Cambio en Iryo: ya no indemnizará a los pasajeros por los retrasos en estas líneas

La operadora de alta velocidad Iryo ha decidido modificar su política de compensaciones por retraso en dos de sus corredores más transitados. Desde ahora, los pasajeros que viajen entre Madrid y Barcelona y Madrid y Valencia no tendrán derecho a indemnización cuando las demoras estén provocadas por las limitaciones temporales de velocidad impuestas por Adif.

La compañía ha comunicado este cambio a través de un aviso visible en su página web, con el objetivo —según explica— de que los viajeros conozcan la situación antes de comprar el billete. Iryo sostiene que estos retrasos no son atribuibles al operador, sino a decisiones del gestor de la infraestructura ferroviaria, adoptadas por motivos de seguridad.

Hasta la entrada en vigor de estas restricciones, la empresa aplicaba compensaciones del 50% del importe del billete cuando el retraso superaba los 60 minutos y del 100% si la demora alcanzaba o superaba los 90 minutos. Ese sistema queda ahora en suspenso para los billetes adquiridos tras la publicación del aviso informativo.

Las limitaciones de velocidad afectan a miles de viajeros diarios. Según estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cerca de 13.000 pasajeros al día utilizan estas conexiones entre la capital, Barcelona y Valencia. La medida, por tanto, tiene un impacto directo en uno de los ejes clave de la alta velocidad en España.

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Desde Iryo defienden que la normativa europea respalda su decisión. En concreto, el reglamento comunitario sobre los derechos de los viajeros ferroviarios contempla que no exista derecho a indemnización cuando el pasajero es informado del retraso antes de adquirir el billete, siempre que concurran circunstancias extraordinarias ajenas al operador. En este caso, la compañía equipara las restricciones de Adif a esas situaciones excepcionales.

No todos comparten esta interpretación. Asociaciones de consumidores como Facua consideran que las limitaciones de velocidad dictadas por Adif no eximen automáticamente a las compañías de su obligación de compensar, lo que vuelve a abrir el debate sobre quién debe asumir el coste de los retrasos cuando la causa se origina en la gestión de la infraestructura.