El exdirector de Defensa cesado de Indra intenta evitar el concurso de un contratista clave del Ejército

La empresa de defensa española Alfariver (antigua Star Defence Logistics & Engineering), especializada en el mantenimiento, reparación y modernización de vehículos blindados del Ejército español —entre ellos los Centauro, BMR, RG-31 y los carros de combate Leopard, estos últimos junto a Santa Bárbara Sistemas—, atraviesa una situación financiera delicada tras fracasar sus intentos de cerrar financiación tanto con la banca como con fondos de inversión, según fuentes consultadas por El Confidencial. La compañía mantiene una cartera de pedidos estimada entre 70 y 80 millones de euros, una plantilla cercana a los 200 empleados, y tiene un equipo directivo renovado, entre ellos Pedro Fuster, el exdirector de Defensa de Indra.

La búsqueda de financiación está siendo pilotada por la firma especializada Finenza, que inicialmente trató de articular una solución bancaria y, tras el rechazo de las entidades, abrió la puerta a la incorporación de un socio financiero minoritario, según ha podido confirmar este medio. Hasta ahora, el proceso solo ha suscitado un interés preliminar por parte de un comprador industrial ajeno al sector de la defensa y de un fondo de inversión.

No obstante, ninguna de estas aproximaciones se ha traducido en una oferta formal. La ausencia de una operación cerrada ha estrechado de forma significativa el margen de maniobra del equipo gestor, que ha intensificado la gestión de tesorería y trabaja ya en una reestructuración de la deuda con el objetivo de ganar tiempo mientras intenta encauzar una solución estable.

El principal obstáculo no es comercial ni industrial, sino jurídico. La empresa —en su anterior etapa como SDLE— está vinculada a una causa penal en la Audiencia Nacional por la venta de material de doble uso a Libia, país sometido a embargo internacional.

Russell Bedford prepara un forensic

La investigación se originó tras la detención en 2024 de varios directivos por la presunta exportación ilegal de sistemas antidron y drones con cámaras térmicas a la milicia libia RADA-SDF, en el marco de un procedimiento por contrabando de material prohibido. Parte de los implicados ingresaron en prisión provisional y el procedimiento continúa abierto.

Fuentes financieras explican que el problema no radica tanto en un impacto reputacional como en la incertidumbre sobre el desenlace judicial. Mientras no exista una resolución clara o una delimitación definitiva de responsabilidades, las entidades no pueden valorar con precisión el riesgo económico potencial.

En este contexto, el equipo directivo ha encargado un análisis forense a la firma Russell Bedford con el objetivo de esclarecer, dentro del perímetro actual de la compañía, qué activos, contratos o filiales podrían estar potencialmente afectados por el episodio de la venta a Libia y cuáles quedarían completamente aislados de cualquier contingencia judicial. La intención es acotar con precisión el alcance del riesgo, separar el negocio operativo sano de los posibles pasivos contingentes y dotar de mayor transparencia a la situación financiera real del grupo.

La dirección confía en que este ejercicio permita ofrecer mayor visibilidad sobre el perímetro afectado y sirva como herramienta para convencer a potenciales compradores o financiadores de que el negocio es viable y jurídicamente segregable.

A este frente se suma otro antecedente: la sanción impuesta en 2023 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a varias empresas del sector por repartirse licitaciones del Ministerio de Defensa entre 2016 y 2021. La compañía, según fuentes internas, ya ha afrontado las sanciones administrativas que le correspondían y no tiene en la actualidad prohibición para contratar con la Administración.

Nuevo equipo directivo, nuevo rumbo

La empresa fue adquirida el pasado otoño por un nuevo equipo inversor que inyectó aproximadamente 8 millones de euros y rebautizó la sociedad como Alfariver, en un intento de marcar un nuevo rumbo estratégico y desligar la nueva etapa de los problemas heredados.

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Como parte del refuerzo directivo, se incorporó el exdirector de Defensa de Indra, Pedro Fuster, con una década de experiencia previa en el Ministerio de Defensa y amplia trayectoria en la industria militar. Su llegada buscaba aportar credibilidad ante el mercado, profesionalizar la gestión y facilitar una eventual solución corporativa o financiera.

Como adelantó este periódico, Fuster había sido cesado meses antes tras una reconfiguración interna impulsada en Indra por su presidente, Ángel Escribano, en un contexto de tensiones accionariales con Sapa Placencia y de remodelación de la cúpula del área de defensa de la tecnológica participada por el Estado.

Crece en facturación, pero a pérdidas

Desde el punto de vista financiero, la compañía liderada por el antiguo equipo directivo registró pérdidas de casi 600.000 euros en el ejercicio 2023, pese a que aumentó en un 32% su facturación anual hasta los 54,45 millones de euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. La compañía elevó su plantilla hasta los 221 empleados y mantuvo un crecimiento operativo relevante, apoyado en contratos de mantenimiento y modernización de plataformas terrestres.

La compañía registró pérdidas de casi 600.000 euros en 2023, pese a que aumentó en un 32% su facturación anual hasta los 54,45 millones

Fuentes consultadas señalan que algunos actores relevantes del sector defensa han analizado la situación de la compañía, atraídos por su posicionamiento en el mantenimiento de plataformas críticas del Ejército. Sin embargo, hasta ahora ninguna aproximación se ha traducido en una operación formal mientras persista la incertidumbre judicial.

En paralelo, la empresa ha intentado reforzar su perfil industrial mediante un acuerdo de servicios con el grupo checo CSG, uno de los conglomerados de defensa con mayor crecimiento en Europa en el actual contexto de rearme.