¿Fondo soberano o banco público? Dudas en los financieros con los planes de Sánchez con el ICO

El anuncio del Gobierno de movilizar hasta 60.000 millones de euros a través del ICO ha sido recibido con interés, y cautela, por parte del sector financiero. Aunque desde el Ejecutivo se ha deslizado la expresión "fondo soberano", varias fuentes del mercado consideran que esa denominación induce a equívoco y suaviza el debate de fondo.

"Hablar de fondo soberano transmite la idea de estrategia de Estado y creación de riqueza pública, pero lo que se plantea es más deuda y más riesgo crediticio", señalan desde el sector. A su juicio, no se trata de un instrumento patrimonial que invierta excedentes, sino de una política de crédito con dinero público. "Es banca pública", resumen. La deuda emitida por el ICO para tener músculo financiero no computa como deuda pública. Pero si en el futuro hubiera impagos importantes y necesidades de inyecciones de capital para garantizar la solvencia del ente, sí sería a costa del endeudamiento del Estado.

En los bancos privados siempre ha habido recelos a la creación de un banco público, y se pone énfasis en los impagos de experiencias pasadas tras la crisis de 2008 o con las cajas de ahorros, en las que hubo participación pública en la gestión anterior al colapso. El ICO llegó a provisionar 200 millones en 2015 ante el riesgo de que la morosidad alcanzara el 35% de una línea de préstamos directos. Sin embargo, la línea de avales para un volumen de crédito de 100.000 millones, canalizado por los bancos con coberturas públicas de hasta el 75% de los impagos potenciales, sirvió para evitar una quiebra masiva de empresas durante el covid.

El presidente del Gobierno apuntó a un fondo soberano que tenga un impacto de 120.000 millones en la economía. Habrá una inyección de capital de 10.500 millones de los fondos europeos para potenciar la capacidad del ICO de prestar hasta 60.000 millones, suponiendo que se atraerá inversión privada en los proyectos de financiación e inversión directa. Economía está negociando sus características con la Comisión Europea para poder hacer la inyección de capital en el segundo trimestre de este año.

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Ruth Ugalde

En la banca se considera que es la vía de Moncloa para asegurarse utilizar los fondos Next Generation del Plan de Recuperación que quedan por desplegar, antes de perderlos. Y, además, se cumple con el anhelo del Ejecutivo de Sánchez de tener un banco público. La cuestión es si complementa o compite con las entidades privadas.

En general, en los bancos la percepción es positiva, ya que consideran que el ICO deberá apoyarse en el sector y complementarse porque, entre otras cosas, aunque incorpore una veintena nueva de empleados no tiene infraestructura suficiente para movilizar 60.000 millones como hacen los bancos, que cuentan con miles de oficinas y empleados. En 2024, según el último informe anual del banco público, tenía 244 empleados. ING España terminó el año pasado con activos por valor de 54.000 millones, y siendo un banco con menos infraestructura que otros por su idiosincrasia de banca telefónica y digital, cuenta con ocho veces más empleados que el ICO.

La percepción de las entidades sobre la recapitalización del ICO es positiva porque, tras algunas presentaciones privadas y contactos con Economía y con el propio banco público, el diseño permitirá realizar más operaciones de financiación mediante colaboración público-privada a través de avales. Así se ve con la financiación a vivienda para alquiler social, con financiaciones a muy largo plazo que permiten desarrollos que difícilmente financian bancos o fondos, que pueden entrar con el proyecto ya arrancado gracias al ICO. También ha habido experiencias positivas con eventos como el covid, la guerra de Ucrania y su impacto en la inflación, la DANA o los aranceles, aunque los avales del ICO han ido perdiendo protagonismo en cada evento.

Además, los bancos son conscientes de que hay fallos de mercado que puede corregir el ICO, financiando a empresas exportadoras, startups, proyectos de inversión en intangibles (publicidad, consultoría, diseño de I+D, etc.) o préstamos a empresas en las que los bancos no entran en solitario por combinación de track record (experiencia crediticia), tamaño, rentabilidad y ausencia de rating (calificación crediticia).

