El Gobierno pide el cese inminente de Escribano de la presidencia de Indra

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que proponga de forma inminente la destitución de Ángel Escribano como presidente de Indra, que este martes sufre una caída de hasta el 8% en bolsa ante dicha posibilidad. Una decisión con la que el Ejecutivo socialista quiere poner fin a la crisis interna provocada por el intento del empresario madrileño de que la compañía controlada por el ente público les comprase su propia empresa familiar, valorada, según sus cálculos, en más de 2.000 millones de euros.

Varias fuentes confirman que el Gobierno quiere que la salida de Ángel Escribano como primer ejecutivo de Indra se produzca antes de la celebración del próximo consejo de administración, previsto para el 25 de marzo, como adelantó El Confidencial. Por ello, la semana pasada, Manuel de la Rocha, el responsable de Asuntos Económicos de la Moncloa, se reunió con Belén Gualda, la presidenta de la SEPI, a la que pidió que activara de forma inmediata el relevo en la cúpula de la compañía de defensa y tecnología. Una cita a la que también se invitó a José Vicente de los Mozos, consejero delegado.

La máxima responsable del organismo controlado desde el Ministerio de Hacienda asintió, aunque no movió ficha, según estas fuentes. Pero este lunes, el propio Escribano ha confesado a personas muy cercanas que, ante la oposición del Gobierno a la fusión de Indra con su empresa familiar, Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), no es posible continuar al frente de la compañía participada en un 28% por la SEPI. Otras fuentes indican que los empresarios madrileños, que tienen un 14,3% del capital de Indra, paquete que compraron en su mayoría con un crédito de JP Morgan, consideran que tienen un apoyo mayoritario del consejo y que podrían resistir la embestida gubernamental.

De concretarse, la salida de Ángel Escribano podría producirse este mismo viernes, con la bolsa cerrada, para evitar oscilaciones bursátiles de la cotización de Indra. Es decir, con la misma fórmula con la que la Moncloa destituyó a José María Álvarez-Pallete en enero de 2025, que fue llamado al Palacio de la Moncloa para ser informado de la decisión del Gobierno de relevarlo. Su puesto fue ocupado por Marc Murtra, que en ese momento dirigía Indra, cuya vacante fue cubierta por el nombramiento de Escribano a propuesta de De la Rocha.

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Como publicó El Confidencial el 3 de febrero, el Gobierno ya había sugerido a los dueños de EM&E que, para poder autorizar la fusión, debían dejar el primer puesto ejecutivo de Indra. Fue en una reunión en la Moncloa a mediados de semana. Pero el propietario del taller familiar fundado por su padre se atrincheró al considerar que su figura era imprescindible para el futuro de la empresa semipública. Especialmente porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el fin de crear el líder nacional de defensa, le había concedido contratos a dedo, sin concurso público, por valor de más de 7.000 millones de euros.

Unos encargos de los que también se beneficiaba de forma significativa EM&E, motivo por el cual los Escribano consideraban que, tomando como referencia la subida en bolsa de Indra —ha multiplicado su valor por más de tres en los últimos doce meses—, su compañía valía al menos 2.000 millones, veinte veces más que cuando en 2022 la tasaron en 100 millones para comprarle el 33% del capital al emirato de Omán.

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Este lunes, Ángel Escribano, que estuvo en un evento periodístico de defensa en Madrid y en un acto en Gijón, no asistió a una reunión que tenía prevista en Tess Defence. Ni física ni telemáticamente. Se trata de la sociedad compartida con General Dynamics, EM&E y Sapa Placencia, accionista también de Indra, con el 8% de las acciones. La empresa vasca de los Aperribay ha sido uno de los grandes opositores a la fusión de las dos compañías debido al evidente conflicto por coincidir el comprador y el vendedor. Una negativa a la que se sumaron varios consejeros independientes, algunos de los cuales dimitieron el pasado año por discrepancias con la operación.

El Gobierno, que en realidad fue el propulsor de esta integración, comenzó a recular en diciembre, tras advertir las posibles implicaciones legales, ante los avisos de varios accionistas de presentar demandas contra el consejo de administración. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que durante meses guardó silencio, pidió el 20 de febrero detalles sobre la comisión 'ad hoc' creada en Indra para analizar el conflicto de interés.

La propia presidenta de la SEPI pidió al consejero delegado de Indra, durante el consejo celebrado en enero, que no se continuase con las discusiones sobre la fusión con EM&E. Aunque no es miembro del órgano de gobierno de la sociedad cotizada, Gualda fue advertida por algunos de los tres representantes del ente público de que la operación seguía adelante, pese a que desde el Gobierno ya se había pedido parar el proceso. Algo que quedó más nítido todavía en la reunión que mantuvo con De la Rocha.