El Gobierno contacta con las energéticas para analizar el impacto del choque con Trump

Una semana después de los bombardeos en Irán y del estallido de una grave crisis en Oriente Medio, España afronta dos frentes de riesgo. Por un lado, el alza de los precios que podría provocar el bloqueo del estrecho de Ormuz y los daños a su infraestructura energética. Por otro, que el malestar de EEUU con el Gobierno derive en un problema comercial con uno de sus principales socios, cuyas principales exportaciones a nuestro país son precisamente energéticas. Este segundo escenario es el que más preocupa en las conversaciones que se han abierto entre el Ejecutivo y las grandes compañías eléctricas y gasistas españolas.

Los ministerios de Industria, Transición Ecológica y Economía, junto con la Oficina Económica de Moncloa, han entablado conversaciones estos días con patronales y empresas como Naturgy, Enagás, Repsol, Moeve, Iberdrola o Endesa ante la exposición existente a los hidrocarburos estadounidenses. Según fuentes conocedoras, se considera "poco probable" un escenario de ruptura de contratos de suministro de gas o petróleo, ya que se trata de acuerdos blindados por el derecho internacional, pero no se descartan distorsiones en un suministro clave para el sistema energético español.

Los expertos en regulación y asesores de estas compañías han trasladado preocupación, especialmente por el suministro de gas. Mientras que Qatar y el resto de países de Oriente Medio ya representan menos del 1%, EEUU es el segundo proveedor de gas de España. El 31% del gas consumido procede de ese país, solo por detrás de Argelia, que aporta el 34%, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). Según el análisis trasladado al Gobierno, en una eventual escalada diplomática, el presidente de EEUU, Donald Trump, podría utilizar el marco regulatorio de las exportaciones de gas natural licuado (GNL) como instrumento de presión indirecta.

Para exportar gas desde EEUU, las empresas deben obtener dos autorizaciones. Una de la Federal Energy Regulatory Commission para construir y operar las instalaciones de licuefacción y carga en buques metaneros, y otra del United States Department of Energy para autorizar la exportación del producto. En el caso de países que no cuentan con un tratado de libre comercio con EEUU —como España y el resto de la Unión Europea— el Departamento de Energía debe determinar previamente si la exportación responde al “interés público”, conforme a lo establecido en una ley de 1938 denominada Natural Gas Act.

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Este requisito otorga cierto margen de maniobra al Ejecutivo estadounidense, que podría retrasar autorizaciones, someter proyectos a revisiones más estrictas o priorizar exportaciones hacia países con acuerdo de libre comercio, para los que la ley obliga a conceder los permisos sin demoras. Aunque sería jurídicamente complejo bloquear directamente el suministro a España, el sistema permitiría influir en el destino del GNL estadounidense y enviar señales regulatorias al mercado, reduciendo potencialmente la disponibilidad de cargamentos para España en un contexto de tensión diplomática.

"Monitorizamos la situación"

En cualquier caso, fuentes empresariales califican como "remota" una escalada de este tipo. Si llegara a materializarse una limitación del suministro del 31% del gas que llega a España desde EEUU, las alternativas pasarían por reforzar contratos con proveedores del norte de Europa, como el caso de Noruega, y acudir al mercado internacional para sustituir ese volumen en un momento de alza de precios.

“Estamos en permanente contacto”, explican desde una de las grandes energéticas. “Monitorizamos la situación al minuto, como corresponde al momento que vivimos y al hecho de ser una empresa estratégica”.

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Aunque un problema de suministro se considera improbable —como el que sufrieron Alemania o Polonia tras la invasión rusa de Ucrania—, el sector sí da por hecho que la crisis en Oriente Medio provocará tensiones en los mercados energéticos y nuevas subidas de precios, que podrían agravarse si la relación con EEUU se deteriora. La CEOE (donde están representadas estas empresas) ha intervenido también en el debate, pidiendo públicamente a Moncloa “reconducir esta situación” con la Administración Trump.

El sector energético advierte en sus conversaciones con el Gobierno que países como India o China ya están reactivando centrales de carbón ante el encarecimiento del gas. Por ello, piden preparar medidas de contingencia, como los descuentos extraordinarios a los carburantes aplicados en Portugal si el precio del combustible sube más de diez céntimos en una semana. “De momento, el precio no deja de subir y no sabemos cuándo se va a parar”, señala un directivo del sector. “Hemos tendido la mano para activar todas las alternativas”.

Experiencia de 2022

Fuentes gubernamentales confirman que existen contactos con estos sectores, pero no han empezado ahora por la excepcionalidad de la situación. Es algo que se viene haciendo, de manera periódica, desde la crisis energética causada por el ataque de Rusia a Ucrania en 2022.

“Se está haciendo un seguimiento directo para poder anticipar efectos negativos en la economía, en el ámbito industrial y en el social, en el caso de que llegaran a producirse”, detallan las mismas fuentes. “En ese caso, estamos preparados por si tenemos que desplegar medidas de apoyo a empresas y ciudadanos igual que hicimos en 2022”, añaden.

A raíz de este nuevo conflicto internacional, concretamente, el Ministerio de Industria mantiene interlocución con todos los sectores industriales que puedan verse afectados por las diferentes repercusiones del conflicto en Irán. En concreto, este jueves hubo una reunión del grupo de trabajo de bienes de equipo y material eléctrico, y la semana que viene ocurrirá lo mismo con el sector químico. Una ronda de contactos que se espera que sea recurrente durante las próximas semanas.