Los bancos son conscientes de que hay fallos de mercado que puede corregir el ICO

Sin embargo, en los bancos también hay dudas sobre la idea de que el ICO haga financiación directa. Por ahora, no hay mucho detalle, pero en presentaciones privadas se apunta a que se destinará un 33,3% a capital, un 33,3% a garantías, un 11,4% a préstamos directos y un 21,9% a project finance. En los bancos se considera que la vía más eficiente y con mayor impacto en la economía es que los bancos hagan de intermediarios, y que el ICO apoye el canal bancario con garantías o avales, o canalizando su capital. Pero hay reticencias a que sea un competidor en la medida en que pueda generar distorsiones por tener objetivos que no son puramente de la combinación de rentabilidad y consumo de capital, con apoyo público. En la jerga, se teme por el 'crowding out', que es el efecto expulsión al dinero privado por la participación pública.

En torno a este riesgo, algunas entidades se preguntan cómo se evitará que una parte relevante de esos 60.000 millones corresponda a operaciones que ya habrían sido concedidas por la banca, pero que pasen a canalizarse vía ICO por resultar más baratas o contar con mejores condiciones. Si eso ocurre, el volumen total de crédito en la economía no aumentaría de forma significativa, pero sí lo haría la exposición del sector público.

Así, para las entidades la cuestión central es la adicionalidad real del programa. Esto es, cuánta parte de los 60.000 millones irá a proyectos que no se habrían financiado en condiciones normales del mercado. Si el ICO acaba financiando un proyecto inmobiliario o a una pyme que habrían sido financiados por la banca privada en condiciones que sirvan para su viabilidad y cumplan con criterios de rentabilidad y solvencia, entonces el banco público solo habría generado distorsión, afectando a los equilibrios generados por el mercado. Por eso, es vital que haya transparencia sobre ello, porque es difícil distinguir entre complementar a los bancos o competir con ellos.

Otro aspecto que preocupa en el sector financiero, formado por bancos, cajas rurales y sociedades de garantía recíproca (SGR), que operan con avales, es que pueda haber la tentación para financiar a empresas con problemas que tienen créditos ICO o inyecciones de capital o crédito de entidades públicas como SEPI o Cofides. De esta forma, habría patadas hacia adelante para no reconocer pérdidas públicas ahora que, al mantener empresas zombi, como se dice en la jerga, serían mayores en el futuro. Con mayor impacto, también, en la economía ante potenciales problemas y quiebras.

Objetivos

También preocupa el equilibrio entre volumen y calidad del riesgo. Las dudas que transmiten a El Confidencial algunos directivos del sector financiero son claras. "¿Pesará más alcanzar la cifra anunciada o garantizar la viabilidad de los proyectos financiados?", plantean. En un esquema con apalancamiento elevado, que podría multiplicar por seis la exposición, el escenario de morosidad y pérdidas cobra especial relevancia. Aunque es la operativa normal de un banco, con un nivel de capital superior al 16,5%, muy por encima de los requerimientos de los supervisores para el sector. Pero el interrogante es claro: si el ciclo económico empeora, ¿quién asumirá el coste final? La respuesta, recuerdan algunas fuentes, afecta directamente al contribuyente.

Otro punto clave es el destino efectivo de los fondos. El mercado quiere saber cuánto irá realmente a inversión productiva y cuánto se destinará a circulante, refinanciaciones o sustitución de deuda existente. Sin un desglose detallado, advierten, el programa corre el riesgo de inflar cifras sin traducirse en un aumento tangible de capacidad productiva.

A la espera de que se confirme la ejecución de esta ampliación de capital, capacidades y balance del ICO, el organismo presidido por Manuel Illueca ya ha activado nuevas líneas de trabajo. En septiembre lanzó un programa de 1.000 millones para financiar pymes que no tienen acceso a la banca tradicional y, recientemente, ha anunciado otra línea de trabajo con 750 millones para pymes exportadoras.