Entre Moncloa y la SEPI: cónclave para resolver la lucha de poder en Indra

Ángel Escribano transmitió este martes a sus más cercanos colaboradores que se siente capaz de aguantar el pulso al Gobierno, que ya le ha trasladado su intención de relevarlo como presidente de Indra. El empresario madrileño está convencido de tener el apoyo suficiente para doblarle la mano a su principal accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dueña del 28% del capital, y a su mayor cliente, ya que la compañía de defensa y tecnología depende en más de un 70% de los contratos que le autoriza Moncloa.

Escribano reaccionó con malos humos a la información publicada por El Confidencial sobre la petición de Manuel de la Rocha, responsable de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, a Belén Gualda, la principal ejecutiva de la SEPI, de acelerar el cambio en la presidencia de Indra. Una decisión provocada por las profundas diferencias sobre la fusión con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), la empresa familiar del propio Escribano, a la que se opone el ente público dependiente del Ministerio de Hacienda.

Pero rápidamente aseguró contar con el apoyo suficiente para, en el caso de que sea convocado un consejo extraordinario para debatir sobre su salida, mantenerse en el poder. Una afirmación que refrenda, según sus cálculos, al contar con el respaldo de los últimos cuatro consejeros independientes nombrados el pasado año para sustituir a los que dimitieron por ser contrarios a la integración con su propia empresa.

En concreto, con Eva María Fernández, Teresa Busto, María Aránzazu y Josep Oriol Pinya, que reemplazaron a Luis Abril, Ángeles Santa María, Francisco Javier García, Olga San Jacinto y Coloma Armero, estos últimos en desacuerdo con los planes de Escribano. El presidente de Indra está convencido de que, con estos cuatro independientes, más el voto favorable de Pablo Jiménez de Parga (Amber Capital), el suyo propio y el de su hermano Javier, en el caso de que pudieran pronunciarse, puede imponerse al Gobierno si Bernardo Villazán y Virginia Arce (ambos también independientes) se decantan de su lado.

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Por el contrario, la SEPI cuenta con tres representantes, que contarían con el apoyo de Jokin Aperribay, presidente de SAPA, también muy crítico con la fusión. Belén Amatriaín, la última en liza, ha sido asimismo una de las más beligerantes con la integración de Indra y EM&E, que le daría a los hermanos unos 2.000 millones de euros.

Para discutir el tema, la compañía puede debatirlo en el próximo consejo ordinario, previsto para el 25 de marzo. O en uno previo extraordinario, como pretende la SEPI, que debería ser solicitado por al menos un tercio del consejo. Es decir, por al menos cinco de los diez miembros del órgano de gobierno de Indra. En su defecto, por la vicepresidenta y consejera coordinadora, Virginia Arce, que lo podrá convocar en cualquier momento, sin necesidad de respetar los tres días de antelación obligatorios cuando las reuniones son de carácter ordinario.

Hasta el momento, ningún consejero ha sido informado formalmente sobre las intenciones del Gobierno, que De la Rocha cristalizó la semana pasada cuando se reunió en Moncloa con Belén Gualda y José Vicente de los Mozos. Una forma de actuar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya empleó en enero del pasado año cuando destituyó a José María Álvarez-Pallete de la presidencia de Telefónica sin comunicarlo previamente a ningún miembro del órgano de decisión de la 'teleco'. Por el contrario, fue el propio Pallete cuando, tras ser informado en el palacio presidencial de la decisión política, convocó al día siguiente una reunión extraordinaria para facilitar su salida.

Por el contrario, Escribano no está dispuesto a día de hoy a entregarse como lo hizo el ex primer ejecutivo de Telefónica. Está convencido de que ser el dueño de los derechos políticos, que no económicos, del 14,3% de Indra, es suficiente para defender su posición.

Este martes, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, se puso de perfil en la rueda de prensa del Consejo de Ministros al ser preguntado por un posible golpe de mano en Indra. "Este tipo de decisiones, como bien sabe, le corresponden a los órganos de gobierno de la empresa", declaró, pese a que el Gobierno es, precisamente, el máximo accionista, con el 28% del capital.