Fiscalía pide la disolución de Moeve (Cepsa) como empresa por un presunto fraude de 7,7 millones

La Fiscalía solicita en un procedimiento penal que se tramita en Las Palmas de Gran Canaria la disolución como empresa de Cepsa (hoy Moeve), a la que acusa de haber defraudado 7,77 millones de euros en impuestos sobre derivados del petróleo, una actuación que niega la empresa, que ha recurrido la causa.

"Rechazamos la acusación y esperamos que la actuación de la Justicia confirme la correcta aplicación de la fiscalidad efectuada por Moeve", afirman a EFE fuentes de la compañía, que aseguran haber recurrido la causa y explican que se trataba de un producto llamado Diesel Oil que es de uso industrial y no vinculado con la actividad de estaciones de servicio.

El Ministerio Público hace esa petición en un escrito en el que insta la apertura de juicio oral contra la responsable del área de Impuestos Indirectos de Cepsa y tres funcionarios de la Agencia Tributaria Canaria, por unos hechos que supuestamente ocurrieron entre 2016 y 2021.

El fiscal asegura que en esos años la directiva de Cepsa se valió de una filial radicada en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, Petrocan, para liquidar con Hacienda las ventas mayoristas de gasóleo a clientes de Canarias con el tipo impositivo del fuelóleo.

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La acusación pública considera que se produjo una operativa "deliberada y sistemática" con el "claro ánimo de defraudar a la Hacienda Pública autonómica", al aplicar el tipo sujeto al fuelóleo (carburante para hornos y calderas) "en lugar del muy superior" aplicado al gasóleo (para vehículos).

Al respecto, explica que las ventas de fuelóleo están gravadas en Canarias con 0,56 euros por tonelada métrica, mientras que por cada mil litros de gasóleo se abonan 222 euros en impuestos.

La Fiscalía imputa por estos hechos a la directiva de Cepsa seis delitos contra la Hacienda Pública, por los que solicita que sea juzgada ante la Audiencia de Las Palmas y se le imponga una condena de 28 años de cárcel (cinco penas de cinco años y una de tres) y multas que suman 25,2 millones de euros.

Para el Ministerio Público, la compañía es responsable de esos mismos seis delitos, por los que demanda las siguientes sanciones: multas por importe total de 13,25 millones, pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 29 años y "disolución de la persona jurídica".

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Y ello porque considera que Cepsa "no articuló ningún plan de organización y control de prevención de delitos que impidiese la comisión de una dinámica defraudatoria a la Hacienda Pública canaria".

En cuanto a los tres funcionarios procesados en el mismo procedimiento penal, todos ellos cargos intermedios de la Agencia Tributaria Canaria, se les acusa de inacción con el presunto fraude cometido por Cepsa, a pesar de que lo conocían.

El fiscal detalla que una empresa de Fuerteventura denunció dos veces ante la Agencia Tributaria Canaria esas supuestas prácticas de Cepsa con Petrocan; primero en julio de 2019 y, con más amplitud, en octubre de 2020.

La acusación pública sostiene que, aunque era "su obligación legal" investigar esa denuncia, los tres funcionarios "deliberadamente" no tomaron ninguna medida al respecto

La acusación pública sostiene que, aunque era "su obligación legal" investigar esa denuncia, los tres funcionarios "deliberadamente" no tomaron ninguna medida al respecto, no al menos hasta que tuvieron constancia oficial de que la Fiscalía había abierto un expediente a instancias del mismo denunciante.

De ese modo, añade, "permitieron que transcurrieran así, al menos, más de 28 meses sin ninguna actividad material y sustancial de actuación, como prevención, fiscalización, gestión, o inspección, por parte de dicha Agencia Tributaria al respecto de los referidos hechos ilícitos denunciados".