¿Por qué Moncloa acelera las ayudas por la guerra? Las tres razones que de verdad preocupan al Gobierno
Los representantes del Ejecutivo trasladan a sus interlocutores que los efectos económicos de este conflicto golpearán a corto plazo a algunos de los sectores más sensibles
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (3d), interviene durante la reunión presidida por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (2d). (EFE/Chema Moya)
La gasolina está cara y lo seguirá estando, al menos, durante lo que queda de marzo. Algo que ya se cataloga en el Gobierno como "inoportuno". Los efectos del conflicto en Oriente Medio los notarán los agricultores ahora que empiezan a recoger lo sembrado, los transportistas en un momento de aumento de la demanda de productos y los ciudadanos en sus viajes de Semana Santa. Por ello, como confiesan a los diferentes sectores con los que se están reuniendo, su objetivo es contener con ayudas y medidas fiscales la crisis a corto plazo que se avecina en tres frentes, en un momento especialmente político.
La experiencia de la gestión de la guerra de Ucrania trae a la memoria del Gobierno algunos de los frentes más conflictivos. Y uno de ellos fue, sin duda, las protestas de los transportistas. Hace cuatro años, el 14 de marzo de 2022, la patronal del sector invitó a todos sus profesionales a cesar temporalmente su actividad ante la quiebra total que suponía la escalada de los precios de los carburantes.
Un movimiento que provocó situaciones de desabastecimiento en supermercados, fábricas, tiendas y restaurantes. El Gobierno tuvo que poner en marcha medidas de urgencia y pedir ayuda a las petroleras para contentar a los transportistas y poner fin a este bloqueo.
Óscar Puente se comprometió este miércoles con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) a llevar al Consejo de Ministros del próximo martes medidas similares a las adoptadas en 2022. Entre ellas, una bonificación mínima de 25 céntimos por litro, ayudas directas para las empresas de transporte de mercancías, el incremento en un 10% de la referencia del coste del combustible en el índice general de costes del transporte y la investigación del aumento del precio del combustible en un margen de tiempo muy reducido.
"De no producirse la adopción urgente de estas medidas, se corre el peligro de parar el normal funcionamiento de la actividad de transporte, con lo que ello comporta para la economía y la sociedad en su conjunto", avisa la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).
Es decir, si el martes no salen medidas en esta línea, la posibilidad de otro bloqueo de las carreteras por parte de los transportistas vuelve a escena. Un proceso que también afectaría al transporte de pasajeros, muchos de ellos bajo el modelo concesional, que hace que el precio sea estable y no aporte flexibilidad ante el aumento de los costes variables. Un transporte de pasajeros por carretera que ha cobrado especial importancia con la crisis que se vive en el sistema ferroviario.
Castigo al campo
Por su parte, los agricultores y ganaderos ya se han puesto en marcha. El objetivo ahora es que las tractoradas, que se han producido con lluvia y nieve en las carreteras tras la aprobación de Mercosur, no se multipliquen por el impacto que tendrá la subida de los precios en el arranque de la maquinaria del sector primario para recoger las cosechas y mover el ganado.
"El precio del gasóleo agrícola se ha disparado a niveles insólitos, con precios hasta un 100% más elevados que hace una semana", alertan desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). El sector primario denuncia que, desde el comienzo del conflicto, las ofertas que reciben de sus distribuidores son "totalmente inasumibles" y pide al Gobierno que "actúe de inmediato".
Aunque sus movilizaciones ya han comenzado, con protestas en ciudades como Valladolid —días antes de las elecciones en Castilla y León— y en Madrid. Porque, si la subida de precios sigue castigando sus cuentas y se producen problemas de suministro, los agricultores y ganaderos prometen escalar sus protestas ante la imposibilidad de ejercer su actividad económica.
Alerta en Semana Santa
Y, en la última semana de marzo y los primeros días de abril, llega la Semana Santa. Las estimaciones de la DGT apuntan a que durante esta semana se producen un total de 14 millones de desplazamientos por carretera. Y, si no se produce un cambio radical y las ayudas no llegan, los ciudadanos afrontarán sus viajes con los carburantes cerca de la barrera psicológica de los 2 euros el litro.
Un aumento de los costes que puede afectar a la toma de decisiones y castigar a la industria turística española que, según datos de consultoras como Adecco, prevé hasta 110.000 contrataciones para afrontar este periodo. El Gobierno comparte en privado con las patronales con las que se ha reunido estos días que existen oportunidades para el sector turístico español ante la incertidumbre que se vive en algunos competidores como Turquía o países como Dubái.
Ahora, regiones como Andalucía, donde el sector turístico de ciudades como Málaga y Sevilla espera aumentos cercanos al 8%, dependen en parte del comportamiento del turismo nacional. Un tipo de turista que, si los precios están disparados, puede esperar al verano para hacer este viaje. Y, si el turismo "pincha" en Semana Santa, los andaluces pueden trasladar este descontento a las elecciones que se celebrarán antes del verano.
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La gasolina está cara y lo seguirá estando, al menos, durante lo que queda de marzo. Algo que ya se cataloga en el Gobierno como "inoportuno". Los efectos del conflicto en Oriente Medio los notarán los agricultores ahora que empiezan a recoger lo sembrado, los transportistas en un momento de aumento de la demanda de productos y los ciudadanos en sus viajes de Semana Santa. Por ello, como confiesan a los diferentes sectores con los que se están reuniendo, su objetivo es contener con ayudas y medidas fiscales la crisis a corto plazo que se avecina en tres frentes, en un momento especialmente político.