El concurso del exjefe de los azulejeros españoles engancha más de 2,5 millones al sector público

El procedimiento concursal iniciado por Azteca Products & Services y sus filiales, grupo empresaria del expresidente de la patronal azulejera Ascer, Vicente Nomdedeu, ha dejado al descubierto riesgos financieros para las Administraciones Públicas y la banca privada. Además de los acreedores comerciales y proveedores internacionales, como la energética suiza MET Energía, que reclama casi 3 millones por incumplimiento de contrato, el concurso suma un volumen de más de 2,5 millones de euros vinculados directamente a entidades públicas que han quedado atrapadas por los impagos.

Según datos procedentes del informe provisional elaborado por la administración concursal, entre los organismos más expuestos están el Ministerio de Industria y Turismo, con alrededor de 1 millón de euros en financiación comprometida; la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana, con 900.000 euros procedentes de operaciones de crédito tramitadas a través autonómico del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), o el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), con otros 200.000 euros pendientes. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) se sitúa también en el listado de acreedores, con unos 400.000 euros de crédito contra la masa.

Desde el punto de vista financiero, las grandes entidades bancarias Banco Santander y BBVA figuran con exposición aproximada de 1 millón de euros cada una, sumando más presión sobre el pasivo total de Azteca. La situación concursal agrava la incertidumbre sobre la recuperación de estas deudas, tanto públicas como privadas. Cajamar, Deutsche Bank, Ibedrola, Spanish Direct Leasing Fund II, vinculado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) o Bankinter son igualmente acreedores.

La empresa, con sede en L’Alcora (Castellón), entró en situación judicial de preconcurso de acreedores en el otoño de 2024 tras fracasar varias rondas de negociación con los bancos para refinanciar el pasivo, que supera los 25 millones de euros.

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En julio de 2025, ante la incapacidad de acuerdo con sus acreedores, Azteca aplicó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a 128 trabajadores que afectó, de manera directa, a toda la plantilla y supuso la paralización de la producción fabril, una señal inequívoca del deterioro financiero de la firma. El ERTE, inicialmente previsto por tres meses y después prorrogado, se planteó como una medida para ganar tiempo y evitar despidos masivos mientras se trataba de reestructurar el pasivo o explorar alternativas de salida.

La interrupción de la actividad productiva hace más de medio año ha marcado la caída de una compañía que, durante años, fue representativa en ventas y exportación, aunque arrastraba problemas de liquidez y rendimientos insuficientes para sostener su deuda, especialmente en un contexto de subida de costes energéticos que tensionó a todo el sector cerámico a partir de la invasión rusa de Ucrania.

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Ante la falta de acuerdo en la reestructuración, el Juzgado Mercantil número 1 de Castellón decretó formalmente el concurso voluntario en octubre de 2025, apartando a Nomdedeu de la administración directa de Azteca y nombrando un administrador concursal encargado de gestionar la fase común del procedimiento. El empresario tuvo que echarse también a un lado como presidente de Ascer y dejar paso a una nueva cara al frente de la patronal española del sector azulejero.

El administrador ahora debe decidir, entre otras cuestiones, la continuidad del ERTE o su transformación en un expediente de extinción (ERE), que implicaría despidos definitivos. Por ahora, la administración concursal no ha tramitado un expediente de extinción. La negociación podría iniciarse esta semana o la siguiente, según señalan fuentes sindicales. El Fondo de Garantía Salaria (Fogasa) figura también en el listado de acreedores.

Este escenario no solo pone en cuestión el futuro de la empresa y de parte de su plantilla, sino que también reabre el debate sobre la eficacia de las ayudas públicas diseñadas para sostener industrias intensivas en energía. Azteca había recibido líneas de crédito públicas y subvenciones en ejercicios anteriores —incluidas ayudas ligadas a compensar el impacto de los altos precios del gas natural— que hoy quedan en el aire ante la inviabilidad de la compañía.