Tubos Reunidos explora su venta a Sidenor en una operación "a la vasca"

El tiempo se le echa encima a Tubos Reunidos. La siderúrgica vasca, participada por la familia Ybarra, atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. La compañía acumula una deuda de 263 millones de euros, mantiene al Estado entre sus principales acreedores tras el rescate público de 2021 y negocia con los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 301 trabajadores, casi una cuarta parte de su plantilla. A este escenario se suma el impacto de los aranceles que Estados Unidos (EEUU) ha impuesto a la importación de acero, una medida que ha terminado de estrangular sus perspectivas de negocio.

En este contexto, la empresa ha abierto discretamente un proceso para explorar alternativas para salvar la situación y evitar la quiebra. Con el asesoramiento del banco de inversión Lazard, Tubos Reunidos lleva tiempo sondeando el mercado en busca de un comprador industrial capaz de aportar estabilidad financiera y un proyecto de futuro.

Fuentes consultadas por El Confidencial señalan que, entre los candidatos, se han producido contactos informales con el empresario Dámaso Quintana, que ha comprado la quebrada Vicinay y la compañía Tubacex. No obstante, entre los contactos más relevantes está el de Sidenor y su presidente, José Antonio Jainaga. Desde Sidenor niegan a este diario que haya ningún tipo de negociación para comprar la compañía.

Aun así, uno de los principales bloqueos de la transacción es el préstamo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Fuentes financieras señalan que los potenciales interesados piden aplicar quitas sobre la deuda que mantiene el Estado en la compañía, algo que no se ha hecho hasta ahora, o que el Gobierno aporte financiación adicional que permita aliviar su estructura financiera. Esta fórmula ya se ha utilizado en la operación de Talgo, donde, como adelantó este periódico, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) preparó una inyección adicional de hasta 100 millones de euros en el marco de la refinanciación de la empresa ferroviaria.

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El presidente de Sidenor lleva desde 2020 defendiendo la necesidad de consolidar el sector siderúrgico español. En aquel momento propuso crear una plataforma entre con el objetivo de montar un gran grupo del acero capaz de competir a escala internacional. La iniciativa no prosperó entonces, pero la actual crisis de la tubera ha reabierto el debate sobre la concentración del sector.

La situación financiera de Tubos Reunidos es delicada. La empresa cerró el último ejercicio con pérdidas superiores a 70 millones de euros y un resultado operativo negativo, en un contexto de fuerte caída de la demanda global de acero. Durante años, casi la mitad de sus ventas procedían del mercado estadounidense, lo que ha incrementado el impacto de los aranceles aprobados por la administración de Donald Trump, que elevó hasta el 50% el gravamen sobre determinados productos siderúrgicos importados.

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A este factor se suman otros elementos que han deteriorado su competitividad: los elevados costes energéticos en España, el incremento de los costes laborales, la competencia de productores de bajo coste y la depreciación del dólar. El resultado ha sido un deterioro continuado de sus cuentas en la última década.

El plan de viabilidad presentado por la empresa contempla una profunda reestructuración. Además del ERE para 301 empleados, la dirección ha planteado la interrupción progresiva de la actividad de la acería de Amurrio (Álava) y la externalización de parte de los procesos productivos para adaptarlos al nivel actual de demanda. La negociación con los sindicatos sigue abierta, con propuestas que incluyen prejubilaciones desde los 59 años e indemnizaciones superiores a las mínimas legales.

En paralelo a estas tensiones laborales, la compañía también ha introducido cambios en su gobierno corporativo. A comienzos de año nombró presidente no ejecutivo a Joaquín Fernández de Piérola, ex consejero delegado de Abengoa, en sustitución de Josu Calvo. El relevo se produce en un momento de elevada incertidumbre y se espera con él poder reconducir la situación.

Salpicado por la trama de Leire Díez

El nombre de Tubos Reunidos también ha aparecido en la investigación sobre la presunta trama de comisiones vinculada a la obtención de ayudas públicas de la SEPI. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si la consultora Leire Díez, junto con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso, actuó como intermediaria para facilitar el rescate público de 112,8 millones de euros concedido a la siderúrgica en 2021.

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El caso, que sigue bajo investigación judicial, ha añadido presión sobre la compañía y ha provocado tensiones entre algunos de sus accionistas históricos. En particular, como adelantó este periódico, dentro de la familia Ybarra —uno de los linajes empresariales tradicionales vinculados a la empresa— se ha abierto un cisma sobre la conveniencia de mantener su participación del 7% en el capital, después de que uno de sus miembros, Santiago Ybarra, hermano de Emilio Ybarra, haya planteado la venta de ese paquete accionarial ante el impacto del escándalo.

Ultraactividad del Gobierno vasco

Mientras tanto, el Gobierno vasco mantiene una intensa actividad institucional para tratar de encontrar una solución industrial que garantice la continuidad de la compañía y preserve el empleo en la comarca alavesa de Ayala, uno de los territorios más afectados por el proceso de desindustrialización de las últimas décadas.

En este contexto, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha reclamado al Ejecutivo central una mayor implicación en la resolución de la crisis y ha planteado la posibilidad de revisar o flexibilizar las condiciones del préstamo concedido por la SEPI en 2021, cuyo peso financiero dificulta la entrada de nuevos inversores.

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Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo autonómico, que en los últimos meses ha mostrado una mayor disposición a participar en operaciones empresariales consideradas estratégicas para el tejido industrial vasco, siguiendo una lógica más identitaria que financiera.

Una de las transacciones más relevantes fue la entrada de Sidenor, junto con la SEPI y el Gobierno vasco, en el capital del fabricante ferroviario Talgo, una operación que puso fin a más de dos años de incertidumbre accionarial. En paralelo, un consorcio formado por Kutxabank, el Gobierno vasco y varias fundaciones bancarias formalizó la compra de Ayesa Digital por unos 480 millones de euros, una transacción que permitió el retorno a Euskadi del centro de decisión de la antigua Ibermática.

El frente judicial por vender a Israel

En este contexto de creciente protagonismo empresarial, Jainaga se ha convertido en una de las figuras más activas del ecosistema económico vasco. No obstante, en los últimos meses también se le ha abierto un frente judicial relevante. La Audiencia Nacional investiga al empresario y a otros dos directivos por un presunto delito de contrabando y complicidad en delitos de lesa humanidad o genocidio en relación con la venta de acero a la compañía israelí Israel Military Industries, fabricante de armamento pesado y ligero.

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A pesar de que la compañía defiende que sus ventas a Israel se realizaron dentro de la legalidad, en el marco de esta causa, agentes de la Policía Nacional registraron el pasado mes de febrero la sede de Sidenor en Basauri (Bizkaia) en busca de documentación.

Jainaga ya había declarado ante el juez instructor en noviembre, cuando defendió que las operaciones se realizaron en un momento en el que no existía ninguna prohibición para llevarlas a cabo y que el acero exportado no estaba catalogado como material de doble uso ni sujeto a autorización previa.