Telefónica eleva sus litigios fiscales en Brasil por encima de los 11.000 millones de euros

Por la idiosincrasia del negocio de las telecomunicaciones, que se desenvuelve en un entorno transfronterizo y muy regulado, Telefónica está acostumbrada a lidiar con conflictos tributarios en parte de los países donde opera. Sobre todo en Brasil, uno de sus principales mercados, donde arrastra litigios fiscales desde hace décadas, hasta el punto de acumular procesos abiertos por más de 11.300 millones de euros al cierre de 2025.

Todos estos conflictos fiscales están impugnados, bien sea por vía administrativa o habiendo dado ya el salto a la justicia ordinaria. Para defenderse y evitar el pago, la filial de Telefónica en Brasil cuenta con informes externos que refuerzan su posición. Teniendo en cuenta esos documentos y la opinión de asesores legales, la compañía traslada a los inversores que "estos contenciosos no afectarán de manera material a la situación financiera o a la solvencia del grupo".

El valor de esos pleitos que le enfrentan a la administración brasileña creció el año pasado. Concretamente, se elevó en un 25% respecto a los litigios estimados en 9.000 millones que tenía en el país latinoamericano a finales de 2024, de acuerdo con el informe financiero que la principal 'teleco' española depositó el pasado martes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se debe principalmente a que en Brasil hay muchos impuestos y una elevada litigiosidad. Según explican fuentes fiscales, las disputas tributarias en este país suelen prolongarse durante unos 18 o 20 años de media, lo que permite entender la situación en la que se encuentra Telefónica. Asimismo, destacan que las empresas tienen una elevada tasa de éxito, saliendo victoriosas en buena parte de estos procesos. Además, hace dos años se aprobó una reforma para simplificar la fiscalidad que también les es favorable.

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J. Melguizo

Así se explica que únicamente haya guardado en sus cuentas 325 millones de euros para afrontar los contingentes fiscales en este territorio. Es decir, cree que solo puede perder cerca del 3% de los procesos que tiene abiertos, sobre ese total de 11.300 millones. Aunque las provisiones en este mercado ascienden a 870 millones al incluir el remanente que también ha paralizado para encarar otras causas — de ámbito laboral, civil o regulatorio— cuyo desenlace desfavorable considera "probable".

Son estimaciones que considera "razonables". Aunque, de todos modos, advierte al mercado que "si una autoridad tributaria no está de acuerdo, podría enfrentarse a una responsabilidad fiscal adicional, incluyendo intereses y sanciones". Y en este punto no puede dar garantías de que cualquier pago que exceda sus perspectivas "no tenga un efecto adverso importante en los negocios del grupo, los resultados, la situación financiera y/o los flujos de caja".

Los litigios desgranados

En el informe financiero de 2025 desgrana esos litigios que mantiene en Brasil. La mayor parte —casi 6.200 millones— tienen que ver con dos tasas federales que gravan el beneficio empresarial: el Impuesto a la Renta de las Personas Jurídicas (IRPJ) y la Contribución Social sobre el Lucro Líquido (CSLL). Aquí destaca el conflicto sobre la amortización fiscal del fondo de comercio originado en las adquisiciones de Vivo y GVT y su posterior fusión con Telefónica Brasil.

El resto de los litigios que tiene allí pendientes ascienden a 5.100 millones y se corresponde con impugnaciones relacionadas con el Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS), que grava, entre otras cosas, los servicios de telecomunicaciones. Traducido a la Hacienda española, sería similar al IVA. La discusión aquí con la administración brasileña está en ver qué servicios deben ser objeto de liquidación de este tributo.

Uno de los puntos de fricción está en los incumplimientos de contrato por parte del cliente, como cuando cancela antes de tiempo o no paga. En estos casos, la operadora le cobra una indemnización, que para la Hacienda brasileña forma parte de la base imponible del impuesto. En cambio, Telefónica defiende que no debería ser así, ya que no se trata de un servicio de telecomunicaciones, sino de una indemnización contractual.

El resto de los litigios ascienden a 5.100 millones y se corresponde con impugnaciones relacionadas con el impuesto estatal ICMS

Sucede algo similar con la assinatura básica, una cuota fija mensual que el cliente paga solo por tener la línea activa, aunque no realice llamadas ni consuma datos. El debate es histórico en Brasil y está en ver si los operadores cobran por una prestación de servicio, como defiende el Estado, o por la disponibilidad de la red, como alegan las compañías. El Tribunal Supremo del país dictaminó que esa cláusula sí está sujeta al ICMS, pero que solo puede aplicarse a periodos posteriores a octubre de 2016.