El Supremo obliga al Gobierno a pagar 51 M a Endesa por mantener la red pero tumba su petición de otros 47 M

Endesa ha obtenido una victoria parcial en la Justicia que anticipa el camino que probablemente seguirá el resto del sector. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente la demanda que interpuso la compañía contra el Gobierno para que se le indemnice por su inversión en el mantenimiento de la red eléctrica en los ejercicios 2017, 2018 y 2019. De los 98 millones de euros que pedía aproximadamente en total, recibirá sólo 51.

La resolución llega 10 meses después del apagón eléctrico y en plena polémica sobre la inversión en el mantenimiento de la red nacional de ferrocarril. Por un lado, la sentencia anula parcialmente los efectos de la orden ministerial TED/749/2022, que estableció la retribución que percibirían las empresas distribuidoras para el periodo 2017-2019 por la construcción y conservación de la red, así como los incentivos y penalizaciones por pérdidas correspondientes a 2016.

El alto tribunal reconoce, en primer lugar, un mal cálculo de las subvenciones en estos años. La Administración había descontado en dos ocasiones las ayudas públicas percibidas por Endesa, lo que provocó una minoración incorrecta de su inversión reconocida. Como consecuencia, el Supremo admite un incremento del valor de inversión de aproximadamente 6,5 millones de euros, corrigiendo un error con un impacto directo y cuantificable sobre la base retributiva de la compañía.

Asimismo, el Tribunal Supremo da la razón a la empresa dirigida por José Bogas al considerar excesivo el recorte aplicado en los gastos de operación y mantenimiento de la red durante esos ejercicios. En concreto, la sentencia concluye que Endesa sufrió una penalización indebida de 44,15 millones de euros en el denominado 'ROMLAE', el parámetro que retribuye la operación y el mantenimiento no asociados directamente a activos eléctricos, como almacenes, vehículos y determinados elementos de digitalización.

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Por el contrario, la sentencia —dictada en octubre de 2025, aunque no había trascendido hasta ahora— rechaza el resto de pretensiones formuladas por la compañía por valor de otros 47 millones de euros. En esa cantidad entra, según la cotizada, el ajuste solicitado por las bajas de instalaciones correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, así como el rechazo de las inversiones en curso declaradas en 2017 y justificadas con informes periciales.

El fallo tiene efectos limitados al caso de Endesa y no invalida de forma general el marco retributivo aprobado por el Ejecutivo, pero se interpreta como un adelanto de lo que ocurrirá con las reclamaciones interpuestas igualmente por otras eléctricas. La Sala de lo Contencioso está estudiando precisamente en estos momentos demandas similares.

Fuentes del sector eléctrico aseguran a El Confidencial que la negativa a reconocer la totalidad del gasto efectuado en el mantenimiento de la red desincentivará nuevas inversiones, poniendo en riesgo el funcionamiento del sistema. Ni Endesa ni el Ministerio para la Transición Ecológica han querido valorar la sentencia ante las consultas de este medio.

Un asunto que alerta al sector

El modelo de retribución del mantenimiento de la red de distribución eléctrica —un negocio regulado y ajeno al mercado— se ha convertido en uno de los principales focos de litigiosidad en los últimos años. Las grandes eléctricas cuestionan de forma recurrente los criterios fijados por el Gobierno y aplicados por la CNMC para retribuir este capítulo.

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Sin ir más lejos, en el pasado mes de diciembre, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) aprobó las circulares de distribución y transporte de electricidad para el periodo regulatorio 2026-2031. La normativa ha vuelto a generar un profundo malestar entre las compañías, disconformes tanto con los ingresos que se les asignan como con la metodología empleada para retribuir un negocio que hoy resulta estratégico para grupos como Endesa.

En este contexto, el fallo del Supremo llega en un momento especialmente delicado. Iberdrola, Endesa y Naturgy, los tres principales distribuidores, se apoyan en estas victorias judiciales para sostener que sus ingresos han estado infravalorados durante años.

Aunque el Tribunal Supremo no fija un plazo concreto para la ejecución de la sentencia de Endesa, la Administración deberá ahora rehacer los cálculos y cerrar una disputa que vuelve a poner de manifiesto las tensiones del sistema de retribución regulada.