Mediapro vende edificios para financiar el ERE, convencer a Pimco y superar la crisis

Mediapro sigue aplicando a marchas forzadas su plan de reestructuración para volver a ser rentable. Tras anunciar la salida de una veintena de directivos y un expediente de regulación de empleo (ERE) para 250 empleados en España, la productora audiovisual ha traspasado su base operativa en Getafe, donde tiene la mayoría de sus unidades móviles. La compañía dirigida ahora por Sergio Oslé y Carlos Núñez ha firmado un acuerdo de venta y posterior alquiler con Comête, compañía francesa propiedad del fondo Alderan, uno de los operadores inmobiliarios que más fuerte está apostando por España.

Según aseguran fuentes del sector, Mediapro ha suscrito lo que se conoce como un 'sale and lease back' o venta para continuar como inquilino del centro logístico ubicado en el parque empresarial Carpetana. Allí, la productora fundada por Jaume Roures y Tatxo Benet tiene las sedes de Eumóvil, Mediamóvil, Overon y Unitecnic, las filiales que gestionan su red de unidades móviles. La compañía cuenta con casi un centenar de vehículos para producir retransmisiones, algunas de las cuales han sido también vendidas a terceros.

El comprador es Comête, una sociedad de inversión inmobiliaria propiedad del fondo galo Alderan. Este vehículo de inversión en 'real estate' gestiona unos 2.200 millones de euros y en España ya ha protagonizado varias operaciones desde su lanzamiento en 2024. El pasado año se hizo con el Parque Tecnológico de Siemens, con una superficie de oficinas de 18.350 metros cuadrados y otros 3.100 metros adicionales para uso logístico, junto con 428 plazas de garaje.

A su vez, la firma, cuyas operaciones en España las gestiona Athol, adquirió otro complejo logístico en Daganzo, a las afueras de Madrid, con una superficie de 7.181 metros cuadrados, donde está situada Meydis, una empresa que ofrece servicios de marketing directo.

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Agustín Marco

Fuentes del sector han declinado dar cifras sobre la venta de este activo por parte de Mediapro, cuyos nuevos gestores han tomado medidas urgentes desde que se hicieron con las riendas de la multinacional española el pasado 1 de enero. Con el fin de darle la vuelta a los números, tras las pérdidas de los últimos años, Oslé, presidente, y Núñez, consejero delegado, han aplicado un plan de ahorro de costes que ha incluido anular el alquiler de un palacete en el centro de Madrid que servía de oficina de representación, el cierre de algunos negocios, como los 'videogames', y el alquiler de miles de metros cuadrados de edificios en propiedad que estaban sin utilizar.

Pero, sobre todo, el despido de una buena parte de la anterior cúpula directiva, la suspensión del pago de bonus y un ERE para cerca de un 10% de la plantilla en España. Con la venta de activos, el expresidente de Movistar+ y el exdirector de PRISA Media buscan obtener dinero fresco para, precisamente, financiar el coste de las indemnizaciones, que, según algunos cálculos internos, superan los 30 millones de euros.

Pendiente de Pimco

De esta forma, Oslé y Núñez pretenden demostrar a Orient Hontai, el dueño chino de Mediapro, que la compañía puede volver a la rentabilidad sin necesidad de una nueva aportación de capital. Porque el fondo asiático, que en 2018 pagó 900 millones por el 56% de la productora con sede en Barcelona, ya inyectó otros 620 millones en 2022 para superar los efectos de la pandemia. Una ampliación de capital que permitió reducir la deuda a cerca de 500 millones de euros.

Sin embargo, la pérdida de varios contratos relevantes, como la producción de la liga de fútbol, y los gastos desmedidos, incluido un desembarco en Estados Unidos por todo lo alto, han provocado que la facturación se haya reducido en casi un 50% y el beneficio de explotación se haya desplomado de forma significativa. Una coyuntura que ha llevado a Moody's a colocar su nivel de solvencia en bono basura y a advertir sobre su viabilidad.

Los dos nuevos gestores han diseñado un plan para sacar adelante Mediapro autofinanciando la reestructuración, siempre que Pimco, su principal acreedor, acceda a darle un año de prórroga al incumplir ciertas cláusulas ('covenants' en la jerga corporativa) del contrato de financiación.