El auditor de Urbas recurre su cese ante el juez y expone las presuntas irregularidades

Urbas Grupo Financiero, inmersa en uno de los mayores concursos de acreedores de una cotizada en España por volumen de pasivo, con la cotización suspendida desde hace meses y en pleno intento de sacar adelante una reestructuración de deuda superior a los 300 millones de euros, ha sumado un nuevo frente judicial. Según ha podido confirmar El Confidencial, la constructora recibió en la mañana del viernes una notificación judicial que le informaba del recurso presentado por su auditor, A Worldwide, contra el cese aprobado por la compañía. Un movimiento que eleva el polvorín legal que se está configurando en torno a la constructora.

Más allá del conflicto en torno a la constructora, que la auditora —que no ha querido hacer declaraciones a este periódico— recurra a la vía judicial dibuja un escenario con posibles implicaciones legales para el sector. Dependiendo de cómo resuelva el juez, el caso podría sentar jurisprudencia sobre el grado de protección que tiene un auditor al detectar y poner de manifiesto presuntas irregularidades. No hay que olvidar que el auditor asume responsabilidad civil sobre las cuentas que firma.

A esto se suma un elemento de máxima actualidad. Este mismo lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio por la ampliación de capital de Urbas realizada en 2015, una operación valorada en 384 millones de euros y que sentará en el banquillo al actual presidente del grupo, Juan Antonio Acedo, a su antecesor y a otros exdirectivos. La vista oral, que se prolongará hasta finales de febrero, añade presión a un grupo atrapado entre el concurso, la supervisión del regulador y una cascada de procedimientos judiciales aún lejos de resolverse.

El recurso fue presentado ante el Tribunal de Instancia de Madrid y solicita la adopción de medidas cautelares para suspender los efectos de la decisión adoptada por Urbas en la junta general extraordinaria del pasado 30 de diciembre, en la que la compañía acordó sustituir a su auditor alegando la existencia de "justa causa". Como ya adelantó este medio, el auditor activó el año pasado el protocolo de fraude, un procedimiento que se pone en marcha cuando existen indicios de ocultación de información relevante, lo que desembocó finalmente en la negativa a firmar las cuentas correspondientes a 2024.

La operación de autocartera, en la diana

En el escrito, se exponen ante el juez los motivos por los que no emitió su informe sobre las cuentas del ejercicio y detalla las incidencias detectadas durante su trabajo. Según las fuentes consultadas, el recurso sitúa el detonante del conflicto en la gestión de la autocartera del grupo y, en particular, en la desaparición de 1.598 millones de acciones propias.

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Estas acciones fueron dadas de baja del balance en la información correspondiente al segundo semestre de 2024 remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía explicó posteriormente que el ajuste no tenía impacto patrimonial, pero no logró aclarar de forma concluyente la trazabilidad ni el destino final de los títulos, lo que abrió un frente con el supervisor bursátil.

A raíz de esta situación, la CNMV obligó a Urbas a encargar un informe forense contable a Deloitte para analizar posibles irregularidades. Según pudo confirmar este periódico, la firma entregó a finales de septiembre un primer borrador de su trabajo, pero el supervisor ordenó ampliar el perímetro de la investigación al sospechar que podrían existir más operaciones dudosas.

La clave: el forensic de Deloitte

En concreto, la CNMV exigió a Deloitte extender el análisis a ejercicios anteriores, entre 2018 y 2020, para revisar una serie de transacciones que ya habían sido señaladas por FTI Consulting en su informe sobre las mayorías presentadas por Urbas para sacar adelante su plan de reestructuración.

Ese documento, elaborado a petición de los acreedores en el marco del procedimiento judicial, cuestionaba parte de la contabilidad de esos ejercicios y ponía en duda la validez de las adhesiones presentadas por la compañía. El informe de FTI fue determinante para que el juez cuestionara la viabilidad del plan de reestructuración.

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Según fuentes conocedoras del proceso, el auditor cesado solicitó acceso al informe forense elaborado por Deloitte para poder completar su trabajo, pero Urbas condicionó la entrega del documento a la firma de un acuerdo de confidencialidad (NDA), un extremo que el auditor rechazó, ya que limitaba el uso de la información recibida y que también ha sido incorporado al recurso presentado ante el juzgado.

