El PP se une a la guerra de Santa Bárbara contra el Gobierno e Indra por repartir a dedo 14.000M

El conflicto judicial por el reparto de los fondos del plan de rearme acelerado llega al terreno político. El Partido Popular se posiciona del lado de General Dynamics (cuya filial española es Santa Bárbara Sistemas) y carga contra los préstamos adjudicados sin concurso público por el Gobierno por valor de 14.283 millones de euros, de los cuales 6.000 millones han tenido a Indra como destinatario (y 3.000 son en UTE con Escribano Mechanical & Engineering).

En un encuentro con los medios, el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha cuestionado las formas del Ejecutivo para incrementar el gasto en defensa, mediante préstamos a tipo de interés cero asignados a dedo a un reducido grupo de empresas. Pero, en especial, ha criticado el hecho de que la compañía elegida como "campeón nacional" sea Indra, replicando los argumentos que General Dynamics esboza en su recurso de diciembre ante el Tribunal Supremo.

"El Gobierno tiene que dar muchas explicaciones de por qué se ha elegido a esta empresa, que no tiene las características de otras empresas de defensa", ha advertido Nadal, que ha afeado a los Ministerios de Industria y Defensa no explorar "otras alternativas industriales" para ejecutar los contratos. El partido considera que no está justificado el protagonismo de Indra en adjudicaciones cerradas de defensa, ya que es una empresa especializada en aeronáutica y privada, con una participación del Estado a través de la SEPI. Sí consideran más procedente la adjudicación sin concurso a Navantia por ser una empresa 100% pública.

Ante este escenario, la estrategia del principal partido de la oposición pasa por presionar a través de iniciativas parlamentarias para conocer "los criterios" de los contratos asignados a Indra y las subcontrataciones realizadas ante la falta de capacidad de ejecución. "Vamos a seguir hasta que el Gobierno responda y si hubiera una cuestión que no fuera legal, evidentemente, el PP plantearía las acciones necesarias política o judicialmente", ha defendido Nadal. El PP también solicitó a finales de año las comparecencias de Robles, de Hereu y del presidente de la CNMV para explicar los contratos con Escribano y los préstamos a la UTE Indra-EM&M, pero por el momento no han tenido lugar.

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De fondo, el equipo económico de Alberto Núñez Feijóo considera que Indra no tiene la base industrial necesaria para realizar los encargos por sí misma y rechaza que la manera de conseguirla sea mediante algún tipo de operación con Escribano, la compañía familiar del que es presidente de Indra desde enero de 2025, Ángel Escribano, tras la salida de Mutra a Telefónica. "Indra es una sociedad en la que el Estado tiene solo el 28% y es elegida por el Gobierno para ser el 'campeón nacional' del Ejército de Tierra sin tener base industrial para ello. Para solucionarlo, solo se busca una opción: algún tipo de acuerdo con la empresa propiedad del presidente de la compañía. Esto no ocurre en ningún país del mundo", ha resumido Nadal.

El PP cree que, de efectuarse una fusión o compra por parte de Indra a Escribano se incurriría en un "conflicto de intereses de caballo", ante el que, asegura, el partido "está altamente vigilante". Es más, ha prometido que en un gobierno del PP "nunca se permitirían" operaciones societarias con este riesgo de conflicto de intereses.+

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Respecto a qué hacer con el plan de defensa y el papel de Indra si el PP logra gobernar en los próximos años, Nadal se ha limitado a señalar que el objetivo último es que España tenga una base industrial de defensa competitiva para intercambiar productos con otros socios europeos y ha recordado que el Estado ha participado tradicionalmente en Indra desde su privatización, sin adelantar si se estudiaría una estrategia de desinversión o la articulación de las inversiones en defensa a través de otras empresas.

Una reunión con Santa Bárbara en noviembre

Casualmente, el PP ha esgrimido estos argumentos después de la visita de General Dynamics-Santa Bárbara a Génova, como adelantó El Confidencial, en el mes de noviembre. El fin era lograr aliados a su causa de manera previa a la presentación del recurso ante el Supremo bajo argumentos muy similares a los que ha expuesto este jueves Alberto Nadal. Los directivos de la empresa obtuvieron el compromiso de Cuca Gamarra, que es quien lideraba el encuentro, de impulsar en el Congreso una iniciativa para frenar el "monopolio" de Indra. La intención última era obligar al Gobierno a ser más selectivo en el reparto de fondos del sector de defensa y no concentrar todos los préstamos en la alianza de Indra con Escribano.

El gigante estadounidense de armamento argumenta en su recurso contencioso-administrativo ante el alto tribunal que la concesión directa de 3.000 millones de euros a la UTE Indra-Escribano en el Real Decreto 915/2025 le perjudica de manera decisiva. SBS advierte de que el diseño del plan para financiar los Programas Especiales de Modernización (PEM) restringirá de forma efectiva su capacidad para competir en el mercado español durante la próxima década, especialmente en los segmentos de plataformas blindadas y sistemas de artillería, donde asegura contar con experiencia acreditada.

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A su juicio, la ejecución inmediata del decreto y la adjudicación de los contratos asociados limitarán de manera significativa su actividad en España y comprometerán también su proyección internacional, lo que en la práctica supondría su desplazamiento del mercado nacional de defensa.

Santa Bárbara tiene el foco sobre el préstamo de 3.000 millones para el desarrollo de nuevos programas de artillería autopropulsada sobre ruedas y cadenas para el Ejército de Tierra, su gran 'expertise' industrial sobre el que denuncia que Indra y Escribano no cuentan con experiencia, lo cual coincide con la opinión del PP. Pero su recurso podría terminar poniendo en cuestión la forma y el fondo de todos los préstamos. Por lo tanto, en el caso de prosperar, podría paralizar los fondos que han permitido a España alcanzar el 2% del PIB del gasto en defensa en 2025, según la OTAN.