El administrador de Urbas fuerza la vuelta del auditor y alerta del agujero en las cuentas

Urbas, en pleno preconcurso de acreedores, con cerca de 300 millones de deuda y rodeada de un creciente polvorín legal de demandas cruzadas, afronta un nuevo giro. La administración concursal —integrada por Auren y el despacho Kepler-Karst— ha pedido al juez que revoque el nombramiento del nuevo auditor y fuerce la vuelta del anterior, A Worldwide Audit Assurance España (AWW). La decisión llega en un momento especialmente delicado para la constructora, con la cotización suspendida desde hace seis meses, más de 270 acreedores en el proceso y múltiples procedimientos abiertos en los tribunales. El juez ha dado tres días a las partes del procedimiento para que se pronuncien sobre este asunto antes de decidir.

El movimiento se produce además la misma semana de la vista de medidas cautelares celebrada este martes en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid. Como adelantó El Confidencial, fue el propio auditor cesado quien recurrió judicialmente su destitución, aprobada por la junta de accionistas del pasado 30 de diciembre, y solicitó suspender su cese. Todo ello mientras, en paralelo, la Audiencia Nacional ha iniciado el juicio por las presuntas irregularidades en la ampliación de capital de 2015 que afecta a la cúpula histórica del grupo.

Según los documentos entregados por el administrador, en ellos, la firma, a través de sus abogados, Uría Menéndez, sostiene que su salida se produjo después de que se volviera 'un auditor incómodo' por hacer su trabajo con rigor, en particular tras detectar operaciones sospechosas que, según su escrito, podrían implicar una distracción de activos en una compañía ya inmersa en un procedimiento concursal y con un pasivo que ronda los 270 millones.

Como ya adelantó este periódico, el origen del choque entre la compañía y su auditor se remonta a la gestión de la autocartera del grupo. El detonante fue la desaparición de 1.598 millones de acciones propias, un movimiento detectado durante la revisión de las cuentas y que el auditor no logró aclarar con la información facilitada por la compañía.

Esos títulos fueron dados de baja del balance en la información remitida a la CNMV correspondiente al segundo semestre de 2024. Urbas sostuvo posteriormente que el ajuste no tenía impacto patrimonial, pero no pudo explicar de forma concluyente la trazabilidad ni el destino final de las acciones. La situación abrió un frente con el supervisor bursátil, que obligó a la compañía a encargar a Deloitte un informe 'forensic' contable para analizar posibles irregularidades y amplió posteriormente el perímetro de la investigación a ejercicios anteriores.

La administración concursal respalda ahora su regreso por razones esencialmente prácticas y económicas. Según explica al juez, el auditor ya tiene prácticamente terminado su trabajo sobre las cuentas de 2024: el encargo está ejecutado en torno al 85%. Hasta la fecha ha cobrado unos 518.000 euros correspondientes a los últimos dos años y solo quedarían pendientes unos 126.000 euros, que el propio auditor ha aceptado convertir en crédito concursal dentro del procedimiento.

El nuevo auditor costaría 715.000 euros más

La auditora designada por Urbas, Crowe, tendría que empezar el trabajo desde cero y el coste estimado del encargo asciende a 715.000 euros adicionales, una cifra que la administración considera difícilmente asumible para una compañía que, según su propio análisis, carece de liquidez.

Como ya adelantó El Confidencial, esta firma asumió el año pasado la auditoría del Fútbol Club Barcelona tras la ruptura del club con Grant Thornton, que se negó a firmar las cuentas sin salvedades por sus dudas sobre una operación financiera de más de 400 millones de euros impulsada por la directiva de Joan Laporta.

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Según los documentos judiciales consultados por este diario, las cuentas bancarias de Urbas presentan un saldo agregado negativo de algo más de 2.000 euros, una posición de tesorería poco frecuente para una empresa cotizada. La documentación también apunta a que la matriz lleva años sin liquidez suficiente para atender sus obligaciones y que distintos pagos —incluidos los del propio auditor— se han realizado desde filiales del grupo.

Ese funcionamiento, según el escrito, refleja una operativa de 'caja única' y una fuerte confusión patrimonial dentro del grupo. De hecho, las facturas por los trabajos de auditoría de la matriz se pagaron desde sociedades como Financial Management Resources Urbas o Guadahermosa Proyectos Urbanísticos 2001.

