La falta de consenso de Moncloa y Economía deja una silla libre en el consejo de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) atraviesa un momento de cambios y tensiones internas, en un contexto en el que su papel como regulador es más relevante que nunca. La dimisión de una consejera seis meses antes de que concluyera su mandato es un claro síntoma de esta situación, que también ha generado fricciones en el seno del Gobierno, entre Moncloa y el Ministerio de Economía.

El equipo de Carlos Cuerpo, del que depende en temas administrativos la CNMC, defendía cubrir la vacante de Pilar Sánchez con un perfil técnico similar, una persona próxima al Gobierno pero perteneciente al cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado (TCEE), uno de los cuerpos superiores de la Administración. Por su parte, según fuentes conocedoras, el entorno económico de Pedro Sánchez apostaba por un perfil más político, en un momento estratégico de final de legislatura.

Esta diferencia de criterios ha desembocado en una solución intermedia. Mantener vacante una de las diez sillas del pleno de la CNMC hasta el próximo 16 de junio, fecha en la que vencen los mandatos de otros dos consejeros y el de la presidencia del organismo. Será entonces cuando Economía deba pactar con Moncloa y con los grupos parlamentarios un relevo de mayor calado en este regulador clave para el funcionamiento de la economía española.

Ni la CNMC ni el Gobierno han valorado esta falta de consenso ante la consulta de este medio. El problema es que, pese a esta situación de interinidad, la CNMC deberá afrontar en los próximos meses decisiones de gran relevancia. La más inmediata es la definición de la retribución del sector gasista para el periodo 2027-2032, que debe quedar cerrada antes de octubre, en un momento especialmente delicado para el sector.

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A ello se suman otros expedientes pendientes, como la guía de compliance o los procesos de desregulación en el sector de las 'telecos'. Además, se prevén nuevos episodios de tensión en el ámbito eléctrico tras las controvertidas circulares de distribución y transporte, que ya provocaron una profunda división interna en el consejo.

Más independiente que nunca

Esa división ha dejado un pleno partido en dos. Por un lado, los consejeros alineados con la presidenta, Cani Fernández, y por otro, quienes han expresado su discrepancia a través de votos particulares. Una de esas voces críticas era la propia Pilar Sánchez y su salida, unida a la falta de acuerdo para cubrir su puesto, refuerza de facto al bloque presidencial.

Ese grupo disidente queda ahora reducido a los consejeros Pep Salas, María Jesús Martín y al vicepresidente, Ángel Castillejo. Aunque Sánchez alegó "motivos personales" para abandonar el consejo antes de tiempo, fuentes conocedoras descartan que la decisión responda a un nuevo destino profesional o a un cargo público de relevancia. La consejera, integrante del cuerpo de Estadísticos del Estado, regresará al Ministerio de Economía, que dejó en 2020 para incorporarse a la CNMC tras ejercer como asesora de Nadia Calviño.

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Una salida que, según algunas fuentes, refleja un deterioro del clima interno en el organismo. Otras, en cambio, sostienen que lo que sucede es justo lo contrario, que la CNMC es ahora más independiente que nunca, porque sus consejeros no votan de forma automática en línea con los partidos que los propusieron.

Como ejemplo citan a Enrique Monasterio, consejero vinculado al PNV, que en las circulares de distribución eléctrica se ha desmarcado de las posiciones de su partido. También a Rafael Iturriaga, considerado próximo al PSOE, que ha respaldado sin fisuras las iniciativas de Cani Fernández y no se ha alineado con el bloque crítico. Tampoco Pere Soler, consejero propuesto por Junts, ha seguido una línea estrictamente catalana y ha votado a favor de los planteamientos de la presidencia.

Un escenario de independencia y fragmentación interna que podría cambiar a partir del 16 de junio, cuando la renovación de tres consejeros y la presidencia abrirá la puerta a un giro estratégico en uno de los reguladores más influyentes del país.