La versión de Urbas:

Desde Urbas explican a este periódico que la negativa de su auditor provocó la suspensión de la cotización de la compañía y le culpan también de la apertura de las negociaciones para el concurso de acreedores. Todo ello, pese a que la empresa ya arrastraba desde mucho antes del conflicto con el auditor un elevado nivel de endeudamiento y ya contaba con cientos de acreedores.

La constructora señala que, tras la negativa del auditor el pasado 30 de diciembre de 2025, la Junta General acordó revocar por justa causa el nombramiento de A Worldwide Audit Assurance España como auditor, una decisión que fue comunicada ante el Registro Mercantil. Aunque todavía no consta la aceptación de la revocación del auditor. Tras conocer el recurso del auditor, ahora la compañía afirma que estudia medidas legales contra él.

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Aunque este medio ha intentado sin éxito acceder al informe de Deloitte para conocer su contenido, la constructora asegura a este medio que el documento elaborado por la firma sobre la operación de autocartera concluye que Urbas fue víctima de una estafa. Algo que este medio no ha podido verificar. Y que casi tres años después, ahora la compañía afirma que prepara acciones legales contra los presuntos estafadores.

Entra en escena el auditor de Laporta

Mientras tanto, Urbas está en conversaciones con Crowe para ajustar las condiciones económicas del encargo de auditoría. Como ya adelantó El Confidencial, esta firma asumió el año pasado la auditoría del Fútbol Club Barcelona tras la ruptura del club con Grant Thornton, que se negó a firmar las cuentas sin salvedades por sus dudas sobre una operación financiera de más de 400 millones de euros impulsada por la directiva de Joan Laporta.

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En paralelo a este conflicto, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha designado a la alianza formada por Auren y Kepler Karst como administrador concursal de Urbas, tras superar el proceso de selección abierto por la CNMV, que exigía a los candidatos experiencia en concursos complejos y en materia de auditoría.

La designación se produce en un contexto de tensión, después de que la propia Urbas hubiera anticipado su intención de recusar a Kepler Karst por posibles incompatibilidades derivadas de trabajos anteriores. Algo que, por el momento, no ha sucedido.

Un polvorín legal con 270 acreedores

Todo este escenario se suma al polvorín legal que se está configurando en los juzgados en torno a Urbas. Por un lado, el expresidente de la comisión de auditoría de la constructora, Francisco Javier Álvarez, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del grupo en relación con determinadas operaciones que considera irregulares.

A este frente se añade la ofensiva judicial en preparación por parte de Roundshield. Como adelantó El Confidencial, el fondo británico está ultimando una querella contra la constructora y, para ello, ha encargado un informe forense a EY con el objetivo de acreditar la existencia de presuntas irregularidades. Esta acción se sumaría al conflicto abierto entre ambas partes en distintos tribunales europeos.

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Urbas, por su parte, ha pasado al contraataque y ha presentado una querella por estafa procesal contra Roundshield, que ya se tramita en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En su escrito, la compañía sitúa el origen del conflicto en el contrato de financiación suscrito en diciembre de 2020 entre su filial Urbas Financial Invest y RS Lender, entidad que, según la querella, es filial del fondo británico.

El préstamo, inicialmente fijado en 50 millones de euros y posteriormente ampliado hasta 80 millones, estaba garantizado con hipotecas sobre 153 activos inmobiliarios que, según la compañía, tenían un valor muy superior al importe financiado, estimado en unos 181,5 millones de euros.

Según la versión de Urbas, en diciembre de 2024 RS Lender dio por vencido anticipadamente el contrato y reclamó 145 millones de euros, notificando un día después la ejecución de las garantías y asignando a los activos un valor de cero euros, sobre la base de una supuesta valoración encargada a PwC cuyo contenido completo —según la compañía— no le fue facilitado.

Roundshield rompe su silencio

Como ya informó este medio, el fondo británico ha decidido responder públicamente por primera vez a la querella presentada por Urbas y ha solicitado su archivo, al considerar que "carece de fundamento". El fondo rechaza la acusación de estafa procesal y sostiene que la ofensiva judicial de la constructora "forma parte de una estrategia para condicionar la decisión de los juzgados mercantiles sobre su insolvencia y la reestructuración de su deuda".

Este escenario dibuja la antesala de una batalla judicial y financiera de gran envergadura, con más de 270 acreedores afectados, entre los que figuran entidades como Asefa, Triodos Bank, Sareb y firmas como McKinsey o Cuatrecasas.