Formularon las cuentas 9 meses fuera de plazo

La administración concursal también pone el foco en el calendario contable de la compañía. Las cuentas anuales de 2024 fueron formuladas por el consejo el 30 de diciembre de 2025, nueve meses después del plazo legal para hacerlo, que expiraba el 31 de marzo de ese mismo año.

A todo ello se suma la situación registral de la sociedad, cuya hoja en el Registro Mercantil se encuentra actualmente cerrada, otro síntoma del bloqueo administrativo que rodea a la compañía. Fuentes de la compañía matizan por su parte que el mandato al que renunciaría Crowe ahora -en el supuesto de que el juez acepte- no afecta a las cuentas de 2025, 2026 y 2027 y solo afectaría al holding de la compañía. Aunque lo normal en auditoría es que una sola firma audite el holding y las filiales.

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La compañía asegura a este periódico que ha solicitado al juzgado que requiera a Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para que compruebe si el socio de A Worldwide encargado de auditar a Urbas, tiene abierto algún expediente. El juez no entró en el fondo de esa petición. Afirmando que no era el momento ni el lugar de hacer esa petición.

El conflicto con el auditor se enmarca además en un escenario mucho más amplio de litigios y tensiones internas. En su recurso judicial, la firma cesada detalla distintos episodios detectados durante su trabajo, desde la desaparición de acciones en autocartera hasta la supuesta manipulación de actas de la comisión de auditoría o la identificación de operaciones que acabaron siendo denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes consultadas señalan que con este panorama, la administración concursal considera que forzar el regreso del auditor original es la opción más razonable para terminar la auditoría en marcha, evitar duplicar costes y proteger el interés de los acreedores en un concurso que se perfila como uno de los más complejos que ha afrontado el mercado español en los últimos años.

El juicio por la ampliación de capital de 2015

En paralelo a la crisis societaria y al conflicto con el auditor, Urbas afronta estos días otro frente en la Audiencia Nacional. El tribunal ha iniciado el juicio por las presuntas irregularidades en la ampliación de capital realizada en 2015, una operación valorada en 384 millones de euros que sentará en el banquillo al actual presidente del grupo, Juan Antonio Acedo, a su antecesor, Juan Antonio Ibáñez, y a una docena de acusados más.

En la primera sesión del juicio ya se ha producido el primer movimiento relevante. Uno de los acusados, Tomás Alarcón, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que el ministerio público rebaja la petición inicial de cuatro años de prisión a solo tres meses de cárcel, tras aplicarle las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

Durante su declaración, Alarcón respaldó uno de los principales argumentos de la acusación al reconocer que las tasaciones utilizadas en la operación estaban 'infladas'. La causa, abierta a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción en 2017, investiga si la ampliación se ejecutó mediante la aportación de activos inmobiliarios presuntamente sobrevalorados de la sociedad Aldira Inversiones Inmobiliarias, en lugar de una inyección de capital en efectivo pese a la necesidad de liquidez que ya tenía entonces la compañía.

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Las sesiones también han dejado frentes técnicos relevantes sobre la valoración de los activos aportados a la ampliación. Los inspectores de la ONIF que han comparecido como peritos han defendido su tesis de que existió una sobrevaloración de los activos inmobiliarios de Aldira, aunque durante el interrogatorio admitieron que desconocían que la CNMV había dado por válidas en 2017 varias tasaciones independientes presentadas por la compañía para justificar el valor de esos activos.

Durante su testimonio también reconocieron que no tuvieron acceso a algunos informes de tasación incorporados posteriormente al expediente del supervisor bursátil ni a otros documentos aportados durante la causa para defender la valoración de los inmuebles. Por su parte, otros peritos han cuestionado la investigación inicial de la ONIF.

Fuentes del entorno de la compañía señalan que el debate pericial también ha puesto de relieve fuertes discrepancias en las valoraciones de los activos. En algunos casos, informes de la propia Agencia Tributaria situaban el valor del suelo muy por encima de las cifras utilizadas por la ONIF, con diferencias de hasta seis veces en determinados terrenos, lo que se ha convertido en uno de los ejes técnicos del juicio.