Entre bajas pactadas y los despidos del ERE: salida de directivos históricos de Telefónica

La Telefónica de Marc Murtra ha aprovechado el expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado en la multinacional para desprenderse de una parte de la cúpula directiva que aún quedaba de la etapa de su predecesor en la presidencia, José María Álvarez-Pallete. Según han confirmado fuentes internas, la compañía ha aprovechado el ajuste de 5.500 personas para deshacerse del director financiero de Telefónica Tech, del responsable del departamento jurídico, de la directora de mercados de valores y gobierno corporativo y de una exdiputada y exsenadora del PP, hija del que fuera presidente de la Diputación de Castellón, que ahora formaba parte del equipo legal.

Entre los afectados está Pablo Equirón, que fue director de relaciones con inversores de Telefónica durante doce años, hasta 2021. Este ejercicio se incorporó a la filial de tecnología como director financiero y de desarrollo de negocio, así como miembro de su consejo de administración. Antes había sido presidente de Telefónica Cybersecurity & Cloud y consejero de Telefónica Tech Brasil. Previamente a incorporarse a la operadora en 2009, había sido analista financiero en Banco Santander y en Crédit Agricole Indosuez. La compañía ha prescindido de sus servicios.

También ha salido de Telefónica Andrea Fabra, hija de Carlos Fabra, el que fuera uno de los líderes del Partido Popular más relevantes en la Comunidad Valenciana y presidente de la Diputación de Castellón. Andrea, licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, estaba en el equipo de estrategia legal de contenidos de Telefónica. Asimismo, la que fuera senadora y diputada por el PP entre 2007 y 2015, había formado parte del departamento de asuntos públicos, liderado por Trinidad Jiménez, exministra del PSOE.

Por su parte, Consuelo Barbe, directora de mercado de capitales y de gobierno corporativo, ha negociado su marcha de acuerdo con la compañía. Barbe, que trabajó en la asesoría jurídica del Banco Central de España y en la del Banco Santander, llevaba más de veinte años en Telefónica, por lo que se ha podido acoger al plan de prejubilación. Era una de las directivas más experimentadas de la secretaria técnica, donde se atienden los asuntos más relevantes desde el punto de vista legal de cualquier sociedad cotizada.

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Otro que se ha acogido al plan de bajas ha sido Antonio García-Mon Marañes, vicesecretario general del consejo y director de los servicios jurídicos corporativos. García-Mon, que llevaba seis años en el cargo, había trabajado previamente en Prisa, hasta 2017. Su puesto lo ha ocupado Nicolás Oriol Enciso, que hasta la fecha era director de regulación y relaciones institucionales de Telefónica España.

Además, parte del equipo de estudios de Telefónica, dirigido por Juan Antonio Mielgo, también ha sido invitado a dejar la compañía en las últimas semanas.

Estos han sido los últimos caídos en el Distrito C, la sede de Telefónica, tras el desembarco de Murtra en enero del pasado año. El presidente Murtra ya relevó al poco de hacerse con el mando de la operadora a numerosos directivos del equipo de Pallete, como el consejero delegado de Telefónica España y presidente de Movistar+, Sergio Oslé; el director de seguridad corporativa, Miguel Sánchez, el consejero delegado de Telefónica Tech, José Cerdán o Chema Alonso, el responsable de innovación, el famoso hacker conocido por su habitual gorro de lana.

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Más recientemente, también acordaron abandonar la compañía Gonzalo Martín Villa, mano derecha del presidente de Telefónica Infraestructuras, Javier de Paz, y Eduardo Navarro, director de comunicación, relaciones institucionales y asuntos públicos. Murtra también renovó todo el consejo de administración de Movistar+, del que a finales de diciembre salió Rosauro Varo por decisión propia.

Telefónica presentará el próximo día 24 de febrero los resultados de 2025, el primer año completo con Murtra al frente de la operadora. Hasta el pasado mes de septiembre, la multinacional participada por la SEPI, la Caixa, BBVA y Saudi Telecom, perdió 1.080 millones, cifra a la que ahora habrá que añadir los cerca de 2.500 millones de coste del ERE y los ajustes por la venta de activos en Latinoamérica.