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La SEPI ultima entrar en la firma de ciberseguridad asesorada por la exministra Garmendia
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NEGOCIACIONES AVANZADAS

La SEPI ultima entrar en la firma de ciberseguridad asesorada por la exministra Garmendia

El organismo público, en cuya fundación está la que fuera ministra socialista, ultima inyectar hasta 30 millones en el capital de S2 Grupo, en cuyo consejo asesor está Cristina Garmendia

Foto: La presidenta de Mediaset, Cristina Garmendia. (EFE/Rodrigo Jiménez)
La presidenta de Mediaset, Cristina Garmendia. (EFE/Rodrigo Jiménez)
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La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ultima la toma de una participación en S2 Grupo Soluciones de Seguridad, compañía valenciana de ciberseguridad uno de cuyos principales clientes es el Gobierno. Según fuentes próximas a la operación, el ente público, inmerso en la guerra de poder en Indra, negocia suscribir una ampliación de capital por hasta 30 millones de euros para superar los apuros financieros de la empresa que tiene a la exministra Cristina Garmendia como presidenta de su consejo asesor.

Según estas fuentes, S2 Grupo está en conversaciones avanzadas con la SEPI, que tomaría hasta un 20% del capital. Por tanto, la compañía propiedad de José Rosell y Miguel Juan se valora en al menos 150 millones. Rosell, que eleva la capitalización a cerca de 240 millones si se toma en cuenta los ratios del sector, ha explicado a El Confidencial que la opción del organismo público es una más de las que se están valorando en estos momentos. "Nunca bajaremos del 80%", admite tras haber descartado ya propuestas de fondos de capital riesgo.

El dueño de S2 Grupo Soluciones de Seguridad argumenta que esta ampliación de capital se utilizará para financiar el crecimiento y la desvincula de la renovación del préstamo sindicado de 20 millones de euros pedido en 2023. Esta línea de financiación fue concedida por Banco Sabadell, Banco Santander, BBVA, Caixabank y Deutsche Bank, con el objetivo de reordenar la deuda anterior por importe de 12,19 millones, apuntalar el crecimiento orgánico e inorgánico y cubrir las necesidades corporativas a corto plazo.

Sin embargo, S2 Group tuvo que pedir una dispensa o 'waiver' a finales del pasado año a sus acreedores al no poder cumplir algunas de las obligaciones a las que se había comprometido con la banca. Los financiadores le concedieron esa indulgencia siempre y cuando la compañía valenciana, propiedad de José Rosell y Miguel Juan y cuyo principal cliente es el propio Estado, ampliase capital para fortalecer su patrimonio.

Los dueños aseguran que sus apuros de los años 2023 y 2024, cerrados con pérdidas, se deben a la tardanza en cobrar determinados contratos concedidos por varios ministerios, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y empresas privadas. De hecho, indican que en 2025 su facturación se ha disparado un 53%, hasa los 56,6 millones, con un beneficio bruto de explotación o Ebitda de 5 millones. A su vez, han contratado a McKinsey para elaborar un nuevo plan estratégico, que tendrá que ser validado por la banca.

Foto: indra-investiga-la-llamada-de-la-presidenta-de-la-sepi-al-su-consejero-delegado

Por ello, S2 Grupo intentó buscar algún inversor privado, pero la alternativa de la SEPI es la que tiene más probabilidades de salir adelante al tratarse de "un inversor estratégico a largo plazo", según explica Rosell. Las negociaciones están muy avanzadas, pero todavía no se ha concretado si la operación se hará con la suscripción de acciones nuevas o mediante la concesión de un préstamo participativo que, en cualquier caso, se contabiliza como patrimonio.

Conflicto de interés

La compañía, que fue contratada para investigar el apagón que dejó a oscuras a España el 28 de abril del pasado año, tiene un consejo asesor presidido por Cristina Garmendia. La exministra de Ciencia e Innovación durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. La actual presidenta de Mediaset es, a su vez, miembro del patronato de la Fundación SEPI, donde fue renovada en 2022, según consta en la página web oficial del ente controlado por el Ministerio de Hacienda. En el citado consejo asesor también está Juan Alfaro, que al mismo tiempo es miembro del Consejo de Economía Circular, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El principal cliente de S2 Grupo son las administraciones, que aportan algo más del 50% del negocio. De hecho, en abril del año pasado se adjudicó el contrato para la gestión integral de la ciberseguridad de la Generalitat Valenciana y la puesta en marcha de un Centro de Innovación y Competencia en Ciberseguridad. El contrato, promovido por la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (DGTIC), le fue concedido por 38 millones de euros sin IVA, por debajo del presupuesto base de licitación, que ascendía a 44 millones, al ser la única empresa que se presentó a la licitación.

También en 2024, S2 Grupo logró extender por doce meses más su contrato de asesoría y consultoría con el Estado Mayor de la Defensa, consolidándose en un área donde las amenazas crecen exponencialmente. Hace dos años, S2 Group fue seleccionada para proporcionar asistencia técnica y apoyo a las ciberoperaciones del Mando Conjunto del Ciberespacio del Ministerio de Defensa.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ultima la toma de una participación en S2 Grupo Soluciones de Seguridad, compañía valenciana de ciberseguridad uno de cuyos principales clientes es el Gobierno. Según fuentes próximas a la operación, el ente público, inmerso en la guerra de poder en Indra, negocia suscribir una ampliación de capital por hasta 30 millones de euros para superar los apuros financieros de la empresa que tiene a la exministra Cristina Garmendia como presidenta de su consejo asesor.

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