Los supermercados ultiman sus demandas por las pérdidas sufridas durante el apagón

El próximo 28 de abril se cumple un año del apagón que dejó a España sin electricidad durante unas doce horas. Ese mismo día vence el plazo legal para reclamar ante la justicia por los daños económicos ocasionados por este incidente histórico y algunas cadenas de supermercados ya ultiman sus demandas, como confirman fuentes jurídicas. Concretamente, aquellas que se vieron obligadas a cerrar sus tiendas por no disponer de grupos electrógenos que les permitiesen operar con normalidad.

Durante aquel fatídico lunes, entre las compañías de distribución forzadas a bajar la persiana en la mayoría de sus establecimientos estuvieron DIA, Lidl, Caprabo o Ahorramás. Sin electricidad, no solo tuvieron que dejar de vender por no poder cobrar en caja, sino que prácticamente todo el género refrigerado y congelado que tenían en las cámaras se echó a perder. Todas estas cadenas de supermercados han declinado hacer comentarios sobre esta información.

El problema que explica por qué están tardando tanto es que el escenario jurídico sigue marcado por la incertidumbre. A día de hoy, ninguno de los análisis oficiales ha señalado con claridad a los responsables del apagón. El informe del Gobierno (judicializado por Iberdrola y Endesa, entre otros) se limitó a reconstruir lo ocurrido y el estudio impulsado por los reguladores europeos tiene un carácter técnico que tampoco busca atribuir culpables.

Tampoco la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) parece que vaya a despejar esa incógnita. El organismo que preside Cani Fernández se ha centrado en investigar posibles incumplimientos de la normativa eléctrica, lo que podría derivar en expedientes sancionadores contra algunas instalaciones o contra el operador del sistema. Sin embargo, el supervisor ha descartado elaborar el informe general sobre responsabilidades que muchos afectados esperaban utilizar en los tribunales.

Muchos despachos aguardaban las conclusiones del informe de la CNMC para apoyarse en ellas ante los jueces

Esta situación complica la estrategia de quienes preparan reclamaciones, como los grupos de distribución. Fuentes jurídicas explican que muchos despachos aguardaban las conclusiones del regulador para apoyarse en ellas ante los jueces. Ante la posibilidad de que ese documento no llegue o no aclare la causalidad del incidente, los afectados están analizando ya las distintas vías para reclamar los daños. La estrategia legal es disparar contra todos, pero cada compañía de manera individualizada, descartando procesos colectivos.

La principal vía es la extracontractual, que permite exigir responsabilidades incluso a empresas con las que no existe una relación comercial directa. Este camino ofrece más margen en un caso con múltiples actores implicados, aunque tiene un límite importante. El plazo para presentar la reclamación es de un año desde el apagón y expira el próximo 28 de abril.

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Existe también la vía contractual. Amplía el plazo hasta cinco años, pero restringe la reclamación al incumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato concreto. En la práctica permitiría dirigirse contra la comercializadora por no haber prestado el suministro contratado. En un apagón generalizado, sin embargo, este enfoque puede dejar fuera otros factores que hayan contribuido al fallo del sistema.

Los juristas consultados advierten además de otro obstáculo. Incluso si la CNMC acaba sancionando a determinadas instalaciones por incumplimientos técnicos, eso no implica necesariamente que esos fallos expliquen el apagón que afectó a todo el sistema eléctrico. Ante la falta de un responsable claro, las cadenas de supermercados afectadas exploran distintas estrategias para intentar recuperar parte de las pérdidas.

Impacto del apagón en los 'súper'

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) estimó de manera conservadora que el impacto del apagón entre sus asociados fue de 53 millones de euros. En sus cálculos incluyó principalmente el agujero económico que provocó la retirada de alimentos que dejaron de ser aptos para el consumo al romperse la cadena de frío. Aunque la cifra es claramente superior si además se tiene en cuenta que no pudieron vender lo habitual para un día laborable.

Entre las compañías de distribución forzadas a bajar la persiana en sus establecimientos estuvieron DIA, Lidl, Caprabo o Ahorramás

Aquel capítulo sirvió para que todas las cadenas desarrollasen planes de contingencia para operar con normalidad ante un suceso similar. Mercadona, Carrefour o El Corte Inglés ya estaban preparados y pudieron permanecer abiertos durante el apagón, funcionando con grupos electrógenos que generaban electricidad de manera independiente para mantener la luz, además del frío en las neveras y congeladores. De hecho, vivieron un repunte excepcional de las ventas de platos preparados.

Los generadores estaban instalados en los establecimientos de mayor superficie, mientras que las compañías cuya red está compuesta por tiendas más pequeñas no estaban preparadas para un 'fundido a negro' de doce horas. No obstante, aquellos que permanecieron abiertos también incurrieron en gastos adicionales a una jornada de normalidad, por el combustible destinado a mantener activos los grupos electrógenos.