¿Cuándo cobrarán las víctimas de Adamuz las indemnizaciones? Una odisea de pleitos y burocracia

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El trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, este domingo, abre ahora un proceso complejo para dictaminar las causas y las potenciales indemnizaciones. Es el primer accidente grave en alta velocidad, que por ahora ha dejado, al menos, 40 muertos y más de 100 heridos. El único precedente de esta magnitud es el accidente de tren en Santiago en 2013, con un proceso de más de una década de pleitos que finalizó en una indemnización de más de 25 millones de euros para las víctimas y sus familias.

En este caso, tanto el ministro Óscar Puente como el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, coinciden en que son “condiciones extrañas” para que se produjera el accidente, en una línea recta sobre unas vías que recientemente fueron renovadas, y un tren que acababa de pasar su última revisión.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha abierto el expediente correspondiente al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). En el expediente está detallado que los dos últimos coches del tren Iryo descarrilaron a las 19:45 horas en la entrada de la estación de Adamuz y que estos vagones invadieron la vía 2, lo que produjo la colisión con el tren Renfe Alvia, que circulaba en sentido contrario.

Al comprar un billete de tren o de autobús, se activa automáticamente el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV), que implica una indemnización de 72.121 euros por fallecimiento, y de entre 2.404 euros y 84.141 euros por daños corporales, según la gravedad. Estas indemnizaciones deberían ser automáticas, una vez que se establezca el culpable y, por lo tanto, la aseguradora que debe pagar. Lo esperable es que las aseguradoras de Iryo y Renfe abonen estas indemnizaciones y, después, si se demuestra que el culpable no es su asegurado, subroguen el siniestro para que acabe pagando la aseguradora de la empresa culpable (acción de repetición).

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Pero el grueso de las indemnizaciones se producen por responsabilidad civil. En el proceso del accidente de Santiago de 2013, en el que fallecieron 80 personas y hubo más de 140 heridos, durante más de dos décadas el proceso judicial dirimió la causa del accidente y las responsabilidades. En 2024 se fijaron las indemnizaciones definitivas, con una cuantía que superó los 25 millones de euros. El juicio había empezado en 2022.

El proceso no va a ser más sencillo ahora. Se espera que las víctimas presenten demandas por responsabilidad civil, donde tienen que justificar los daños personales, psicológicos, laborales, etc. Lo habitual es que haya una acción colectiva, pero también puede haber demandas individuales. También se espera que se abran una vía civil y otra penal de oficio. Las cuantías a los familiares de los fallecidos son más sencillas de calcular, pero en el caso de los heridos son procesos más complejos por las secuelas generadas.

A partir de ahí, hay dos procesos judiciales en paralelo. Uno para determinar las cuantías de las indemnizaciones, y otro para establecer las causas y el culpable, cuya aseguradora será la que indemnice a las víctimas. El ministro Félix Bolaños ha dicho que pondrá los recursos de Justicia a manos del Juzgado competente para agilizar los próximos pasos, pero estos suelen ser largos. “Esto queda en manos de los tribunales. Hay una investigación de una agencia independiente, y después se establece la responsabilidad, y se calcula para cada víctima. No es un proceso corto ni sencillo”, explican desde Unespa.

La investigación independiente señalará culpable y causas pero, generalmente, suele haber margen para que la empresa señalada recurra, aludiendo a causas alternativas que han influido en la tragedia. Por ello, los procesos suelen dilatarse. Solo si hay indicios claros en una dirección, el Juzgado puede obligar a un anticipo de gastos para las víctimas.

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Ó. G.

Si se determina que la causa es el estado de las vías, como se está especulando, la responsabilidad sería de Adif, y entrarían en juego sus seguros de viajeros, responsabilidad civil y D&O (para directivos y empleados), y el coste recaería en QBE. Mientras que si la culpabilidad recae en Renfe o Iryo, serían sus aseguradoras: Everest y QBE por Renfe o AIG por Iryo, quienes acaben pagando.

“Las aseguradoras, si ven claramente que su asegurado acabará siendo el culpable, podrían tratar de llegar a acuerdos económicos con los familiares de las víctimas mortales y con los heridos. Un acuerdo cerraría la vía civil de indemnizaciones, pero siempre quedaría la penal contra la empresa y directivos o empleados”, explican desde la correduría Sabseg.

“Aunque el SOV ofrece una cobertura base, la indemnización verdaderamente importante y de mayor cuantía proviene de la responsabilidad civil. Para activar esto, es necesario determinar si existe responsabilidad por parte de la operadora del tren o de la infraestructura. Si el accidente se debe a un fallo humano, un error técnico, falta de mantenimiento o causas desconocidas que no sean externas, se entiende que hay responsabilidad civil”, indican expertos del grupo de corredurías de seguros ERSM.

Los afectados o los familiares de los fallecidos pueden reclamar indemnizaciones, por lo tanto, por lesiones físicas y secuelas, pero también por la pérdida de equipaje y objetos de valor y, no menos importante, por daños morales o lucro cesante (dinero que se deja de ganar por no ir a trabajar o a realizar actividades previstas).

La interrupción de los horarios normales de tren, por otro lado, también dará lugar a indemnizaciones menores a los afectados por retrasos y cancelaciones.