El Gobierno cita en Moncloa al CEO de Indra para acabar ya con la guerra en el consejo
Manuel de la Rocha se ha reunido con José Vicente de los Mozos, cuyo mandato expira en breve, antes de tomar una decisión de calado sobre la presidencia de la compañía
El Gobierno ha movido ficha para resolver la compleja situación que ha generado en Indra el intento de absorción de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar de su presidente ejecutivo, Ángel Escribano. Según aseguran fuentes del sector, Manuel de la Rocha, la mano derecha de Pedro Sánchez en asuntos económicos, ha convocado esta semana a José Vicente de los Mozos, consejero delegado del grupo, a una reunión secreta en Moncloa para valorar las posibles salidas a este conflicto, con la salida del propio Escribano del consejo de administración.
Según otras fuentes, De la Rocha pidió a De los Mozos que fuera él quien diera el paso en el órgano de gobierno de la compañía para promover el relevo del actual presidente antes de la próxima reunión del consejo, prevista para el 25 de marzo. Pero el número dos de la multinacional de defensa y tecnología esgrimió que esa cuestión tan delicada le correspondía a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como primer accionista, al tener el 28% del capital.
De los Mozos es el ejecutivo elegido por el consejo de administración de Indra para analizar las distintas opciones para la integración con EM&E. La operación ha provocado un choque de trenes en la cúpula de la compañía por el conflicto de interés que emana de la coincidencia entre comprador —los Escribano tienen un 14,3% de Indra, además de dos puestos en el consejo— y el vendedor —son dueños al 100% de su propia empresa familiar—. Además, una parte significativa de los ingresos de EM&E depende de proyectos conjuntos con Indra y contratos otorgados por el Ministerio de Defensa.
La salida y dimisión de hasta cinco consejeros el pasado año dilató la fusión, que el presidente quería haber llevado a cabo antes del pasado verano. Tras varios retrasos, el órgano de gobierno de la compañía cotizada acordó en diciembre que la potencial integración tendría sentido estratégico, pero que no se podía llevar a cabo hasta que se auditasen las cuentas de Indra y de EM&E.
En la práctica, se trataba de una patada hacia delante para no aprobar en ese momento la transacción, que a los hermanos les proporcionaría más de 2.000 millones de euros (en acciones de Indra, en dinero o en una combinación de ambas), en un momento en el que el Gobierno ya empezó a dudar sobre si debía seguir apoyándola.
Aunque Moncloa fue la impulsora de la fusión en una primera fase, el conflicto de interés y las denuncias de algunos accionistas minoritarios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) llevó a la SEPI a echar el freno. Un cambio de postura que se escenificó cuando, en el consejo de administración de enero, Belén Gualda, la presidenta del ente público, que no estaba presente en la sala, llamó por teléfono a De los Mozos y le hizo salir de la reunión para pedirle que no continuase con el planteamiento de la fusión tras ser avisada por WhatsApp por uno de los tres representantes del Ejecutivo en el consejo, que sí estaban presentes.
El consejero delegado, que apoya la integración al considerar que tiene sentido de Estado ante la coyuntura bélica actual, ya ha comunicado a varios accionistas las alternativas para sortear la oposición de Moncloa. Pero debe ponerlas oficialmente encima de la mesa en la próxima reunión del consejo, fijada para el 25 de marzo, información que ha llegado a conocimiento de De la Rocha y por la que le pidió esta semana una cita urgente.
Puestos en juego
Otras fuentes indican que el Gobierno ya ha tomado una decisión para acabar de una vez por todas con esta situación interna que, según algunos representantes de los accionistas, está perjudicando a la gestión de Indra. De hecho, agregan que en los próximos días, antes del próximo 25 de marzo, podría mover ficha para resolver este conflicto entre los Escribano, la SEPI y el propio De los Mozos, que también ha transmitido a Moncloa su intención de dimitir si no se resuelve este fuego cruzado.
Según otras fuentes, De la Rocha pidió a De los Mozos que fuera él quien diera el paso en el órgano de gobierno de la compañía para promover el relevo del actual presidente. Pero el número dos de la multinacional de defensa y tecnología esgrimió que esa cuestión tan delicada le correspondía a la SEPI como primer accianista
El mandato del consejero delegado vence el próximo mes de mayo. Pero dos meses antes, es decir, en la próxima reunión del consejo de Indra, tiene el deber de informar si opta por no continuar en su cargo. Es decir, De los Mozos, un ejecutivo reconocido por sus años como alto directivo de Renault en Francia y el encargado de hacer la fusión —ya que Escribano debe abstenerse por el conflicto de interés—, podría comunicar que deja sus funciones en menos de quince días.
Al Gobierno, que tiene el 28% del capital, le gustaría que Ángel Escribano renunciase a la presidencia de Indra para facilitar la compra de su empresa y suavizar la oposición de algunos consejeros dominicales, como SAPA, dueña del 8%, y de otros independientes. Pero el empresario madrileño considera que su liderazgo es crucial para el futuro de la compañía, dado que es el verdadero especialista en el sector de la defensa.
Escribano ha hecho caso omiso de los mensajes mandados desde Moncloa, incluidos los que el propio De la Rocha le transmitió en persona cuando le pidió que se reuniera con él en Moncloa el pasado 4 de febrero. La disputa, según varias fuentes, se va a resolver en breve.
El Gobierno ha movido ficha para resolver la compleja situación que ha generado en Indra el intento de absorción de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar de su presidente ejecutivo, Ángel Escribano. Según aseguran fuentes del sector, Manuel de la Rocha, la mano derecha de Pedro Sánchez en asuntos económicos, ha convocado esta semana a José Vicente de los Mozos, consejero delegado del grupo, a una reunión secreta en Moncloa para valorar las posibles salidas a este conflicto, con la salida del propio Escribano del consejo de administración.