La multa millonaria de la CNMC a Repsol desata una guerra dentro del sector de las gasolineras

La CNMC publicó poco antes de las nueve de la mañana la resolución en la que sancionaba a varias filiales de Repsol con 20,5 millones, una decisión que ha desatado una guerra con varios actores al frente cuyo resultado final se dirimirá en los tribunales.

Repsol calificó en un comunicado posterior la resolución de Competencia de “arbitraria”. La autoridad dirigida por Cani Fernández ve cómo la compañía encabezada por Josu Jon Imaz denuncia una redacción “parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho”. Además, los propios presuntos afectados por la política de descuentos a los clientes de Repsol —gasolineras low cost— anticipan a El Confidencial una demanda por acción de daños.

El resultado es un conflicto a varias bandas con la certeza de que el expediente sancionador acabará resuelto por la Audiencia Nacional en un recurso contencioso-administrativo y que las patronales que impulsaron la denuncia ante Competencia, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) y la Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos, demandarán en la jurisdicción mercantil el fondo de comercio que, supuestamente, Repsol se habría comido con su estrechamiento de márgenes.

Fuentes conocedoras del proceso apuntan que Repsol incurrió en un "estrechamiento de márgenes" en 2022 al aplicar descuentos minoristas que, sumados al alto precio mayorista, hacían inviables a sus competidores. "Cuando una empresa domina agua arriba el mercado mayorista y, al mismo tiempo, compite aguas abajo en el minorista con empresas que dependen de ella, debe actuar con especial cuidado para no ahogar sus márgenes", destacan.

Descuentos en plena crisis energética

El contexto es determinante. En marzo de 2022 acababa de estallar la guerra de Ucrania y el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez aprobó una bonificación de 20 céntimos por litro para gasolina y diésel. De esos 20 céntimos, 15 los cubría el Estado y los otros cinco corrían a cargo de las grandes petroleras. Repsol apostó por cubrir con otros cinco céntimos adicionales el litro de combustible a sus clientes, lo que valió los elogios de Teresa Ribera, por entonces vicepresidenta del Gobierno, que el 25 de marzo de 2022 agradeció “el movimiento de Repsol y esperamos movimientos de otras petroleras”.

Este movimiento derivó en una estrategia que la CNMC, en su expediente, tras una investigación iniciada a finales de 2022, calificó como una política comercial de “estrechamiento de márgenes” abusivo en perjuicio de estaciones de servicio independientes que compiten con las de la energética presidida por Antonio Brufau.

TE PUEDE INTERESAR

Las gasistas y petroleros europeos lanzan un ‘SOS’ a Bruselas por su asfixia regulatoria

Alberto Sanz

Según el regulador, la conducta consistió “en incrementar de forma generalizada aguas arriba el precio de venta mayorista de combustibles a las estaciones de servicio independientes” y, al mismo tiempo, “en aplicar aguas abajo en las gasolineras de la red de Repsol para los clientes profesionales que repostasen gasóleo (GOA) una campaña de descuentos adicionales al descuento de 5 céntimos por litro que la empresa podía establecer como alternativa a la prestación patrimonial de carácter público exigida por el Gobierno”.

De la investigación a la multa

El organismo dirigido por Cani Fernández culmina así, con una sanción millonaria, un procedimiento que se incoó en diciembre de 2023 tras inspecciones realizadas a varios operadores del sector. Las inspecciones también alcanzaron a otros grandes operadores integrados, como Moeve —antigua Cepsa— y BP, si bien el expediente sancionador terminó dirigiéndose exclusivamente contra Repsol.

