Los bonistas de Popular se libran de desvelar su inversión como pedía Santander

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se prepara para el macrojuicio contra el expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, doce directivos, PwC y dos de sus auditores, por las supuestas irregularidades en la ampliación de capital de 2016 de la entidad. El tribunal ha fijado la celebración de la vista oral entre el 19 de enero y el 30 de junio de 2027, con sesiones de martes a jueves cada semana, excepto del 22 de marzo al 4 de abril.

En una resolución fechada el 2 de marzo, a la que ha tenido acceso El Confidencial, el tribunal ha admitido casi toda la prueba relevante propuesta por las partes, aunque con matices. Por un lado, el tribunal ha rechazado la petición de Banco Santander de que los fondos bonistas, entre los que se encuentran Algebris y Anchorage, aporten la información relativa a su inversión y sus decisiones de inversión.

"En el detalle de los datos interesados no se aportan elementos ciertos que sustenten las reclamaciones de información solicitadas, que se refieren a hipótesis que se plantean por la solicitante, que enuncia 'los posibles correos electrónicos' o 'si han suscrito algún tipo de acuerdo con terceros'", apunta la resolución.

Por otro lado, el tribunal también desestima la petición de los bonistas de que Santander, el Banco Central Europeo (BCE), PwC, BBVA y la CNMV aporten nueva documentación, si bien no se especifica de qué documentación se trata. Tampoco ha atendido la petición de Ron de requerir a una notaría de Madrid para que remita una serie de protocolos notariales vinculados al consejo del banco, dado que los consejeros han sido citados a declarar como testigos y podrán dar las explicaciones oportunas.

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En el procedimiento, Ron está defendido por José Antonio Choclán; los bonistas cuentan con Quinn Emanuel y SLJ Abogados y Santander está en manos de Uría, entre otros asesores.

El juicio sobre el caso Popular y la posible responsabilidad de exdirectivos y auditores se celebrará en la primera mitad de 2027, entre el 19 de enero y el 30 de junio, con sesiones de martes a jueves semanalmente. Habrá sesiones en paralelo gracias a que se doblarán las salas en la Sección Segunda de la Audiencia Nacional.

La magistrada María Teresa García Quesada ha sido designada ponente de la causa. El tribunal lo completan Javier Ballesteros Marín y Ana Revuelta Iglesias. La instrucción previa del caso corrió a cargo del juez José Luis Calama.

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años y medio de cárcel y una multa cercana a los 250.000 euros para el expresidente del Popular Ángel Ron

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años y medio de cárcel y una multa cercana a los 250.000 euros para el expresidente del Popular Ángel Ron, y también para el exvicepresidente Roberto Higuera y para el exconsejero Jorge Oroviogoicoechea. También se reclama prisión por cuatro años a los exdirectores financieros Javier Moreno y Francisco Sancha, al exdirector de riesgos José María Sagardoy y al exdirector del departamento de Auditoría Jesús Arellano Escobar. Mientras que se solicita siete meses al exdirector de los servicios jurídicos Tomás Pereira y pena de año y medio a los que eran socios auditores de PwC, Pedro Barrio y José María Sanz Olmeda, ya fuera de la firma.

De forma paralela, los bonistas reclaman 1.474 millones. PIMCO, Algebris, Anchorage, Mediobanca y Polus piden esta cantidad a Santander, como responsable subsidiario del Popular, a PwC, y a las aseguradoras con las que tenía pólizas el auditor.

Popular fue resuelto el 9 de junio de 2017 por la Junta Única de Resolución (JUR). Las acciones y la deuda anticrisis (deuda subordinada e instrumentos AT1) pasaron a valer cero, y el banco fue adjudicado al Santander, único ofertante, por la cantidad simbólica de un euro. Santander hizo una ampliación de capital de 7.000 millones para absorber la entidad. Desde entonces ha habido numerosas demandas hacia la cúpula en la época de Ron, también contra Emilio Saracho, y contra las instituciones españolas y europeas que participaron. Pero lo que ha quedado es el juicio en la Audiencia Nacional, con la lupa en la ampliación de capital de 2016 y, por lo tanto, en los directivos que gestionaban entonces el banco, en Santander como responsable subsidiario y en PwC como auditor.