Los inversores 'verdes' preparan una millonaria reclamación contra el plan anti apagón de REE

Los pequeños productores de electricidad de origen renovable están vertiendo energía como nunca. Al igual que ocurre con materias primas como los tomates o la leche cuando hay exceso de oferta, estos productores desperdician su cosecha porque no tienen hueco en el mercado. Una situación que se viene agravando desde 2024 y que se ha intensificado tras el apagón del 28 de abril de 2025. Empresarios e inversores hacen cuentas estos días para calcular cuánto tiempo pueden sostener este escenario y preparan medidas legales contra la decisión de Red Eléctrica que, según afirman, les ha dado la estocada definitiva, aunque no consideran que sea la única responsable.

Según explican a El Confidencial varios inversores en energías renovables, el sector está manteniendo conversaciones para articular una reclamación millonaria contra el plan antiapagón del operador del sistema. Consideran que el mecanismo de “programación reforzada” está generando pérdidas significativas en sus plantas. Denuncian que muchas instalaciones eólicas y fotovoltaicas producen a pérdidas o se ven obligadas a verter energía sin remuneración, ya que en determinados momentos se prioriza la generación de tecnologías convencionales —como ciclos combinados de gas o centrales nucleares— para garantizar la estabilidad del sistema, en su mayoría en manos de las grandes eléctricas.

Las compañías afectadas han abierto conversaciones con despachos especializados para analizar la viabilidad jurídica de las reclamaciones. Lideran este movimiento los productores más perjudicados, especialmente aquellos conectados a los nudos —los puntos de conexión de la red— donde existe mayor congestión.

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Aunque la media de energía vertida no ha superado en ningún mes el 12% de la producción total, porcentaje ya significativo, en nudos concretos como Tabernas (Almería), Mérida (Badajoz) o Boimente (Lugo) se han llegado a desperdiciar en alguna semana el 45% de la generación que tienen conectada. Esto provoca que plantas en pleno funcionamiento y con alto rendimiento registren pérdidas semanales cercanas a los 50.000 euros. “Estamos valorando si existe responsabilidad patrimonial por la prolongación de este sistema antiapagón”, explican fuentes del sector.

La programación reforzada, activada tras el apagón para garantizar la fiabilidad del suministro, implica desplazar generación renovable en favor de tecnologías síncronas que aportan inercia y control de tensión. Según los promotores ‘verdes’, esta operativa distorsiona el mercado mayorista, deprime el precio de la energía renovable y favorece a las grandes eléctricas integradas como Iberdrola, Endesa o Naturgy, que cuentan con un mix más diversificado. A su juicio, el sistema se blinda frente a nuevos incidentes, pero el coste recae sobre productores renovables y consumidores.

De 516 a 1.100 millones

Red Eléctrica defiende que el impacto de la medida es limitado y evidencian con sus cifras que el volumen de vertidos asociado a la programación reforzada es reducido. Entre mayo y diciembre, este mecanismo representó el 2,18% de los costes totales del sistema eléctrico —más de 23.600 millones de euros en ese periodo—, lo que equivale a 516 millones. Además, en un comunicado publicado en noviembre, el operador indicó que la programación reforzada afectó al 0,8% del volumen de energía renovable no gestionable que no se integró por motivos de seguridad vinculados a restricciones técnicas de la red.

Sin embargo, otros análisis elevan considerablemente la factura. Un estudio elaborado por la consultora Nera —impulsado por las grandes eléctricas— cifra en 1.100 millones de euros el impacto extraordinario de las medidas de emergencia y los servicios de ajuste activados tras el apagón. Según ese informe, el sobrecoste se traduce en unos 33 euros por consumidor, repercutidos a través de peajes y cargos en la factura eléctrica.

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La disparidad de cifras ha intensificado el debate sobre la eficiencia económica de las decisiones adoptadas. Los inversores renovables consideran que existe responsabilidad tanto por el operador del sistema (Red Eléctrica) como por los dueños de esas tecnologías de respaldo (Iberdrola, Endesa o Naturgy). “Los diversos informes muestran que hubo responsabilidad en el apagón en ambas partes y que ahora también la hay en el daño de las medidas preventivas”, sostienen.

Su negocio, reconocen, ha quedado seriamente tocado. Para parte del sector, los más de mil millones movilizados tras el apagón constituyen una señal de alerta para el regulador. Si no se moderniza la red y se aceleran las inversiones en almacenamiento, flexibilidad y gestión inteligente de la demanda, el sistema podría seguir recurriendo a mecanismos costosos ante episodios de inestabilidad. Mientras tanto, los inversores renovables ultiman acciones legales para reclamar compensaciones por las pérdidas sufridas, lo que amenaza con abrir un nuevo frente judicial en plena transición energética.