Competencia considera que, durante el periodo sancionado, Repsol tenía una posición de dominio en el mercado mayorista de combustibles de automoción a estaciones de servicio a escala nacional, lo que le imponía una “especial responsabilidad” de no restringir la competencia.ventas de combustible

TE PUEDE INTERESAR

La Justicia cuestiona dos décadas de contratos de Repsol con los gestores de sus gasolineras

Alejandro Galisteo

La CNMC sostiene que esta estrategia permitió a la compañía “ganar volumen a sus competidores” y revertir la pérdida de ventas y cuota de mercado que sufría desde 2019. El resultado fue que determinadas estaciones independientes “redujeron drásticamente su volumen de ventas de combustible GOA a profesionales, mientras que Repsol incrementaba sus ventas y su cuota de mercado”.

Fuentes del supervisor explican la dificultad técnica del caso y subrayan que “es una infracción compleja, en la que debe analizarse que cada empresa verticalmente integrada tenga posición de dominio aguas arriba y se aproveche de ella para estrechar los márgenes que tienen sus competidores para competir con la propia Repsol aguas abajo”.

La resolución ha abierto un choque frontal entre el regulador y la mayor petrolera española, pero también entre los distintos modelos de negocio del sector.

El duro argumentario de Repsol

La petrolera ha articulado un argumentario de defensa especialmente duro. “No acredita ni posición de dominio, ni efecto de exclusión en el mercado”, señala la compañía. La empresa sostiene además que es “la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos”, que cifra en más de 450 millones de euros y que, asegura, fueron “comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración”.

En esta línea, advierte de que “sancionar una conducta legal y supervisada por la propia CNMC desnaturaliza el sentido de la norma, limitará los descuentos futuros de las compañías en numerosos sectores y desincentivará respuestas empresariales responsables ante crisis futuras”.

Más allá del choque jurídico, la decisión ha reavivado tensiones latentes en el sector energético. Fuentes del mercado consultadas interpretan la sanción en un contexto de elevada tensión entre el Ejecutivo y la mayor petrolera española y sostienen que la decisión “solo afecta a Repsol pese a que la denuncia inicial por abuso de posición de dominio colectiva se dirigía también contra Cepsa y BP”.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno deberá pagar a los butaneros por la entrega a domicilio de las bombonas

Alberto Sanz Alejandro Galisteo

Estas mismas fuentes consideran “llamativo” que el expediente no incorpore referencias al fraude en la distribución mayorista de carburantes —una problemática reconocida por distintas autoridades y que motivó el Real Decreto-ley 8/2023— y cuestionan que la CNMC haya acreditado el impacto real de la conducta sobre la competencia.

Las ‘low cost’ preparan la ofensiva judicial

Pero el frente judicial no se limitará al recurso de la petrolera. En el lado opuesto se sitúan las estaciones de servicio independientes, que ya preparan el siguiente movimiento judicial.

El despacho Ejaso, que representa a petroleras low cost, se plantea demandar en los tribunales de lo mercantil a la petrolera antes incluso de que la Audiencia Nacional decida sobre la validez de la sanción de Competencia.

Lourdes Ruiz, socia del bufete que inició con una denuncia este asunto en la CNMC sostiene que Competencia no sanciona a Repsol por hacer descuentos, “sanciona a la petrolera por continuar controlando el mercado, ahora, con un nuevo tipo de infracción que pretende excluir a los competidores”.

TE PUEDE INTERESAR

Repsol y Moeve mueven ficha en la conquista energética de su 'Groenlandia portuguesa'

Alberto Sanz

Según su argumentario, Repsol habría aprovechado su condición de operador verticalmente integrado, presente en refino, mayorista y minorista, “para incrementar su margen ‘aguas arriba’ y estrechar al tiempo su margen aguas abajo en forma de descuento, excluyendo del mercado a sus competidores”.

El despacho va más allá y afirma que, “aprovechando la difícil situación que se vivió en 2022”, la petrolera “fortaleció de manera extraordinaria el poder de sus medios de fidelización (Solred y Waylet), vaciando los fondos de comercio de sus competidores”, un daño que “podrá ser objeto de reclamación por los perjudicados frente a Repsol”