Los agricultores llevan al Gobierno a los tribunales por negar las ayudas a olivares y viñedos

Unión de Uniones, el sindicato agrario que el pasado miércoles movilizó a miles de agricultores y centenares de tractores para protestar en Madrid contra el acuerdo comercial con Mercosur, ha abierto otro conflicto con el Gobierno de España. Esta vez, como confirman fuentes de la organización, ha acudido al Tribunal Supremo para presentar un recurso contra la negativa del Ejecutivo a pagar a los propietarios de olivares y viñedos las ayudas económicas que les corresponden por ley.

Los dueños de estas plantaciones insignia para la economía nacional tienen reconocida una subvención extraordinaria en caso de que se vean afectados por las sequías. Las ayudas directas están enfocadas únicamente al secano, que en el caso del olivar supone el 67% de la superficie cultivada y en los viñedos el 58%. El reparto máximo contemplado es de 285 millones de euros para los primeros y de 85 millones para los segundos, aunque se pueden ejecutar los ajustes necesarios.

Así lo recoge la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2025, de pérdidas y desperdicio alimentario. Una enmienda de la que Unión de Uniones está muy pendiente porque fue una de las organizaciones responsables de su inclusión en la norma. También hay otros sindicatos agrarios que han denunciado su incumplimiento, como ASAJA, que consideró inaceptable que el Gobierno no hubiese activado ese paquete, aunque en su caso no ha dado por el momento el paso hacia los tribunales.

Después de los continuos episodios de sequías de las últimas campañas, la ayuda debería haberse instrumentado en junio del año pasado como muy tarde. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se escudó en dos motivos para no hacerlo: que no hay Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados y que debe solicitar autorización a la Unión Europea.

El reparto máximo contemplado en la ley es de 285 millones de euros para los olivares y de 85 millones para los viñedos

Desde Unión de Uniones consideran que "son solo excusas y denotan simplemente una falta de voluntad" para ayudar a los agricultores que han sufrido las consecuencias de inclemencias climáticas y carestía de costes. De hecho, recuerdan que el ministerio encabezado por Luis Planas dejó sin ejecutar de su presupuesto hasta 1.156 millones de euros en 2023 y otros 307 millones en 2024. Están ahora a la espera de conocer las cifras de 2025 para saber si sucedió algo similar.

En cuanto a la necesidad de recibir el visto bueno de la Unión Europea, el sindicato esgrime que "si la otra barrera que ve el ministerio es que tiene que contar con la autorización de Bruselas como ayuda de Estado, lo que no entendemos es que ni siquiera lo haya solicitado". Por parte del Departamento de Agricultura, no ha habido respuesta ante las preguntas de este medio.

Desde Unión de Uniones consideran que "son solo excusas [del Gobierno] y denotan simplemente una falta de voluntad"

La normativa se incluyó a raíz de la invasión de Ucrania, para proteger a los sectores del aceite de oliva y del vino del aumento del precio de los insumos debido a la crisis inflacionaria. No obstante, se incluyó también una referencia a "la disminución de la cosecha por el impacto de la sequía", literalidad a la que se agarran los denunciantes para ganar el recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo.

Un sindicato beligerante

Unión de Uniones no está entre las organizaciones agrarias más nutridas de España, pero sí es una de las más beligerantes. Sin ir más lejos, según la Delegación del Gobierno en la capital, el pasado miércoles concentró en Madrid a 2.500 agricultores y unos 370 tractores para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y los recortes de la Política Agrícola Común (PAC) que pretende aplicar Bruselas.

Con esa movilización se desmarcó de otros sindicatos del sector primario, que aunque comparten las mismas reivindicaciones, se dieron por satisfechos con lo conseguido con sus protestas de hace unas semanas. Por ejemplo, UPA ha aplaudido que el Parlamento Europeo aprobase unas cláusulas de salvaguardia en favor de la agricultura y ganadería comunitaria. "Son las mayores cotas de protección hasta la fecha", celebró su secretario general, Cristóbal Cano.

Recientemente, Unión de Uniones también pugna por mejorar la suscripción de seguros en el olivar. "Los niveles bajísimos de contratación implican que no hay posibilidad de incorporar al sistema de pólizas agrarias a los nuevos agricultores que pretenden asegurar sus explotaciones", sostiene para explicar el menor volumen de contratación. Para solucionarlo, pide que se cubran los daños con unos rendimientos y primas adaptados a las necesidades del sector en cada zona productora.