Ofensiva de los acreedores de Duro Felguera para frenar una quita del 100% de su deuda

El agónico proceso de reestructuración de Duro Felguera va llegando a su fin. El Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Oviedo, que tramita el procedimiento, ha citado a la compañía y a sus acreedores los próximos 23 y 24 de abril para celebrar la vista antes de decidir si homologa o no el plan de reestructuración presentado por la constructora asturiana para evitar la entrada en concurso de acreedores, según consta en la documentación judicial a la que ha tenido acceso El Confidencial.

La constructora asturiana presentó 'in extremis' un plan de reestructuración después de que el juez mercantil rechazase concederle una cuarta prórroga extraordinaria para alcanzar un acuerdo con sus acreedores y evitar entrar en concurso de acreedores. Fue entonces cuando la compañía, el pasado mes de octubre, presentó un plan que afecta a un total de 2.056 millones de deuda.

El plan de reestructuración agrupa a cinco sociedades del grupo Duro Felguera. En todas ellas, los acreedores han sido divididos entre una y 10 clases diferentes. Los cinco planes prevén que solamente recibirán pagos los acreedores incluidos en la clase de créditos privilegiados —los bancos que tienen créditos con garantías reales y algo de crédito público—, mientras que los créditos ordinarios, tanto contingentes como no contingentes, así como los de intereses, sufrirán una quita del 100 %.

En este paquete de créditos a exonerar también se incluyen los derivados de una decena de litigios y arbitrajes en los que está inmersa la compañía y que suman 980 millones de euros en potenciales indemnizaciones. El más relevante, sin duda, es el arbitraje que tiene con la argelina Sonelgaz por valor de 410 millones.

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A modo de ejemplo, la sociedad Duro Felguera registra una deuda a reestructurar de 1.404 millones de euros. Con el planteamiento de la compañía, Duro Felguera solo deberá abonar créditos correspondientes a 11,8 millones de euros, aproximadamente. Los 1.280 millones de euros recogidos en la clase 4, la de créditos ordinarios contingentes, se evaporarían ante una eventual homologación.

En la segunda sociedad del grupo, Calderería Pesada, la deuda total asciende a 155 millones de euros, pero solamente se abonarían los créditos de la primera clase, que ascienden a 12.080 euros. En el caso de su filial Mompresa, la deuda suma 132 millones de euros y la compañía propone librarse de toda la deuda excepto de 622.890 euros de créditos privilegiados.

La cuarta sociedad a reestructurar, Operaciones y Montajes, registra 201 millones de deuda y, de nuevo, el montante que se salvaría de la quita es mínimo: 13.856 euros. Por último, Energy Storage, con 161 millones, reestructurará solo 4,8 millones y el resto sufrirá una quita total si se homologa el plan.

Es decir, toda la deuda afectada por el plan de reestructuración de Duro Felguera asciende a 2.056 millones de euros, de los cuales la compañía solo va a reestructurar como tal 17,34 millones. El resto, 2.039 millones, desaparecerán. En porcentaje, Duro Felguera solo pagaría el 0,85 % de su deuda si logra la homologación de su plan de reestructuración.

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Una decena de acreedores, entre los que se encuentran RSB Advisors, Asturfluid, Aerzen Ibérica, General Electric, Luongo Consulting, Scafom, Zgounder Mining, Romgaz —el mayor productor de gas de Rumanía— y WWTECH, han presentado en las últimas semanas una batería de escritos en los que se oponen a la homologación del plan de reestructuración y cuestionan que el rescate de la SEPI a Duro Felguera no forme parte del plan y se haya dejado fuera.

No todos los acreedores argumentan lo mismo en sus impugnaciones, pero en suma defienden que se han incumplido los requisitos de comunicación del plan, una defectuosa formación de clases, que el plan es inviable y es más favorable ir a concurso, así como la vulneración de la regla de prioridad absoluta.

Este último motivo es especialmente relevante (y espinoso) porque hasta la fecha no hay tantos precedentes judiciales sobre esta regla. Sobre el papel, la ley dice que si los acreedores sufren quitas, como es el caso, los socios de la compañía no pueden salir indemnes y también deben sacrificarse. No obstante, la ley también prevé una excepción a esa regla en los casos en los que se considera que el mantenimiento de los socios "sea imprescindible para asegurar la viabilidad de la empresa y los créditos de los acreedores afectados no se vean perjudicados injustificadamente".

Hasta la fecha, los precedentes judiciales más sonoros en los que se ha concedido esta excepción han sido los de Transbiaga —aunque luego el plan fue inviable— y el de la papelera J. Vilaseca. El siguiente caso podría ser el de Duro Felguera si el juez considera que la excepción a la regla también puede aplicarse en este caso.

La SEPI se queda fuera

Otro de los motivos que impugnan los acreedores es la indebida exclusión de la SEPI del plan de reestructuración. El 'holding' estatal rescató a Duro Felguera en 2021 con un crédito de 130 millones de euros que se ha quedado fuera de la reestructuración y que se ha renegociado fuera del juzgado para alargar su vencimiento hasta 2035.

En un escrito presentado a finales de enero al que también ha tenido acceso este medio, la Abogacía del Estado, en defensa de la SEPI, señala al juzgado que el préstamo concedido es un crédito público, por lo que no puede someterse como tal a un plan de reestructuración (solo con limitaciones). También rechaza, como señalan algunos acreedores, que se trate de un crédito subordinado —que sufriría una quita del 100 %— y recuerda que en la práctica el préstamo ya ha sido reestructurado dado que ha habido que hacer un nuevo calendario de pagos con Duro Felguera el año pasado.

Por último, la SEPI advierte: la recalendarización de su deuda con Duro Felguera está condicionada a que la homologación salga adelante. Si el juez no homologa el plan, el crédito de la SEPI recuperará sus antiguas condiciones y vencimientos, mucho más exigentes. Dada la elevada dependencia que tiene el grupo constructor de esta financiación, la no homologación del plan supondría casi con toda seguridad su entrada en concurso de acreedores.

La solicitud de homologación se está tramitando con contradicción previa. Eso significa que los acreedores tienen derecho a pronunciarse antes —como han hecho— y la resolución que dicte el juez será firme y no podrá recurrirse ante la Audiencia Provincial.