Santa Bárbara acusa a Indra de espionaje industrial por sustraer documentos confidenciales

La guerra entre Santa Bárbara e Indra por la concesión desde el Gobierno de Pedro Sánchez de contratos a dedo por 7.500 millones de euros tiene un nuevo capítulo. La compañía española propiedad de la estadounidense General Dynamics ha denunciado a la compañía presidida por Ángel Escribano por obtener presuntamente documentos confidenciales que afectan a la fabricación de los carros de combate del Ejército de Tierra. Una documentación que habría sido transmitida por correo electrónico por un directivo de Indra que antes trabajó para Santa Bárbara.

Según han confirmado varias fuentes, la filial de General Dynamics ha enviado semanas atrás un burofax a Indra en el que le pide explicaciones por determinada información publicada en algunos medios digitales sobre los vehículos blindados de zapadores Castor y sobre el 8x8 Dragón, el tanque estrella del Ejército español. La información, en la que Santa Bárbara advierte de fallos atribuidos a SAPA Placencia, fue enviada supuestamente por un familiar de Ángel de Álvaro, el actual director jurídico de Indra, que hasta la primavera del pasado año trabajaba en General Dynamics.

Fuentes consultadas por El Confidencial han asegurado que, además de enviar un burofax a Indra, la filial del grupo estadounidense ha remitido otro a Ángel de Álvaro pidiéndole explicaciones por sustraer documentos confidenciales. Un caso de espionaje industrial, según subrayan estas fuentes, que se produjo porque un familiar del director jurídico de Indra mandó un correo electrónico con determinados archivos a una dirección de correo de Santa Bárbara, cuando en realidad quería dirigirla a la nueva cuenta del directivo en Indra.

De Álvaro fue uno de los fichajes estrella de Ángel Escribano al poco tiempo de ser designado presidente de Indra. Nombrado ‘deputy chief legal officer’, el directivo había trabajado desde 2019 como secretario general del consejo de General Dynamics European Land Systems, la división europea del gigante armamentístico americano. Doctor en Derecho, el ejecutivo representaba a Santa Bárbara en Tess Defense, el consorcio creado en 2020 para canalizar encargos del Gobierno de España para el suministro de los nuevos vehículos blindados 8x8 Dragón, así como de los nuevos Vehículos de Apoyo a Cadenas (VAC).

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Unos contratos de más de 3.000 millones de euros que han sufrido numerosos retrasos en las entregas, hasta el punto de que el Ministerio de Defensa ha multado a los cuatro accionistas de Tess Defense —Indra, SAPA, General Dynamics y Escribano Mechanical and Engineering (EM&E)— por incumplimiento de contrato. Una multa que ha provocado una guerra interna entre los inversores por echarse la culpa de la responsabilidad de los fallos en la fabricación.

Recursos en el Tribunal Supremo

El pasado mes de octubre, Margarita Robles, la ministra de Defensa, se reunió con Ángel Escribano para mostrarle públicamente su preocupación por el retraso del proyecto, adjudicado en 2020. Acompañada de la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, y del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat y Barea, Robles avisó de que se reservaba las medidas oportunas si no se aceleraban las entregas de los casi 350 vehículos.

Los dos burofaxes enviados por Santa Bárbara a Indra y a Ángel de Álvaro son un nuevo episodio en la guerra sin cuartel entre ambas compañías. La filial española de General Dynamics ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el que denuncia la concesión sin contrato público de cerca de 7.500 millones a la compañía participada por el Estado y a Escribano, que a su vez es accionista destacado de Indra. Santa Bárbara, asesorada por Uría Menéndez, denuncia que el diseño del plan impulsado por el Gobierno supone en la práctica la expulsión del grupo General Dynamics del mercado español de defensa.

Antes de esta batalla jurídica, al poco tiempo de llegar a la presidencia de Indra, Ángel Escribano intentó comprar Santa Bárbara. Un movimiento del que no había informado ni a su consejo de administración, y que provocó una queja de EEUU.

Fuentes oficiales de General Dynamics han declinado hacer comentarios sobre esta información. Fuentes oficiales de Indra también han rehusado dar su versión sobre esta noticia. Pero otras próximas al grupo indican que su objetivo es cumplir el mandato del Gobierno de crear un grupo industrial de defensa capaz de competir en Europa, sin entrar en ningún cruce de ataques corporativos.