de las claves será reforzar la electrificación, una medida alineada con su modelo de negocio.

Tras el Consejo de Ministros del martes, en los círculos próximos al Gobierno se planteó recuperar el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Esta herramienta buscaba que petroleras y gasistas asumieran parte del coste de impulsar las renovables. Sin embargo, ya fue descartada durante la crisis de Ucrania y generó fuertes tensiones en el sector. De hecho, Naturgy abandonó entonces la patronal eléctrica por sus discrepancias en este asunto.

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En los últimos días, algunos 'lobbies' han intentado reabrir este debate, lo que afectaría sobre todo a Repsol, Moeve y Naturgy. No obstante, fuentes del Gobierno descartan esta opción porque podría encarecer aún más el gas y los carburantes. En cambio, sí avanzan otras medidas estructurales, como eliminar el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5%, impulsar el autoconsumo, las comunidades energéticas y la bomba de calor.

Un tema delicado

La apuesta por la bomba de calor es otro punto clave en la pugna entre 'lobbies'. Beneficia a Iberdrola, que defiende la electrificación de los hogares, frente a Naturgy, que apuesta por los gases renovables. Ambas tecnologías compiten como alternativas para sustituir las calderas tradicionales.

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Por su parte, Naturgy y el resto de gasistas centran su presión en el desarrollo de los gases renovables como el biometano. Defienden esta opción en sus contactos políticos, donde encuentran apoyo en algunas formaciones, especialmente catalanas. Estas ya lograron incluir esta propuesta en el "plan antiapagones" de 2025, que finalmente no salió adelante.

Miedo en las petroleras

Repsol lidera las demandas del sector petrolero. Es un negocio muy ligado al ciclo económico y que ahora atraviesa un momento favorable, con altos márgenes de refino y precios del crudo al alza. La compañía intenta trasladar esta situación al Gobierno y a sus socios.

Aun así, fuentes del sector critican que las petroleras se hayan convertido en el principal objetivo político en esta crisis, en un contexto en el que el precio de los carburantes ya supera los 2 euros por litro.

El objetivo de Repsol y Moeve es evitar nuevas cargas fiscales, como el temido "impuestazo", que puedan frenar sus inversiones en transición energética. También rechazan reactivar ese Fondo de Sostenibilidad por su impacto en productos como el butano.

Al mismo tiempo, piden medidas fiscales que compensen el aumento de la recaudación pública por el encarecimiento de los carburantes, tanto vía IVA como por el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Las petroleras trasladan a sus interlocutores que este incremento de ingresos podría destinarse a financiar ayudas para los profesionales del transporte y el sector primario.