Hacienda plantea una reducción fiscal progresiva para las empresas que contraten por encima del SMI

El Ministerio de Hacienda ya tiene perfilado el incentivo fiscal con el que el Gobierno busca sumar a la CEOE al acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, que pretende situarse en 1.221 euros mensuales en catorce pagas, lo que supone un incremento del 3,1% respecto a 2025.

De acuerdo con la propuesta de Hacienda consultada por El Confidencial, el departamento que dirige María Jesús Montero plantea una rebaja fiscal progresiva en el Impuesto de Sociedades (IS) que podría llegar a cubrir hasta el 100% del aumento del salario mínimo. Este beneficio estaría dirigido a las empresas que amplíen su plantilla y contraten trabajadores con salarios por encima del SMI.

La medida se articularía mediante una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, aplicable a aquellas compañías cuya plantilla media total al cierre del ejercicio, con empleados que perciban sueldos superiores al SMI, haya aumentado en comparación con el inicio del periodo impositivo. La fórmula normativa sería una disposición adicional en la ley del citado impuesto de deducción de costes salariales vinculada a la mejora de las condiciones salariales y se aplicaría solo en 2026.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno ofrece a CEOE una rebaja fiscal en Sociedades para pactar la subida del SMI

Cristina Dolz

Para poder acogerse a esta reducción, las empresas con menos de 100 trabajadores deberán incrementar su plantilla en al menos un empleado a tiempo completo durante un año. En el caso de las compañías con 100 o más trabajadores, el requisito será sumar un mínimo de dos empleados o aumentar la plantilla al menos en un 1%.

La cuantía de la reducción será progresiva en función del crecimiento del empleo. Así, el beneficio fiscal será menor si el aumento de plantilla no alcanza el 5%, mientras que podrá llegar al 100% cuando el incremento sea igual o superior al 15%. Es decir, cuanto mayor es el esfuerzo en creación de empleo, mayor es la parte del coste salarial del SMI que se compensa fiscalmente. Además, las empresas deberán mantener estos niveles de empleo durante los dos años siguientes.

Por otra parte, la reducción será aplicable a los contribuyentes que tributen por el tipo general del IS cuyos gastos de personal superen el 70% de los gastos del resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio determinado y la base imponible después de la reducción "en ningún caso podrá resultar negativa". Si no se cumplen alguno de los requisitos, la empresa tendrá que abonar las cantidades indebidamente reducidas.

Una propuesta alternativa a la indexación

Esta propuesta llega después de que Hacienda rechazara modificar las normas de desindexación para que las contratas públicas repercutan los incrementos anuales del SMI durante la vigencia del contrato, una opción que habían reclamado tanto las patronales como los sindicatos y a la que estarían dispuestas ambas partes. En cambio, este incentivo fiscal genera muchas más dudas en los agentes sociales.

Antes de conocer los detalles de la propuesta, que han trascendido este miércoles, CEOE y Cepyme consideraron que los condicionantes para acceder a la reducción fiscal son de difícil cumplimiento y restan atractivo al mecanismo. Los sindicatos, por su parte, reconocen que no son favorables a agujerear el Impuesto de Sociedades, afectado ya por múltiples deducciones, pero están dispuestos a ceder si los empresarios se suman al acuerdo y si hay garantías de que la rebaja fiscal sirva para subir los salarios más allá del mínimo. Este jueves se volverá a reunir la mesa tripartita para debatir sobre las cuestiones técnicas.