Cabify pelea contra Hacienda para evitar una regularización fiscal de 1,36 millones de euros

La Agencia Tributaria exige a Cabify una regularización fiscal de 1,36 millones de euros, como consecuencia de la inspección que realizó sobre sus cuentas de los ejercicios 2019 y 2020. Es un pago adicional de impuestos con el que no está conforme la empresa de vehículos VTC, que ya ha acudido a la vía administrativa para presentar una reclamación, según fuentes conocedoras del caso.

La inspección sobre el Impuesto de Sociedades y el IVA concluyó a finales de 2024. En un primer momento, Hacienda calculó que tenía pendiente regularizar 1,67 millones de euros, pero Cabify presentó alegaciones y consiguió que fuesen aceptadas parcialmente. Redujo así el pago en unos 310.000 euros, hasta los 1,36 millones que le solicita ahora, una cuantía con la que tampoco está conforme.

Para defender que abonó sus impuestos correctamente, interpuso en junio del año pasado una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. Mientras se resuelve este recurso, la compañía ha solicitado a Hacienda la suspensión del pago de la deuda tributaria mediante la aportación de una garantía alternativa. Es decir, que no se le exija la regularización hasta que haya una decisión firme.

Convencida de que su solicitud se resolverá de manera favorable, Cabify no ha registrado ninguna provisión en sus cuentas por esta cuestión. Por lo tanto, esa "garantía alternativa" que han presentado para paralizar el pago sería un aval bancario o un seguro de caución, que permitiese cobrar a la Agencia Tributaria en caso de que el recurso no prospere por la vía administrativa.

Cabify ha solicitado a Hacienda la suspensión del pago de la de la deuda tributaria mediante la aportación de una garantía alternativa

A preguntas de este medio, Cabify se ha negado a comentar esta información, alegando que "se trata de un proceso confidencial". Por su parte, el Ministerio de Hacienda también ha rehusado ofrecer más detalles, manteniendo su política habitual de no hablar de contribuyentes concretos ni de la evolución de ninguna inspección tributaria en curso.

En paralelo a esta regulación, la empresa de VTC sí se mostró conforme a un pago en concepto de IVA que le exigió la Agencia Tributaria por esta misma investigación, como reconoce en sus estados financieros de 2024. No obstante, señala que las cantidades desembolsadas no fueron "significativas" en las sociedades inspeccionadas.

Hacienda vs. VTC

Más allá de este conflicto, el Ministerio de Hacienda tiene abierto otro frente que afecta a las empresas de VTC, entre las que destacan Cabify, Uber y Bolt. Igual que a las plataformas de alquiler turístico, el departamento encabezado por María Jesús Montero quiere obligar a estas compañías a cobrar directamente el IVA y que sean ellos quienes lo ingresen en las arcas públicas. Actualmente, solo se limitan a poner en contacto a conductores o anfitriones con los viajeros, sin hacerse cargo del impuesto.

Por ahora, es solo un anteproyecto de ley colgado el pasado diciembre en el portal de audiencia e información pública, un espacio habilitado para la participación ciudadana en la actividad legislativa. Pero la intención última es que llegue a ser aprobado por el Congreso para que España se adapte a la legislación que marca la Unión Europea, cuyo calendario obliga a que esta norma entre en vigor en todos los Estados miembros antes de enero de 2028.