Urbas, en pleno concurso de acreedores y con cerca de 300 millones de deuda, se enfrenta a un nuevo giro en su complicada situación financiera y judicial. La administración concursal —integrada por Auren y el despacho Kepler-Karst— había pedido mantener a A Worldwide Audit Assurance España (AWW) como auditor y revertir el nombramiento de Crowe, pero el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid ha rechazado pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por AWW y ha señalado que cualquier decisión sobre quién debe auditar las cuentas queda ahora en manos del juez del concurso y de la administración concursal.
La compañía atraviesa un momento crítico: su cotización lleva suspendida seis meses, acumula más de 270 acreedores en el proceso y se encuentra en medio de múltiples litigios abiertos en los tribunales. Con el rechazo de la medida cautelar, el conflicto por el auditor pasa al Juzgado de lo Mercantil nº 2, que tramita el concurso, y será allí donde se determine finalmente qué firma se encargará de completar la auditoría.
"La medida cautelar es de imposible cumplimiento porque la entidad Urbas ha sido declarada en concurso. Por ello la realización de la auditoría no depende de la entidad concursada sino de los órganos del concurso, juez y administrador concursal", concluye el juez del juzgado mercantil número 1.
El origen de la disputa se remonta al cese de A Worldwide como auditor de Urbas, decisión que la firma recurrió ante los tribunales y para la que solicitó medidas cautelares con el objetivo de poder continuar con su trabajo mientras se resolvía el litigio.
La administración concursal ya se ha posicionado a favor de mantener a AWW y de revocar el nombramiento de Crowe, además de oponerse a que el Registro Mercantil designe un nuevo auditor para la compañía.
El choque surgió durante la revisión de las cuentas de 2024, cuando AWW detectó irregularidades en la gestión de la autocartera, incluyendo la desaparición de 1.598 millones de acciones propias, un movimiento que no pudo aclararse con la información facilitada por Urbas.
Según los documentos del procedimiento, la auditoría de 2024 está prácticamente terminada (85%) y cambiar de auditor implicaría reiniciar el trabajo y asumir un coste adicional de 715.000 euros, en un contexto en el que la compañía apenas tiene liquidez y realiza pagos desde distintas filiales, reflejando una operativa de caja única y fuerte confusión patrimonial dentro del grupo.
Urbas, en pleno concurso de acreedores y con cerca de 300 millones de deuda, se enfrenta a un nuevo giro en su complicada situación financiera y judicial. La administración concursal —integrada por Auren y el despacho Kepler-Karst— había pedido mantener a A Worldwide Audit Assurance España (AWW) como auditor y revertir el nombramiento de Crowe, pero el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid ha rechazado pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por AWW y ha señalado que cualquier decisión sobre quién debe auditar las cuentas queda ahora en manos del juez del concurso y de la administración concursal.
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